Piden la retirada de un monumento franquista ubicado en el colegio jesuita de Gijón usado para exaltar el fascismo

La Federación Asturiana Memoria y República (Famyr) ha denunciado que el monumento que se encuentra instalado en el colegio de La Inmaculada, conocido popularmente como “el de los jesuitas”, en el espacio que antiguamente ocupaba el Cuartel de Simancas, incumple la Ley de Memoria Democrática autonómica y estatal.

Su presidente, Rafael Velasco, considera que este símbolo de exaltación franquista dedicado a “los caídos por dios y por España” en homenaje a los golpistas de 1936 contra la República debe ser retirado de inmediato.

Así se lo ha transmitido al Ayuntamiento de Gijón y a la Dirección General de Memoria Democrática de Asturias a través de sendos escritos en los que pide además que se proceda a ejercitar las facultades sancionadoras de las que sean titulares frente a quien “incumpla o se oponga” a su retirada.

Los principios democráticos

Rafael Velasco ha explicado a elDiario.es Asturias que desde la Federación se ve “con profunda preocupación” que este monumento aún perdure en Gijón pese a incumplir el artículo 48 de la Ley 1/2019 de 1 de marzo para la recuperación de la memoria democrática en Asturias.

Este artículo recoge expresamente lo siguiente: “La exhibición pública de escudos, insignias, placas y demás objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación, legitimación, justificación, enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, o en general de cualquier organización contraria a los principios democráticos, será considerada contraria a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas”.

En el escrito remitido a la Dirección General de Memoria Democrática de Asturias hace hincapié en que las entidades locales deben adoptar las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática, sin perjuicio de las actuaciones que “las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad”.

No obstante, recuerda que hay dos situaciones diferenciadas: cuando este tipo de elementos contrarios a la memoria democrática están colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público o en el caso de que estén instalados en edificios de carácter público.

En el primer caso, las personas o comunidades propietarias son los encargados de retirarlos o eliminarlos, mientras que si estos elementos están instalados en edificios de carácter público, la ley contempla que sean las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos quienes se responsabilicen de su retirada o eliminación.

El plus de daño a las víctimas

Para el presidente de Famyr, el hecho de que este monumento no se haya retirado aún no solo es un incumplimiento de la ley vigente, sino que además añade un plus de daño a las víctimas y sus familias.

“La permanencia de este símbolo en Gijón no solo es un incumplimiento de estas normativas, sino que también supone una insensibilidad y falta de respeto hacia todas aquellas personas y familias que sufrieron la represión y la violencia durante el régimen franquista”, sostiene.

En términos similares, Rafael Velasco se ha dirigido a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, a la que insta igualmente a que adopte las medidas necesarias para asegurar “el cumplimiento riguroso” de la normativa.

Actos de exaltación franquista

Opina que mientras perdure este monumento no es de extrañar que se sigan produciendo actos de exaltación ante este símbolo franquista, como ocurrió el pasado 28 de junio, cuando un grupo de personas se concentró para cantar el “Cara el Sol”, brazo en alto; unos hechos que sigue investigando la Jefatura Superior de Policía de Asturias.

“Mantener un símbolo franquista en un espacio público es contrario a los principios de la ética democrática que se basan en el respeto a los derechos humanos, la justicia y la memoria de las víctimas de regímenes opresores”, señala.

Rafael Velasco asegura que, además, perpetúa el dolor y la división en la sociedad. Y entiende que solo si se adoptan medidas que aseguren el cumplimiento riguroso de la legislación de Memoria Democrática se podrá avanzar hacia una sociedad “más justa, reconciliada y verdaderamente democrática”.

Las multas y pérdida de subvenciones

Su petición no se limita a la retirada del monumento, aunque es una de sus prioridades. También pide que se aplique el artículo 57.3 c de la ley y se proceda a sancionar a los responsables del colegio La Inmaculada.

Sostiene que al mantener la simbología franquista en su fachada con proyección a la vía pública estarían incurriendo en una infracción leve de las disposiciones de la normativa vigente en la ley autonómica, lo que supondría una sanción de multa que se movería en una horquilla entre 100 y 200 euros, así como la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas.

En el caso de la ley estatal, el incumplimiento de la normativa al no retirar el monumento acarrearía la comisión de una infracción que se califica como grave y que acarrearía una sanción de multa entre 2.001 a 10.000 euros e incluso la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones de las administraciones públicas en materia de memoria democrática durante un plazo de hasta tres años.