Internados 29 malienses en el CIE de Gran Canaria mientras se tramita su expulsión pese a proceder de un país en guerra

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Gran Canaria interna ya a 42 inmigrantes desde el viernes. Se trata de hombres que llegaron en patera el miércoles a Gran Canaria y que permanecieron bajo carpas de Cruz Roja en el muelle de Arguineguín durante dos días hasta que se ordenara su ingreso en Barranco Seco. De ellos, 29 son nacionales de Malí, 10 de Senegal, dos de Gambia y uno de Mauritania. El juez de control del CIE, Arcadio Díaz Tejera, visitará este miércoles el patio del inmueble para hablar con los internos en compañía de intérpretes de wolof, bámbara y pulaar. Entre otras cuestiones, el magistrado informará a los malienses de su derecho a solicitar asilo en España, al huir de un país en guerra. “Entiendo que sus abogados no les han asesorado bien”, afirma a Canarias Ahora.

En caso de que los migrantes que ahora están en Barranco Seco decidan solicitar protección internacional, tendrán que ser puestos en libertad, ya que la legislación internacional no permite el encierro de posibles refugiados. Los CIE son un punto de paso para las personas que serán expulsadas, y se trata de un espacio en el que las personas pueden pasar un máximo de 60 días mientras se tramita su deportación.

El pasado viernes, una jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife denegó la petición de la Subdelegación del Gobierno de internar a 31 nacionales de Malí en el CIE de Hoya Fría. De esta forma, se aplicó por primera vez en España la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dota de competencias a estos Juzgados para informar a los migrantes que cumplan con el perfil de solicitante de asilo de su derecho a pedir protección internacional en el territorio. La Justicia internacional se posicionó de esta forma tras una cuestión prejudicial planteada por la magistrada Pilar Barrado, que entonces formaba parte del Partido Judicial de San Bartolomé de Tirajana.

Esta resolución evidenció que el Gobierno español expulsó en 2019 a un solicitante de asilo, el maliense V.L. Al no haber plazas de acogida suficientes, el joven fue internado en un CIE y después expulsado, a pesar de haber expresado su voluntad de pedir asilo ante el Juzgado de Instrucción número 3 de este municipio del sur de Gran Canaria. Entonces, el Ministerio Fiscal puso en cuestión la competencia de los jueces y juezas de Instrucción para preguntar a nacionales de terceros países si tienen intención de pedir refugio en el país. Hasta que Luxemburgo no se pronunció, solo el cuerpo policial y la Fiscalía podían hacer esa oferta.

Antes de la pandemia, decenas de malienses fueron expulsados a Mauritania desde Canarias aprovechando el convenio de repatriación que España mantiene con este país. Las organizaciones especializadas revelaron que, después de llegar a Nuakchot, los inmigrantes fueron devueltos a la frontera con Malí.

Según Acnur, ninguna persona procedente de las regiones afectadas por el conflicto debería ser devuelta de manera forzosa, puesto que el resto del país no debe ser considerado como una alternativa adecuada al asilo hasta el momento en que la situación de seguridad, el estado de derecho y los derechos humanos hayan mejorado significativamente. Así, Acnur insta a los Estados a proporcionar acceso al territorio y a los procedimientos de asilo a las personas que huyen del conflicto en Malí.

“Celdas” de seis a ocho personas

Dos semanas después de que el Gobierno de España declarara el estado de alarma, el juez de control ordenó el desalojo y cierre de Barranco Seco por los múltiples contagios que se estaban produciendo. “Debemos insistir en que los internos no tenían el virus, sino que fueron contagiados por personas del exterior”, subraya Díaz Tejera. En la actualidad, todas las personas que están en el CIE han dado negativo en la prueba PCR. Sin embargo, “en cuanto haya un positivo, se desalojará de nuevo”.

Las condiciones en las que el CIE ha reabierto son las mismas que cuando cerro. “Los policías mantienen todas las medidas recomendadas por Sanidad, pero las celdas son de seis a ocho personas y el patio es el mismo para todos”, cuenta el juez.