¡Buenos días!
Empezamos el nuevo curso con una controversia moral para el Gobierno en funciones. La entrada en el accionariado de Telefónica por parte de la compañía STC de Arabia Saudí se va a convertir en una prueba de fuego para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La operación, por valor de 2.100 millones, se tiene que llevar a cabo en dos partes. Por un lado, STC ya se ha hecho con el 4,9% del capital de la operadora española pero necesita el permiso gubernamental para alcanzar el 9,9%. Este obstáculo se debe a que España exige este permiso para la compra de más del 5% de compañías españolas con intereses en Defensa por parte de empresas extranjeras, como es el caso de Telefónica.
Ya no es solo que el Gobierno permita que una compañía extranjera controle una de las empresas más importantes de España. Estamos hablando de que se trata del control por parte del fondo soberano de Arabia Saudí, es decir, del régimen dictatorial de un petroestado que se caracteriza por vulnerar constantemente los derechos humanos.
STC tiene como máximo accionista a Public Investment Fund, el fondo soberano saudí cuyo presidente es el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán. La misma persona a la que los EE UU responsabilizan del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Un punto mas en la larga lista de violaciones de derechos humanos básicos en el país como denuncia Amnistía Internacional.
El Gobierno salió este miércoles en tromba a asegurar que “protegerá los intereses estratégicos” de España ante la operación económica, aunque algún ministro como Félix Bolaños patinó al destacar que “la inversión es una apuesta por España, de confianza en nuestras empresas y en una de las principales compañías como es Telefónica”.
No es cuestión de intereses estratégicos o de apuestas por España, sino de Derechos Humanos. De cerrar la puerta a hacer negocios con países que no cumplen con unos mínimos requisitos democráticos. No va a ser fácil, las buenas relaciones entre las casas reales de ambos países van a pesar. El dinero siempre ha facilitado la connivencia con los saudíes, los contratos de venta de fragatas se justificaron por los puestos de trabajo, pero en esta ocasión es una operación financiera, no hay empleos en juego, es el momento para decir basta.
Entre otras cosas porque estamos en un momento en que los países del Golfo utilizan la riqueza generada por la subida de los precios del petróleo para hacer inversiones en todos los sectores ante la perspectiva de que el crudo deje de ser su principal fuente de ingresos con el avance necesario de la transición ecológica.
De hecho, Arabia Saudí, Catar o Emiratos Árabes Unidos llevan años invirtiendo y comprando compañías españolas en sectores estratégicos como la energía, el inmobiliario, el turismo o las telecomunicaciones. En este reportaje te lo explicamos.
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene que mandar un claro mensaje: no se va a permitir que un petroestado dictatorial que vulnera los derechos humanos compre una empresa española.
Mientras la situación económica de España se sigue deteriorando lentamente por el impacto de la subida de los tipos de interés. El gasto de las familias en bienes duraderos (que abarcan electrodomésticos, muebles, tecnología o vehículos) se redujo en el segundo trimestre de 2023 por primera vez desde el arranque de 2021. Es una primera señal de que la política monetaria restrictiva ya está afectando negativamente a la economía.
En este sentido, la actividad económica en el sector servicios se contrajo en agosto por primera vez desde octubre de 2022. El indicador adelantado PMI avisa de una “desaceleración” de la demanda en pleno 'boom' del turismo y proyecta una ligera caída del PIB del 0,1% en el conjunto del tercer trimestre, en línea con el estancamiento en el que ya se encuentra Alemania y el conjunto de la eurozona.
A pesar de los datos negativos de consumo y actividad, el empleo no respondió tan negativamente en agosto. A pesar de que es un mes pésimo laboralmente el paro aumentó solo en 24.800 personas, bastante por debajo de los registros habituales en este mes, y se destruyeron 185.000 empleos. Sin embargo, el volumen de personas trabajadoras de alta en la Seguridad Social se quedó en 20,7 millones, el dato más elevado para un mes de agosto hasta la fecha. Más información sobre el mercado laboral en este enlace.
2.011 millones de euros
Es lo que han invertido las grandes fortunas en criptomonedas en 2021. Es la primera vez que los más ricos del país tiene que detallar a la Agencia Tributaria sus inversiones en uno de los productos más especulativos y polémicos que existen. Se trata de 1.521 inversores, aunque solo 20 de estas grandes fortunas declaran tener prácticamente el 60% de ese patrimonio en criptomonedas: 1.200 millones de euros. Con el colapso de las monedas virtuales en 2022 es dudoso que en el próximo informe del Impuesto de Patrimonio aparezcan tantos inversores en criptoactivos. En esta información tienes muchos más datos.
Por cierto, siguiendo con el Impuestos de Patrimonio, un par de datos más. Por un lado, los contribuyentes que declaran un patrimonio de más de 30 millones se duplican en una década: el número de 'ricos' con esta fortuna ha pasado de 443 en 2012 hasta 831 en 2021. Por otro lado, la Comunidad de Madrid 'perdonó' más de 1.200 millones de euros a los ciudadanos más ricos por la bonificación en el Impuesto de Patrimonio en 2021. Otro regalo de Isabel Díaz Ayuso a los que más tienen.
Terminó la vida empresarial de Carmen Martínez Bordiú, la nieta mayor del dictador Francisco Franco. No podemos decir vida laboral porque la conocida como 'nietísima' declaró en 2017 a la revista Diez Minutos: “He vivido toda mi vida sin trabajar”. Carmen Martínez Bordiú fue nombrada consejera de Fiolasa junto a sus hermanos a principios de 2018. Semanas después de ese nombramiento, Martínez-Bordiú fue condenada por la Audiencia Nacional a pagar más de medio millón de euros por evadir impuestos en el IRPF. También fue consejera de Sargo Consulting, otra empresa familiar absorbida por Fiolasa. Ahora solo le queda el cargo de administradora única de Onarf SL, una empresa de relaciones públicas sin actividad aparente desde 2015 y a la que el Ayuntamiento de Madrid ha comunicado una providencia de apremio y diligencia de acumulación de deuda tributaria. Toda una empresaria que cuelga las botas con 72 años. En este enlace hay más información y datos de los negocios de los Franco.
Ahora un tema más serio por el que hay que preocuparse y buscar soluciones. Primero, unas cifras que asustan:
El síndrome del trabajador quemado, ansiedad o la depresión están provocando cada vez más la quiebra emocional de personas que no pueden acudir a trabajar. La eclosión de los trastornos mentales se analiza como un deterioro cada vez mayor de la salud de los trabajadores tras la pandemia, sobre todo de los más jóvenes, según CCOO. Estas personas acuden a la consulta sobrepasadas por los horarios, las exigencias de los jefes y la carga de trabajo. Un tercio de los cuadros de depresión en la población activa se deben a la precariedad. La pésima situación de la atención primaria lleva a empeorar el problema. Medidas como la reducción de cargas de trabajo, más personal o mejor organización que reduzcan la presión sobre la plantilla son necesarias. Y sobre todo, no avergonzarse y pedir ayuda. Mucha más información en este amplio reportaje.
En este primer boletín del curso en 'Bien público', la sección donde aparecen los reportajes de investigación y las informaciones más elaboradas, os traemos una exclusiva un tanto rocambolesca. El Tribunal de Cuentas está investigando a Puertos del Estado por el posible sobresueldo irregular a una ex directiva de la entidad pública. El órgano fiscalizador ha abierto diligencias a José Llorca, presidente de Puertos durante el último Ejecutivo del PP, y a sus dos sucesores en el cargo ya con Pedro Sánchez en Moncloa, Ornella Chacón y Salvador de la Encina. La investigación tiene como objetivo las posibles irregularidades en la retribución que recibió a partir de 2017 Eva Miquel, ex responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de Puertos del Estado entre 2012 y 2018. Miquel es la esposa de Julio Gómez-Pomar, quien fue secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda entre 2014 y 2018, además de presidente de Enaire y de Renfe con el PP. El Tribunal no pone en cuestión el fichaje de Miquel, sino un aumento de su sueldo aprobado en 2017. Así es, se investiga a los presidentes de Puertos de un Gobierno del PSOE por un sobresueldo aprobado por un presidente de Puertos nombrado por el PP. Aquí puedes leer la exclusiva de Cristina G. Bolinches.
En esta sección recogemos algunos artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:
Pues esto ha sido todo para el primer boletín del curso que empieza. Te recuerdo que este próximo fin de semana se celebra el Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es en A Coruña, con conciertos, debates y entrevistas donde participarán Roberto Saviano, James Rhodes, Lucía Freitas, León Benavente, Asaari Bibang o Luis Tosar, entre otros. Espero que te puedas pasar. Por lo demás, si tienes alguna idea o propuesta nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.
¡Buena semana!
Sobre este blog
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