Ser migrante en el Estado de Alarma: los obstáculos de vivir una emergencia sanitaria en un limbo administrativo

La población migrante, que representa más de un 10% de los habitantes del país según datos facilitados por la ONG Entre Mares, suma un nuevo contratiempo en su proyecto de vida. Para quien se encuentra en una situación administrativa incierta, sin acceso al mercado laboral, sin atención sanitaria garantizada o está en un Centro de de Internamiento de Extranjeros (CIE) esperando la expulsión, el descalabro que atraviesa España por el Estado de Alarma dificulta aún más su presente y su futuro. A pesar de que el Defensor del Pueblo haya pedido la libertad de los migrantes que ocupan los CIE del país ante la imposibilidad de expulsarlos, los centros canarios de Hoya Fría, en Tenerife, y Barranco Seco, en Gran Canaria, siguen activos y con un 59% de ocupación. “No hay ninguna orden sobre repatriaciones”, ha asegurado a esta redacción el Ministerio del Interior.

El juez de control del CIE de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, explica que, en el caso de que para alguno de los internos se cumplan los 60 días durante el Estado de Alarma y no se pueda proceder a su expulsión, pasarán a un centro de acogida social donde se les dará alojamiento, comida y ropa. Mientras tanto, en Barranco Seco “todos los policías y los internos tienen mascarillas, guantes y geles. Además, mantienen un metro y medio de distancia entre ellos”, subraya el magistrado. También se han restringido las visitas de trabajadores sociales y abogados, que podrán ponerse en contacto con los migrantes de manera telemática. “Que exista la posibilidad no quiere decir que se haga”, señala Díaz Tejera, que en un auto emitido en febrero tras dos visitas al centro concluyó que los internos están desasistidos de asesoramiento jurídico durante su estancia. “Los CIE deben ofrecer asistencia social, jurídica y cultural. Solo se cumple la primera, aunque las personas deberían recibir asistencia jurídica dos o tres veces a la semana para resolver sus dudas”, detalla.

Tras el auto de Díaz Tejera han entrado en funcionamiento los dos comedores del centro, se han aportado sillas y mesas, no hay mal olor en las instalaciones y se han conseguido los 200 pares de cholas que se necesitaban. Pero aún hay tareas pendientes. Los migrantes “están privados de libertad deambulatoria, no de comunicación”, recuerda el juez de control. Durante las reformas de más de un año que se ejecutaron en el CIE de Gran Canaria, se quitó un cable que daba conexión al establecimiento. “La Pastoral de Migraciones llevaba un rúter para que los internos pudieran conectarse, pero durante este tiempo los voluntarios no pueden ir. Hemos conseguido que una fundación abone el coste de un nuevo cable y estamos buscando la forma de poner uno fijo. Si las instituciones que deben aportarlo no lo hacen, tendremos que recurrir a la solidaridad”.

La restricción de las entradas a Barranco Seco desde el jueves 10 de marzo preocupa a quienes lo visitan a diario. Es el caso de los profesionales de Médicos del Mundo y del párroco Antonio Viera: “El hermetismo es total. No sabemos cómo están, si les han dado información en su idioma o si se están tomando las distancias necesarias. Algo que veo difícil por el poco espacio que hay dentro, en el que hay seis personas en cada habitación”. El juez de control ha asegurado a este periódico que se ha explicado a los internos el contexto de emergencia sanitaria que atraviesa el territorio y subraya que, además, “tienen una televisión en cada planta”. Otro de los objetivos es facilitar el acceso al cambio de moneda o al tabaco, a lo que accedían a través del párroco.

Sin garantías de atención sanitaria gratuita

Más de 220 personas migrantes de Fuerteventura acudieron en 2019 al servicio de asesoramiento de la ONG Entre Mares por haber visto vulnerado su derecho a la asistencia sanitaria gratuita. “Constatamos que se facturaron urgencias en el Hospital General de Fuerteventura y en todos los centros de salud de la Isla. Tenemos miedo de que usuarios con o sin síntomas no acudan al médico porque se les cobra”, afirman desde la organización. Por ello, han decidido enviar una carta abierta al Ministerio de Sanidad para exigirle que, al ser la autoridad competente y estar habilitado para dar órdenes e instrucciones, disponga que “las autoridades sanitarias canarias, autonómicas y locales, no obstaculicen el acceso a la asistencia sanitaria primaria, especializada o de otro nivel a ninguna persona, inmigrante o no”.

Bloqueo de los trámites administrativos 

La dependencia de la población migrante de los trámites administrativos la convierte en uno de los colectivos más afectados por el parón y el bloqueo de algunos servicios. “Lo sufrirán los inmigrantes que, tras años en la irregularidad, tenían por fin la posibilidad de adquirir sus papeles. Sin documentación pueden ser expulsados, no optar a un empleo formal o alquilar una vivienda”, recuerda Entre Mares. Lo mismo sucede con los solicitantes de protección internacional o con quienes ya habían logrado regular su situación pero necesitan renovar sus permisos. “Se enfrentan a que los bancos les cancelen sus cuentas por falta de documento en vigor”.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias está atendiendo por vía telemática a todas las personas que solicitan protección internacional o información laboral o jurídica, ya que la asistencia en oficina ha quedado suspendida hasta nuevo aviso. En el caso de las personas de la ONG que trabajan en la acogida humanitaria, han adoptado las medidas de prevención establecidas por el Ministerio de Sanidad ya que se han ido ocupando nuevas plazas con personas que han salido de los CIE de la región. En este contexto, “lo ideal sería que quienes salen de Hoya Fría ocupen plazas de Tenerife y los de Barranco Seco, de Gran Canaria”, apunta CEAR. En este momento, la organización continúa tramitando todo tipo de ayudas que, antes de la emergencia sanitaria, ya estaban en especial vulnerabilidad y trabaja de la mano de las administraciones públicas para “salir de esta situación todos juntos y sin dejar a nadie atrás”.

El cierre de las fronteras terrestres también ha puesto en alerta a Entre Mares, que tiene constancia de que muchas personas que habían llegado al Archipiélago abandonaron hace pocos días las Islas para dirigirse a la Península y reagruparse con familiares en otros puntos de España o de Europa. “Hacemos un llamamiento a instituciones y a ONG que trabajan en territorios fronterizos a que habiliten medidas de acogida a estas personas”. 

Llegada y acogida

Del 1 de enero al 15 de marzo de 2020 han alcanzado las costas isleñas 1.230 personas vía marítima, a bordo de pateras o cayucos, según datos del Ministerio del Interior. Antonio Rico, presidente de Cruz Roja en el Archipiélago, asegura que las llegadas han experimentado un “parón” en los últimas semanas. Rico asegura que, en caso de que se produjera alguna llegada, el protocolo de primera acogida en puerto de la ONG “sigue siendo el mismo” y “no hay mayor problema, excepto que tenemos que seguir las recomendaciones sanitarias”. Ahora, dice, hay que “atender a las personas que están aquí”. Para ello, Cruz Roja cuenta con 800 plazas habilitadas de emergencia, de las que alrededor de 600 están ocupadas.

Las personas acogidas en espacios como la Casa del Marino o diferentes albergues repartidos por varias Islas, como el del Corvo en Moya o Tefía en Fuerteventura, tienen restringida la libertad de movimiento “al igual que el resto de la ciudadanía” y el personal de la ONG ha impartido instrucciones, como mantener distancias de un metro y medio o lavarse con frecuencia las manos. Además, Rico asegura que han reservado algunas zonas para aquellos que precisen aislamiento y, si presentan algún síntoma, serán derivados a un centro de salud. “Tenemos un margen importante por si sucede cualquier afectación”, dice.

Menores 

En los centros de menores, donde el Gobierno de Canarias tutela aproximadamente a 650 chicos y chicas extranjeros, se han establecido los protocolos propios del decreto de alarma y los trabajadores han tenido que reorganizar las actividades, eliminando las salidas y fomentando la programación de talleres. Como medida excepcional, la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia ha dado una tregua a los jóvenes que cumplen 18 años, enviando una circular en la que establece que aquellos chicos y chicas que alcancen la mayoría de edad deben permanecer en estos espacios. Con esta decisión se evita que muchos queden en una situación de “desprotección”, como lleva sucediendo “desde 2016”, según Mame Cheik, que trabaja en un hogar de extutelados gestionado por la fundación MAIN, a causa de la falta de recursos alojativos y de los trámites burocráticos para regularizar la situación de los jóvenes, sin la cual no pueden acceder a estos espacios o encontrar un trabajo.