La Fiscalía ha solicitado este jueves penas que suman 21 años de prisión para un vecino del concejo asturiano de Valdés acusado de un delito continuado de agresiones sexuales contra dos de sus hijas, una de ellas menor de edad. El juicio se ha celebrado ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y ha quedado visto para sentencia.
Los hechos ocurrieron en 2019 cuando el acusado, de 56 años, y padre de cuatro hijas y un hijo, comenzó a abusar sexualmente de una de las niñas, de 16 años. La Fiscalía sostiene que los abusos se produjeron al menos en tres ocasiones.
Según el relato fiscal, a partir del mes de “marzo o abril”, el procesado, aprovechando que su esposa y madre de sus hijos trabajaba fuera del domicilio familiar por las noches, comenzó a agredir sexualmente a otra de sus hijas, de 18 años, en ocasiones hasta cinco veces por semana.
Sus hijas no dijeron nada hasta un año después, en mayo de 2020, cuando ambas contaron a su madre lo sucedido y presentaron denuncia.
La guarda y custodia para la madre
El 21 de mayo de 2020, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valdés dictó un auto por el que se impuso al procesado la medida cautelar de prohibición de aproximación a menos de 200 metros a sus dos hijas víctimas de estos hechos, así como la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio durante la tramitación del procedimiento.
Además, le impuso otras medidas civiles consistentes en la atribución de la guarda y custodia de la que era menor de edad a su madre, la suspensión del régimen de visitas del procesado con sus hijos menores, la imposición al mismo de una pensión alimenticia y la atribución a su esposa e hijos menores del derecho al uso del domicilio familiar.
La Fiscalía imputa al acusado sendos delitos continuados de abuso sexual y de agresión sexual por los que pide penas que suman 21 años de cárcel. A la pena de prisión suma además sendas prohibiciones de aproximación a sus dos hijas a menos de 200 metros, así como la prohibición de comunicarse con ellas por cualquier medio.
La prohibición de acercarse y comunicarse con ellas
En el caso de la menor de edad, la Fiscalía pide que el padre no pueda acercarse ni comunicarse con ella, durante ocho años y la aplicación de una medida de libertad vigilada durante 10 años, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad.
En el caso de la hija de 18 años, la Fiscalía eleva las peticiones de prohibición de acercamiento y de comunicación durante 18 años y que en su caso también tenga en vigor una medida de libertad vigilada durante 10 años.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a sus hijas con 6.000 y 12.000 euros, respectivamente, por el daño moral causado y las secuelas, más los intereses legales correspondientes.