Los usuarios de los trenes de Media Distancia que circulan por Aragón pueden respirar tranquilos de momento. Tanto el Gobierno de Aragón como Renfe confían en que en breve quede ratificado el acuerdo por el que la compañía ferroviaria seguirá prestando con normalidad los servicios de las líneas regionales deficitarias. En realidad, se trata de un parche que alarga la situación de interinidad que se arrastra desde diciembre de 2015, cuando el actual Ejecutivo aragonés y la empresa pública se dieron un año de plazo para negociar los nuevos términos del contrato.
El culebrón ferroviario en Aragón viene de lejos, pero su capítulo más reciente se empezó a escribir en 2014. Fue entonces cuando el Ejecutivo presidido por la popular Luisa Fernanda Rudi contrató con Renfe la prestación de frecuencias adicionales a las que quedaron fijadas en julio de 2013 en la Obligación de Servicio Público (OSP) que financia el Estado. El vencimiento de este contrato llegó en diciembre de 2015, ya con la coalición PSOE-CHA al frente del Gobierno de Aragón, que decidió no renovarlo.
La decisión vino motivada porque “no estamos de acuerdo con el planteamiento de la OSP y entendíamos que era necesario plantear una revisión global de la calidad del servicio”, explica José Luis Soro, Consejero de Vertebración del Territorio. Con este objetivo, se alcanzó un compromiso con Renfe para que durante 2016 los trenes circularan en las mismas condiciones, mientras se negociaba con el Gobierno de España. “El problema es que durante este año el ejecutivo central ha estado en funciones”, apunta Soro, que a esto añade el reciente cambio de presidencia en Renfe.
Así que, un año después, se ha llegado a diciembre con la posibilidad de que hubiera una suspensión de servicios de Media Distancia como Zaragoza-Caspe o Zaragoza-Lérida, por citar solo dos de las trece OSP reconocidas por el Ministerio de Fomento en Aragón. Que la web de Renfe dejara de vender billetes para estas líneas hace un par de semanas pareció un aviso, pero pronto se subsanó. Incluso la falta de interventores en los convoyes (y por tanto, la imposibilidad de pagar a bordo para usuarios que se suben en estaciones sin taquilla), una circunstancia repetida en las últimas semanas, no es sino para Renfe un hecho “puntual”.
Según todas las fuentes consultadas, con el cambio de año no habrá problemas y los pasajeros no sufrirán alteraciones. En los próximos días debe firmarse una renovación del acuerdo con Renfe, por el que se abrirá un nuevo plazo de 12 meses para que Aragón negocie con el Estado.
4,3 millones al año para mantener las líneas deficitarias
Hasta que suspendió el convenio con Renfe, el Gobierno de Aragón llevaba pagados 10 millones de euros para mantener las líneas regionales. A pesar de la situación provisional de este año, durante el que no se ha decidido a quién le corresponde pagar la factura, si a Aragón o al Ministerio de Fomento, Renfe no se quedará sin cobrar. Se ha fiajdo con la compañía un periodo de carencia hasta el 31 de julio de 2017; si llegada esa fecha no hay acuerdo, será el ejecutivo aragonés el que comience a abonar el importe adeudado.
Entre los asuntos sobre la mesa de negociación con el Ministerio de Fomento está quién paga, pero también la calidad del servicio, que en la actualidad deja que mucho que desear. “Si Renfe no pone buen material rodante y las vías no son las que corresponden con el siglo XXI, no se pueden plantear mejoras que hagan que se incremente la demanda”, asegura Soro. En todo caso, el consejero ve un buen indicio en el anuncio de inversiones en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto realizado por Íñigo de la Serna, Ministro de Fomento, en su visita este pasado jueves a Zaragoza.
CGT reivindica un plan integral
Para el sindicato ferroviario de CGT, lo ideal sería que en los acuerdos entre Renfe y el Gobierno de Aragón hubiera una tercera parte: el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). “Sería la manera de que existiera un compromiso de que parte del dinero que pone el Gobierno de Aragón se empleara en el mantenimiento de las vías y las estaciones”, opina Miguel Martínez Laguna, coordinador del sindicato. “No hablamos de grandes inversiones, sino de que, por ejemplo, en Caspe se cuente con un servicio de venta de billetes”. Y es que, según recuerda el sindicalista, subirse al tren sin título de transporte, aunque para algunos pueda parecer una ventaja, supone viajar sin seguro en caso de accidente.
Para Martinez, otro gran problema a solventar es que “los horarios y frecuencias no responden a las necesidades de la población”, lo que hace al tren poco competitivo frente a las alternativas por carretera. Por eso, su sindicato exige un Plan Integral de Transporte para Aragón. El Gobierno autonómico asegura estar trabajando en ello.