Javier Fernández Quesada y José García Caparrós: verdad, justicia y reparación por Octavio Hernández

Tras el entierro, las Brigadas Especiales Antidisturbios crearon un estado de excepción en las calles malagueñas, reprimiendo a quienes portaban banderas andaluzas o crespones negros. Siguiendo un siniestro manual, la represión en Tenerife reprodujo con milimétrica exactitud el mismo esquema. El gobernador civil de Málaga, Enrique Riverola, homólogo de Luis Mardones, se comprometió a investigar “hasta las últimas consecuencias, sin componendas de ningún tipo ni ocultar ninguna verdad”. En el Congreso, el 15 de diciembre, Enrique Múgica Herzog, portavoz de Interior del PSOE, menciona a Caparrós y Quesada al expresar “nuestra preocupación y nuestra condena por las muertes ocurridas en Málaga y en La Laguna”. El 23 de diciembre se debate la “Creación de una Comisión de Encuesta sobre los acontecimientos producidos en Málaga y Tenerife, solicitada por varios Grupos Parlamentarios”. La investigación encargada por Rodolfo Martín Villa al subdirector General de Seguridad y veterano torturador franquista José Sáinz concluyó sin imputados. Los trabajos de la Comisión tampoco acabaron con la sensación de impunidad.“Los partidos políticos llevaron a cabo un pacto de silencio y sacrificaron el esclarecimiento de los hechos en pro de la concordia”, señala Kety Castillo a Alfredo Grimaldos en “La sombra de Franco en la Transición”. Castillo investigó el caso malagueño en un reportaje premiado por la RTVE andaluza en 2002. La periodista descubrió que el sumario ha desaparecido de la Audiencia Provincial de Málaga. Los informes sobre Fernández Quesada también están desaparecidos. Ambos asesinatos han prescrito y han quedado impunes al no aclararse judicialmente quién disparó. Los sucesos, la represión y el blindaje de la impunidad en las pesquisas posteriores se atienen al mismo guión en Málaga y en Tenerife. Algo distingue un caso de otro: el ensordecedor silenciamiento institucional y la ausencia del debido reconocimiento al joven de Gáldar muerto en La Laguna. El Ayuntamiento malagueño aprobó el 29 de noviembre de 2002 nombrar a García Caparrós Hijo Predilecto de Málaga. El Parlamento andaluz acordó el 6 de diciembre siguiente instar al Gobierno a que García Caparrós fuera reconocido como víctima del terrorismo. Una comisión de abogados auspiciada por el PCE y presidida por Pedro Moreno Brenes, abogado y profesor de la Universidad de Málaga, planteó reabrir la vía judicial. Finalmente, el 4 de diciembre de 2004, Manuel José García Caparrós fue nombrado Hijo Predilecto y Medalla de la Ciudad de Málaga a título póstumo. En Tenerife, la Fundación Empresa-Universidad de la Universidad de La Laguna se enorgullece de su colaboración con el ayuntamiento de Santa Cruz en la restauración de la estatua de Franco que preside la Avenida de Anaga.Ni el Claustro de la Universidad de La Laguna, ningún sindicato de estudiantes, ningún ayuntamiento, ni el Parlamento, ningún partido político, ningún colectivo social, se han ocupado de reclamar que el caso fuera revisado y reconocido durante los trabajos de acompañamiento a la redacción de la Ley. Dos diputados del grupo Coalición Canaria-Nueva Canarias olvidaron a Javier Fernández Quesada en el Congreso. Román Rodríguez, compañero universitario que lo atendió el día que lo asesinaron, ha sido el ponente de CC en los debates sobre la Ley de Memoria Histórica y votó a favor de la enmienda socialista que en su actual redacción impedirá que pueda ser reconocido legalmente como víctima del franquismo. Luis Mardones, compañero de grupo de Román Rodríguez, gobernador civil bajo cuya autoridad ocurrió el asesinato y que nunca ha asumido ninguna responsabilidad, votará en el Congreso la Ley que dará continuidad a la impunidad y el silencio que han rodeado la muerte del estudiante. Esta semana, el Cabildo de Tenerife ha aprobado por unanimidad de todos los grupos solicitar que se extienda el período de reconocimiento legal de las víctimas de la transición hasta el 29 de diciembre de 1978 y no, como figura en el actual proyecto de Ley, hasta el 6 de octubre de 1977. Es un avance positivo, que deberá tener continuidad en el Congreso y el Senado. Sin embargo, se puede hacer más. Otras medidas tendrían que aprobarse con el 30 Aniversario en 2007 de la muerte de Javier Fernández Quesada como telón de fondo. En primer lugar, una declaración solemne del Claustro de la Universidad de La Laguna en la misma línea de la moción aprobada en el Cabildo. En segundo lugar, por su signigficación histórica, la declaración de hijo predilecto y la concesión de la medalla a título póstumo por los Ayuntamientos de La Laguna y Gáldar. En tercer lugar, la concesión del Premio Canarias a título póstumo en 2007, que pondría colofón al merecido reconocimiento a esta y a todas las víctimas, y a la familia Fernández Quesada. Es necesaria la verdad, la justicia y la reparación. Mientras tanto, nos disponemos a escribir esta historia sin tergiversación ni manipulación.

Tras el entierro, las Brigadas Especiales Antidisturbios crearon un estado de excepción en las calles malagueñas, reprimiendo a quienes portaban banderas andaluzas o crespones negros. Siguiendo un siniestro manual, la represión en Tenerife reprodujo con milimétrica exactitud el mismo esquema. El gobernador civil de Málaga, Enrique Riverola, homólogo de Luis Mardones, se comprometió a investigar “hasta las últimas consecuencias, sin componendas de ningún tipo ni ocultar ninguna verdad”. En el Congreso, el 15 de diciembre, Enrique Múgica Herzog, portavoz de Interior del PSOE, menciona a Caparrós y Quesada al expresar “nuestra preocupación y nuestra condena por las muertes ocurridas en Málaga y en La Laguna”. El 23 de diciembre se debate la “Creación de una Comisión de Encuesta sobre los acontecimientos producidos en Málaga y Tenerife, solicitada por varios Grupos Parlamentarios”. La investigación encargada por Rodolfo Martín Villa al subdirector General de Seguridad y veterano torturador franquista José Sáinz concluyó sin imputados. Los trabajos de la Comisión tampoco acabaron con la sensación de impunidad.“Los partidos políticos llevaron a cabo un pacto de silencio y sacrificaron el esclarecimiento de los hechos en pro de la concordia”, señala Kety Castillo a Alfredo Grimaldos en “La sombra de Franco en la Transición”. Castillo investigó el caso malagueño en un reportaje premiado por la RTVE andaluza en 2002. La periodista descubrió que el sumario ha desaparecido de la Audiencia Provincial de Málaga. Los informes sobre Fernández Quesada también están desaparecidos. Ambos asesinatos han prescrito y han quedado impunes al no aclararse judicialmente quién disparó. Los sucesos, la represión y el blindaje de la impunidad en las pesquisas posteriores se atienen al mismo guión en Málaga y en Tenerife. Algo distingue un caso de otro: el ensordecedor silenciamiento institucional y la ausencia del debido reconocimiento al joven de Gáldar muerto en La Laguna. El Ayuntamiento malagueño aprobó el 29 de noviembre de 2002 nombrar a García Caparrós Hijo Predilecto de Málaga. El Parlamento andaluz acordó el 6 de diciembre siguiente instar al Gobierno a que García Caparrós fuera reconocido como víctima del terrorismo. Una comisión de abogados auspiciada por el PCE y presidida por Pedro Moreno Brenes, abogado y profesor de la Universidad de Málaga, planteó reabrir la vía judicial. Finalmente, el 4 de diciembre de 2004, Manuel José García Caparrós fue nombrado Hijo Predilecto y Medalla de la Ciudad de Málaga a título póstumo. En Tenerife, la Fundación Empresa-Universidad de la Universidad de La Laguna se enorgullece de su colaboración con el ayuntamiento de Santa Cruz en la restauración de la estatua de Franco que preside la Avenida de Anaga.Ni el Claustro de la Universidad de La Laguna, ningún sindicato de estudiantes, ningún ayuntamiento, ni el Parlamento, ningún partido político, ningún colectivo social, se han ocupado de reclamar que el caso fuera revisado y reconocido durante los trabajos de acompañamiento a la redacción de la Ley. Dos diputados del grupo Coalición Canaria-Nueva Canarias olvidaron a Javier Fernández Quesada en el Congreso. Román Rodríguez, compañero universitario que lo atendió el día que lo asesinaron, ha sido el ponente de CC en los debates sobre la Ley de Memoria Histórica y votó a favor de la enmienda socialista que en su actual redacción impedirá que pueda ser reconocido legalmente como víctima del franquismo. Luis Mardones, compañero de grupo de Román Rodríguez, gobernador civil bajo cuya autoridad ocurrió el asesinato y que nunca ha asumido ninguna responsabilidad, votará en el Congreso la Ley que dará continuidad a la impunidad y el silencio que han rodeado la muerte del estudiante. Esta semana, el Cabildo de Tenerife ha aprobado por unanimidad de todos los grupos solicitar que se extienda el período de reconocimiento legal de las víctimas de la transición hasta el 29 de diciembre de 1978 y no, como figura en el actual proyecto de Ley, hasta el 6 de octubre de 1977. Es un avance positivo, que deberá tener continuidad en el Congreso y el Senado. Sin embargo, se puede hacer más. Otras medidas tendrían que aprobarse con el 30 Aniversario en 2007 de la muerte de Javier Fernández Quesada como telón de fondo. En primer lugar, una declaración solemne del Claustro de la Universidad de La Laguna en la misma línea de la moción aprobada en el Cabildo. En segundo lugar, por su signigficación histórica, la declaración de hijo predilecto y la concesión de la medalla a título póstumo por los Ayuntamientos de La Laguna y Gáldar. En tercer lugar, la concesión del Premio Canarias a título póstumo en 2007, que pondría colofón al merecido reconocimiento a esta y a todas las víctimas, y a la familia Fernández Quesada. Es necesaria la verdad, la justicia y la reparación. Mientras tanto, nos disponemos a escribir esta historia sin tergiversación ni manipulación.