Conectados en la cárcel de Asturias: los funcionarios neutralizan al año más de un centenar de móviles en cacheos a internos

Ni los detectores de metales, ni las concertinas que rodean los muros del centro penitenciario de Asturias son capaces de disuadir a los internos que regresan de permisos o a familiares que aprovechan los vis a vis para introducir camuflados todo tipo de objetos dirigidos a la población reclusa. Los cacheos personales que realizan los funcionarios son en la mayoría de las ocasiones el método más eficaz para neutralizar especialmente la entrada de teléfonos móviles, con un tamaño cada vez más reducido, que les permite no solo comunicar con el exterior, sino que, en algunas ocasiones, facilitan que continúen con la actividad delictiva 'intramuros'.

Jorge Álvarez, delegado del sindicato Acaip-UGT en Asturias, recurre a las cifras para constatar que, a pesar de los rigurosos controles que se realizan a diario, la prisión asturiana no es inexpugnable. Así, entre los años 2020 y 2024, se han incautado un total de 470 terminales en el centro penitenciario asturiano, de los que 120 se requisaron el año pasado.

En los centros dependientes de la Secretaría General de instituciones Penitenciarias el número de teléfonos móviles aprehendidos ascendió a 12.882 en los últimos cuatro años, de los que 2.884 dispositivos se decomisaron en 2024.

La mayoría suelen ser móviles cada vez más pequeños que, al ser de plástico, no son interceptados por los detectores de metales, por lo que la mayoría de ellos son localizados por los funcionarios en los cacheos a la población reclusa.

Quebrantar prohibiciones de comunicación

Aunque es imposible determinar qué tipo de usos y operaciones realizan los reclusos con los teléfonos que logran camuflar en las celdas, Jorge Álvarez opina que se utilizarán para todo lo imaginable: “No podemos saber exactamente si usan los móviles para el negocio del narcotráfico o si es para hablar con familiares, pero lo que más nos preocupa es que puedan utilizarlos para quebrantar las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género”, señala.

El dirigente sindical reconoce que en la cárcel de Asturias hay mucha población reclusa cumpliendo penas que conllevan órdenes de prohibición de comunicación con la víctima que, de esta forma, podrían verse quebrantadas si su fin último es contactar con la víctima.

Evitar los conflictos

A su juicio, una forma de atajar este problema sería a través de la instalación de inhibidores de frecuencia de alta tecnología porque, según explica, los teléfonos móviles se han convertido en uno de los objetos más codiciados en prisión, generando un mercado negro con graves consecuencias para mantener el orden interno. 

Su sindicato resalta la implicación y el compromiso de los funcionarios que, a pesar de la limitación de medios de que disponen para contrarrestar el ingenio de la población reclusa y la creciente sofisticación de los métodos de introducción, continúan trabajando intensamente para evitar situaciones conflictivas.

Los destinatarios

“Muchos de estos dispositivos son utilizados por internos especialmente peligrosos, como condenados por delitos de terrorismo, violencia de género o pertenecientes a bandas organizadas, cuyas comunicaciones están restringidas por motivos legales o de seguridad”, asegura el delegado sindical. 

El acceso a estos teléfonos no solo les permite continuar con su actividad delictiva, sino que también puede generar conflictos internos, generar deudas entre presos y provocar episodios de violencia relacionados con su control y tenencia.

“Los terminales son cada vez más pequeños y están fabricados con componentes plásticos, por lo que no son localizados por los detectores de metales. Esta circunstancia obliga a realizar requisas exhaustivas que requieren formación especializada y suficiente personal, algo que hoy en día no se garantiza en todos los centros penitenciarios”, expone.

La amenaza de los drones

Aunque en Asturias aún no se han detectado casos, en otras prisiones españolas se está recurriendo a la utilización de drones para introducir los dispositivos en los recintos penitenciarios.

“Ese es un riesgo que se ha empezado a detectar en España porque la capacidad de los drones de sobrevolar instalaciones y depositar objetos con precisión convierte a estos dispositivos en vectores de riesgo casi indetectables, capaces de burlar las defensas actuales de los centros”, alerta el delegado.

Los inhibidores instalados hace años, basados en redes 3G, han quedado obsoletos, según Acaip-UGT, ante el avance de las telecomunicaciones.

Sistemas de inhibición más actualizados

Para el sindicato es imprescindible dotar a los centros penitenciarios de sistemas de inhibición actualizados que impidan el uso de teléfonos móviles en su interior y eviten que los drones sobrevuelen zonas restringidas.

“La seguridad en prisión es imprescindible para la aplicación efectiva de los programas de reinserción. La introducción y uso de objetos prohibidos como los teléfonos móviles desestabiliza gravemente la convivencia, fomenta la violencia y socava los objetivos del sistema penitenciario”, manifiesta Jorge Álvarez.

Reclama una respuesta “firme, moderna y eficaz” para hacer frente a esta amenaza constante porque reitera que la seguridad de las prisiones no puede depender únicamente del esfuerzo y la vocación de los trabajadores penitenciarios.

“Requiere compromiso institucional, inversión tecnológica y planificación estratégica”, ratifica.

Escondidos en cualquier sitio

Los escondites donde ocultan los móviles para lograr introducirlos en la cárcel son diversos: desde botes de refrescos a suela de zapatos o productos higiénicos.

En otras ocasiones llegan hasta las prisiones a través de pelotas de tenis que se arrojan desde el exterior y lo mismo sirve para guardar móviles que para ocultar droga. Es lo que ocurrió en la cárcel Tenerife II donde una persona fue detenida por estos hechos el 9 de noviembre de 2020.

El precio se multiplica por diez

El valor del móvil dentro del centro penitenciario se multiplica por diez. Lo que es más complicado de esconder es el terminal. Los internos que se quieren comunicar con estos aparatos tienen su propia tarjeta SIM, que colocan en el móvil, que pueden alquilar por horas o comprar entre varios internos.

En Asturias aún no se ha detectado la entrada de drones, como como ocurrió el pasado mes de febrero en la cárcel de Alcolea en Córdoba, donde los funcionarios frustraron la introducción de objetos prohibidos por este método durante una ronda de madrugada.

El dron sobrevolaba el módulo 10 con la intención de entregar 36 bellotas de hachís y cuatro teléfonos móviles con sus correspondientes cargadores. En esa ocasión, el sindicato CSIF denunció la falta de medios tecnológicos adecuados para detectar y neutralizar este tipo de amenazas aéreas que vulneran la seguridad del centro penitenciario.

Otras fórmulas

Chema López, responsable sindical de CCOO en la prisión asturiana, comparte con Jorge Álvarez la opinión de que la mayoría de los móviles que se interceptan en la cárcel entran a través de familiares en los vis a vis o bien los propios presos cuando regresan de permisos vienen con los objetos prohibidos. 

Sin embargo, no tiene tan claro que se pudiera recurrir a inhibidores de alta tecnología: “actualmente en todas las prisiones hay inhibidores. Este es un tema muy delicado que habría que estudiar bien porque lo que sucede es que no solo cubriría el área de la prisión, también afectaría a los alrededores del recinto y si hay zonas residenciales se quedarían sin cobertura”.

CCOO es más partidaria de colocar redes con un calado amplio que irían entre los patios de los módulos, de tejado a tejado, para impedir la entrada de cualquier objeto.

Chema López resalta especialmente la labor de los funcionarios en la incautación de todo tipo de objetos que entran ilegalmente en las cárceles. Asegura que los drones son un peligro, no solo como vía de entrada de los móviles sino también de armas o drogas.

El coste de las llamadas

En un artículo publicado en elDiario.es el 4 de enero de 2022 se cifraba en torno a los 2,45 euros una llamada de ocho minutos realizada desde el interior de la cárcel. Es el precio de las comunicaciones a móviles en horario normal de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. El precio se reducía a 1,70 euros, durante ocho minutos, si se realizaba la llamada a un teléfono móvil en horario reducido, de lunes a viernes de 0 a 8 horas y de 20 a 24 horas y sábado, domingos y festivos durante todo el día. 

Las llamadas a fijos sí son más baratas: 0,28 euros por ocho minutos en la misma provincia y 1,13 si es al resto del territorio nacional. Desde la pandemia, los presos pueden hacer 15 llamadas a la semana —antes eran diez— y cada una de ellas puede durar ocho minutos como máximo. Por tanto, si un recluso usa el máximo de comunicaciones telefónicas que se le permiten podría llegar a gastar semanalmente hasta 36,75 euros. Mensualmente, la cantidad rondaría los 150 euros.