Las condiciones incendiarias de una catástrofe no declarada (I) por Octavio Hernández*

Las tormentas de 1999, 2002 y 2005 motivaron que se estudiara la declaración de zona catastrófica a instancias de organizaciones agrarias y de todas las administraciones, pero ante la ola de calor de 2007 se rehuye valorar los daños oficialmente como una catástrofe sin precedentes. Se minimizan las hectáreas quemadas y se renuncia a sumar las hectáreas de cultivos dañados por las altas temperaturas. Sumando esa extensión agraria y forestal con las perdidas familiares y empresariales no se explica que en aquellos casos se pidiera la declaración de zona catastrófica y ahora no. Cuando al finalizar los incendios se habló de “éxito” en la extinción, en realidad era un fracaso: se había fracasado frente a los conatos iniciales y, a partir de ese instante, el incendio liberado por las condiciones climáticas no fue controlado en ningún momento. Acompañar un incendio sin víctimas mortales no debería considerarse un éxito, sino una suerte. Tampoco es un éxito descargar esa responsabilidad sobre el pirómano porque provocar un gran incendio parece mayor negocio que impedirlo en un mercado laboral precario y con creciente transferencia de fondos públicos a empresas privadas. Se suma la escasa rentabilidad económica directa del bosque, con la precariedad y conflictividad laboral que afecta a los servicios públicos de emergencia en Tenerife (bomberos, ambulancias y también, personal forestal), y con la subcontratación privada de esos servicios, que maximiza sus beneficios con presupuestos públicos crecientes y condiciones laborales “incendiarias”. El 7 de marzo de 2007 se publicó el nombramiento de los seis funcionarios ingenieros de montes encargados del servicio de extinción en las distintas zonas de Tenerife, entre ellos el director del Comité Insular de Emergencia por Incendio Forestal, Humberto Gutiérrez. El Cabildo adjudicó el 16 de abril el contrato de servicio para el refuerzo del operativo de extinción de incendios a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Einfor, Europa Agroforestal y Consultoría Natutecnia, por un importe de 1,4 millones de euros. El 27 de julio, tres días antes del incendio, adjudicó por otros 750.000 euros un proyecto de selvicultura en la red principal de fajas auxiliares en la Corona Forestal para prevenir los incendios, y aprobó un proyecto de ordenación de combustible en las áreas cortafuegos por otros 183.000 euros, para desbroce de matorral, fayal-brezal y tratamiento de Monteverde. Una vez extinguido el incendio, el Cabildo anunció a los afectados la contratación masiva de “restauradores” forestales, y Humberto Gutiérrez afirmó que tendría que invertir otro millón de euros en la contratación de empresas especializadas en limpieza de cauces de barrancos y en labores contra inundaciones. Las actuaciones forestales contratadas por el Cabildo a empresas privadas podrían sumar en 2007 casi tres millones y medio de euros (más de 500 millones de pesetas). Con esos antecedentes, la intervención frente al conato inicial parece haber sido tan negligente que los afectados quizá deberían investigar las relaciones y posibles conflictos de intereses entre el servicio público de extinción de incendios y los servicios privados subcontratados, por si hubiera lugar a una reclamación por daños y perjuicios. No es el pirómano, sino el clima. Pero el clima en condiciones neoliberales es todavía más incendiario, como asumió la reforma de la Ley de Montes al prohibir la especulación con los terrenos y la madera de las zonas incendiadas, por ser motivo de fuegos intencionados. Hay que asumir también que la prevención y extinción es otro uso económico del monte, cuya actividad depende del fuego, y empezar a pensar en cómo “vigilar al vigilante”.* Octavio Hernández es portavoz de Los Verdes de Tenerife

Las tormentas de 1999, 2002 y 2005 motivaron que se estudiara la declaración de zona catastrófica a instancias de organizaciones agrarias y de todas las administraciones, pero ante la ola de calor de 2007 se rehuye valorar los daños oficialmente como una catástrofe sin precedentes. Se minimizan las hectáreas quemadas y se renuncia a sumar las hectáreas de cultivos dañados por las altas temperaturas. Sumando esa extensión agraria y forestal con las perdidas familiares y empresariales no se explica que en aquellos casos se pidiera la declaración de zona catastrófica y ahora no. Cuando al finalizar los incendios se habló de “éxito” en la extinción, en realidad era un fracaso: se había fracasado frente a los conatos iniciales y, a partir de ese instante, el incendio liberado por las condiciones climáticas no fue controlado en ningún momento. Acompañar un incendio sin víctimas mortales no debería considerarse un éxito, sino una suerte. Tampoco es un éxito descargar esa responsabilidad sobre el pirómano porque provocar un gran incendio parece mayor negocio que impedirlo en un mercado laboral precario y con creciente transferencia de fondos públicos a empresas privadas. Se suma la escasa rentabilidad económica directa del bosque, con la precariedad y conflictividad laboral que afecta a los servicios públicos de emergencia en Tenerife (bomberos, ambulancias y también, personal forestal), y con la subcontratación privada de esos servicios, que maximiza sus beneficios con presupuestos públicos crecientes y condiciones laborales “incendiarias”. El 7 de marzo de 2007 se publicó el nombramiento de los seis funcionarios ingenieros de montes encargados del servicio de extinción en las distintas zonas de Tenerife, entre ellos el director del Comité Insular de Emergencia por Incendio Forestal, Humberto Gutiérrez. El Cabildo adjudicó el 16 de abril el contrato de servicio para el refuerzo del operativo de extinción de incendios a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Einfor, Europa Agroforestal y Consultoría Natutecnia, por un importe de 1,4 millones de euros. El 27 de julio, tres días antes del incendio, adjudicó por otros 750.000 euros un proyecto de selvicultura en la red principal de fajas auxiliares en la Corona Forestal para prevenir los incendios, y aprobó un proyecto de ordenación de combustible en las áreas cortafuegos por otros 183.000 euros, para desbroce de matorral, fayal-brezal y tratamiento de Monteverde. Una vez extinguido el incendio, el Cabildo anunció a los afectados la contratación masiva de “restauradores” forestales, y Humberto Gutiérrez afirmó que tendría que invertir otro millón de euros en la contratación de empresas especializadas en limpieza de cauces de barrancos y en labores contra inundaciones. Las actuaciones forestales contratadas por el Cabildo a empresas privadas podrían sumar en 2007 casi tres millones y medio de euros (más de 500 millones de pesetas). Con esos antecedentes, la intervención frente al conato inicial parece haber sido tan negligente que los afectados quizá deberían investigar las relaciones y posibles conflictos de intereses entre el servicio público de extinción de incendios y los servicios privados subcontratados, por si hubiera lugar a una reclamación por daños y perjuicios. No es el pirómano, sino el clima. Pero el clima en condiciones neoliberales es todavía más incendiario, como asumió la reforma de la Ley de Montes al prohibir la especulación con los terrenos y la madera de las zonas incendiadas, por ser motivo de fuegos intencionados. Hay que asumir también que la prevención y extinción es otro uso económico del monte, cuya actividad depende del fuego, y empezar a pensar en cómo “vigilar al vigilante”.* Octavio Hernández es portavoz de Los Verdes de Tenerife