2010, un año negativo para Canarias

Si hay un elemento de inflexión en las políticas económicas y sociales, este lo fue el 9 de mayo, fecha en que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) de la Unión Europea concretó un plan para intervenir de forma conjunta en defensa del euro, y que supuso un cambio radical en las políticas frente a la crisis. Y que llevó, tres días después, a Zapatero a presentar su plan de ajuste. Abandonando su programa y la acción política que venía aplicando ?mediante el estímulo fiscal de la demanda y el fomento de la inversión pública para favorecer la actividad y la recuperación económica, combatiendo así el desempleo- para sustituirla por un ajuste duro del gasto público, con la reducción de la inversión pública, la disminución del salario de los funcionarios y la congelación de las pensiones, así como con una reforma de las entidades financieras que no toca a los bancos pero sí a las cajas, favoreciendo su privatización, y una reforma laboral sin consenso.

Conjunto de medidas que han divorciado a Zapatero y a su partido de su base social, que motivaron la convocatoria de una huelga general en septiembre y que marcan, al tiempo, el desplome socialista en las encuestas electorales.

Conversión neoliberal

Las decisiones adoptadas desde la ´conversión' neoliberal de mayo son de enorme calado y suponen un claro giro a la derecha, impuesto por los organismos monetarios internacionales y una UE donde existe en estos momentos una clara hegemonía de los partidos y las ideas conservadoras, frente a una socialdemocracia desnortada y sin iniciativa.

Todo el esfuerzo se centra en recortar el déficit público, sin plantearse incrementar los ingresos. Pagan los sacrificios trabajadores y pensionistas, se reduce la inversión y se recortan los servicios públicos, sin que se toque la presión fiscal sobre grupos sociales y económicos que notoriamente escapan a la fiscalidad ni se fomente una política decidida de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que en España duplica la europea (24% frente al 12%). Ni, por supuesto, se atreven a proponer incrementos de los impuestos directos para las rentas más altas y, especialmente, para los enormes beneficios bancarios, así como para los grandes patrimonios y fortunas.

En ese marco global estatal, a Canarias no le ha ido mejor. La crisis económica se ha prolongado y se han mantenido nuestros indicadores negativos con relación al resto del Estado. Según la EPA, y a falta de conocer los resultados del cuarto trimestre a finales de enero, superamos los 310.000 desempleados, con una tasa del 28,67%, frente al 19,79% estatal. Además, se han mostrado absolutamente ineficaces las políticas de empleo del Gobierno canario, que pronosticó la creación de 80.000 nuevos empleos antes de las elecciones de mayo, cuando en los Presupuestos para 2011 reconoce abiertamente que el paro se mantendrá estable; y cuando las cifras oficiales recogen 11.171 afiliados menos a la Seguridad Social durante 2010.

El Plan Canarias, firmado por Zapatero y Rivero, se ha mostrado como un engaño más. Ni en las cuentas públicas estatales para 2010 ni en los más recientes Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 se reflejan esos 2.500 millones de euros anuales adicionales que prometieron. Lo que unido a la pésima financiación autonómica y los malos PGE para 2011, que nos dejan 242 millones de euros por debajo de la media estatal, hacen que Canarias y sus servicios públicos se encuentren en una grave situación. Con una Educación y una Sanidad en retroceso; así como con la frustrante aplicación de la Ley de la Dependencia, donde Canarias, gracias a su Gobierno, posee los peores parámetros de todas las comunidades autónomas.

Asimismo, los Presupuestos Canarios de 2010 redujeron sensiblemente la inversión pública y el apoyo a los sectores productivos, algo que se ha repetido con creces en las cuentas para 2011 aprobadas por un Parlamento de escasa actividad legislativa. Eso sí, aprobaron 'patriótica y ecológicamente' una ley que desprotege a buena parte de nuestro rico patrimonio de especies.

Reforma electoral

Junto a ello se produjo un acuerdo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y para la estabilidad política entre Rivero y Zapatero, que deja como presunto logro una ley de aguas en la que ni hay un metro menos de aguas internacionales, ni supone más competencias sobre las aguas españolas, ni se incrementa un metro más la superficie de Canarias a efectos de computar para la financiación autonómica del Archipiélago. A lo que se añade la vergonzante separación de la reforma electoral canaria de las modificaciones en su Estatuto y el visto bueno del PSOE estatal al nuevo catálogo de especies protegidas, en ambos asuntos haciendo justo lo contrario de lo que han venido defendiendo los socialistas en las Islas.

Ha sido, también, el año de la separación del PP del Gobierno canario, aunque los conservadores siguen apoyando a ATI en los temas fundamentales, como ha sucedido con los Presupuestos. Una separación entre las dos derechas sólo temporal, y que augura nuevos reencuentros tras las elecciones de mayo, si los datos electorales lo posibilitan, pese al entusiasmo por pactar con ATI que demuestran los socialistas. La ruptura del pacto ha supuesto que se dé en el Gobierno autonómico una absoluta anormalidad democrática, ya que quien lo sustenta es la tercera fuerza política en votos. El 77% de los votantes canarios no lo apoyan. Porcentaje que se eleva al 94,7 en el caso de Gran Canaria.

En definitiva, 2010 ha sido un año tremendamente negativo para Canarias con repercusiones que se proyectarán en el inmediato futuro. Lo que exige cambios profundos para corregirlas y posibilitar que esta tierra y su gente puedan avanzar. La oportunidad está en las urnas el próximo 22 de mayo.

* Presidente de Nueva Canarias.

Román Rodríguez*

Si hay un elemento de inflexión en las políticas económicas y sociales, este lo fue el 9 de mayo, fecha en que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) de la Unión Europea concretó un plan para intervenir de forma conjunta en defensa del euro, y que supuso un cambio radical en las políticas frente a la crisis. Y que llevó, tres días después, a Zapatero a presentar su plan de ajuste. Abandonando su programa y la acción política que venía aplicando ?mediante el estímulo fiscal de la demanda y el fomento de la inversión pública para favorecer la actividad y la recuperación económica, combatiendo así el desempleo- para sustituirla por un ajuste duro del gasto público, con la reducción de la inversión pública, la disminución del salario de los funcionarios y la congelación de las pensiones, así como con una reforma de las entidades financieras que no toca a los bancos pero sí a las cajas, favoreciendo su privatización, y una reforma laboral sin consenso.

Conjunto de medidas que han divorciado a Zapatero y a su partido de su base social, que motivaron la convocatoria de una huelga general en septiembre y que marcan, al tiempo, el desplome socialista en las encuestas electorales.