Arribando a puerto con el deber cumplido (I)

Podríamos calificar de película de terror, lo que el Vice alcalde José Antonio Perera encontró en una Delegación Municipal, que había sido punto de mira de la Fiscalía, motivado por las diligencias abiertas en los llamados casos Faycan y Doramas. Un personal desmotivado, unos técnicos atemorizados, unos expedientes urbanísticos repartidos a todo lo largo y ancho del departamento y otros en paradero desconocido. Ese fue el panorama que Perera se encontró. No acusó ni criticó a nadie, se puso a trabajar, cual hormiguita, olvidando el sacarle “lustre” a su gestión.

Una concejalía paralizada con cinco mil expedientes acumulados. Licencias de obra menor, con demoras que mediaban entre 12 a 18 meses, hoy gestionan entre 30/60 días, dependiendo de la complejidad o carencia de datos precisos. De igual manera las licencias de obra mayor que en Derecho deberían concederse o informarlas dentro de los tres meses reglados, hoy el plazo se ha reducido a 30 o 60 días. Hoy podemos proclamar que todas las licencias pendientes de resolución que Perera heredó, han sido resueltas por un personal motivado y sin los “lastres” heredados. Cierto, que la crisis y en particular en la construcción, la actividad en Urbanismo ha disminuido considerablemente; pero no es menos cierto que hoy, los licenciados en Derecho al servicio de la Delegación, es personal incorporado previo proceso selectivo, sujeto a las normas reguladoras para la selección de personal al servicio de las administraciones; cesando por ello, los cuatros abogados externos que trabajaban en la delegación, como sí de personal funcionarios se tratara.

Hoy, la Delegación de Urbanismo es un referente administrativo en cuanto a la tramitación de expedientes, desterrándose aquel concepto de recorrer caminos “torcidos” o la utilización de “atajos” sospechosos, como la justicia en determinadas ocasiones ha puesto de manifiesto.

En julio de 2007 las Fuerzas de la Seguridad del Estado acceden a la Delegación e intervienen diversa documentación, que consideran “sensible” y detienen al Jefe de Servicios nombrado en su día por el responsable del área, en el anterior gobierno municipal. Se resolvió el “entuerto” del proyecto de las 200 viviendas de La Vega, que se construían sin licencia, facilitando a la promotora los cauces legales para la regularización de la urbanización. Igual recorrido han tenido las obras del Parque Marítimo de Jinámar, cuya licencia había sido anulada por la justicia, y que a pesar de ello se seguía trabajando. Hoy y de acuerdo con la COTMAC, subsanadas las deficiencias, que provocaron la anulación de la licencia, las Terrazas tienen todos los requisitos administrativos y jurídicos en regla, con las Fianzas que garantizan su funcionamiento y con las garantías judiciales de la promotora para completar las infraestructuras aún en obras.

Las arcas municipales se han visto favorecidas con los ingresos, que por el concepto de Cédula de habitabilidad, se recaudaba, ya que incomprensiblemente los promotores abonaban una cédula por toda una urbanización, con el manifiesto agravio comparativo con aquellos ciudadanos que la solicitaban para una vivienda unifamiliar, lo que ha supuesto multiplicar por diez los ingresos por dicho concepto.

Fomentas, la nueva empresa municipal que re denominó a Urvitel, se ha especializado. La quiebra técnica que pendía sobre la misma, que el anterior gobierno municipal cifraba en 20.000.000 ?. Se ha reducido a 6.000.000. Hoy la empresa es útil. Realiza la mayor obra de rehabilitación de toda Canarias, en el Polígono de la Remudas, con una inversión de 6.000.000 euros. Dos promociones de viviendas una de 66 más en el Goro y en la misma zona de podrán construir 76 naves industriales. Se ha conseguido una financiación de 19.000.000 euros para la 130 viviendas de Los Marinos de Melenara. Financiación de 56.000.000 euros para la rehabilitación de Jinámar. Se concluyen las 56 viviendas de la Herradura.

De los 300 trabajadores que llegó a tener Urvitel, hoy son 25 los empleados que sacan adelante los proyectos de Fomentas, ya que el anterior gobierno municipal convirtió a la desaparecida Urvitel en la “residencia” laboral de sus afines.

Paralelamente se modernizan los sistemas de atención al ciudadano y se crea un acceso por Internet, que estará operativo en próximas fechas para consulta de los expedientes, que con el convenio con el Gobierno Autónomo quedan informatizados, impidiéndose cualquier manipulación a posteriori.

El rigor, la eficacia en la gestión de los medios técnicos y humanos, la empatía con los funcionarios, ha hecho posible que la Delegación de Urbanismo de nuestro Ayuntamiento esté plenamente al servicio de los ciudadanos.

No todo ha sido “camino de rosas”, muchas “piedras” se nos han puesto en nuestro diario caminar; pero gracias al equipo humano creado, a la responsabilidad por ellos demostrada. Como responsables políticos, nuestro más sincero agradecimiento, esperando que la ciudadanía sepa valorar en sus justos términos, el trabajo realizado en éstos cuatro últimos años.

Antonio Ortega Santana

Podríamos calificar de película de terror, lo que el Vice alcalde José Antonio Perera encontró en una Delegación Municipal, que había sido punto de mira de la Fiscalía, motivado por las diligencias abiertas en los llamados casos Faycan y Doramas. Un personal desmotivado, unos técnicos atemorizados, unos expedientes urbanísticos repartidos a todo lo largo y ancho del departamento y otros en paradero desconocido. Ese fue el panorama que Perera se encontró. No acusó ni criticó a nadie, se puso a trabajar, cual hormiguita, olvidando el sacarle “lustre” a su gestión.

Una concejalía paralizada con cinco mil expedientes acumulados. Licencias de obra menor, con demoras que mediaban entre 12 a 18 meses, hoy gestionan entre 30/60 días, dependiendo de la complejidad o carencia de datos precisos. De igual manera las licencias de obra mayor que en Derecho deberían concederse o informarlas dentro de los tres meses reglados, hoy el plazo se ha reducido a 30 o 60 días. Hoy podemos proclamar que todas las licencias pendientes de resolución que Perera heredó, han sido resueltas por un personal motivado y sin los “lastres” heredados. Cierto, que la crisis y en particular en la construcción, la actividad en Urbanismo ha disminuido considerablemente; pero no es menos cierto que hoy, los licenciados en Derecho al servicio de la Delegación, es personal incorporado previo proceso selectivo, sujeto a las normas reguladoras para la selección de personal al servicio de las administraciones; cesando por ello, los cuatros abogados externos que trabajaban en la delegación, como sí de personal funcionarios se tratara.