La Laguna, ciudad sitiada

Cuando uno se lee con alguna atención el anteproyecto de Ley Orgánica sobre el derecho de manifestación, aprobado por el Gobierno estatal, se queda con una sensación de magua. Más allá de la letra y de los artículos, la libertad languidece. La realidad española vuelve atrás, como tantas veces.

Pero el ataque a las libertades no vendrá, o no vendrá preferentemente, de los cambios legales. Irán empujándolas hacia cauces cada vez más angostos, como hicieron con las libertades del precario liberalismo español, a través de las vías de hecho o de prácticas represivas incompatibles con el ejercicio de las libertades.

Era perfectamente previsible que el recorte de los derechos laborales y de las políticas sociales vinieran acompañados de señales inconfundibles de la vuelta al autoritarismo. Y es lo que está pasando.

Ayer La Laguna dejó de ser la ciudad abierta, construida sin murallas, para convertirse en ciudad sitiada. Sitiada por unas Fuerzas de un Orden que va dejando de ser Público, el “propio de las sociedades democráticas” --como lo definen todos los Textos europeos sobre derechos humanos-- para volver a ser el orden impuesto sobre la sociedad para sofocar la protesta ciudadana contra el restablecimiento de todas las desigualdades, aquellas incompatibles con la dignidad humana, fundamento del orden jurídico y de la paz social para una Constitución convertida en fantasma de si misma.

No voy a negar que es misión de las fuerzas policiales garantizar que los actos institucionales se desarrollen con normalidad y la seguridad de las autoridades. Pero su función constitucional primordial es proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. Y ayer, en La Laguna, las autoridades del Ministerio del Interior pervirtieron los papeles e instrumentalizaron a la Policía como una fuerza exclusivamente a su servicio. La libertad y su ejercicio es siempre una cuestión de equilibrios. Y ayer los equilibrios quedaron destruidos: quedó protegido el poder y amenazada y vigilada la libertad.

Nadie me lo contó. Simplemente lo presencié.

Una manifestación convocada por asociaciones y colectivos de la comunidad educativa discurrió por una escenario sitiado, por una calle de La Carrera rodeada, con muchos de sus accesos bloqueados por vehículos policiales. Dotaciones policiales de indumentaria amenazadora y un helicóptero sobrevolando constantemente la manifestación trasmitían, sin necesidad de conminación expresa, el mensaje del Gobierno de la derecha: la policía y las calles vuelven a ser nuestras. Como es debido, como siempre debió seguir siendo. Así que disuélvanse.

El alcalde, pendiente de la corbata verde y de otras contorsiones, no tuvo la previsión de convocar la Junta de Seguridad, de la que es copresidente, para analizar la situación y dejó todo en manos de la Delegación del Gobierno. Resultado: La Laguna, ciudad sitiada. Sitiada desde hace varios días, desde que desde ambientes oficiales empezó a difundirse, con clara finalidad disuasoria, la enorme exhibición de fuerza que se iba desplegar en la Ciudad.

El Ayuntamiento de La Laguna debe expresar su rechazo ante la instrumentalización de las Fuerzas del Orden por parte del gobierno del PP para sitiar La Laguna y amedrentar a los ciudadanos. Y así lo propondré al Pleno.

Cuando uno se lee con alguna atención el anteproyecto de Ley Orgánica sobre el derecho de manifestación, aprobado por el Gobierno estatal, se queda con una sensación de magua. Más allá de la letra y de los artículos, la libertad languidece. La realidad española vuelve atrás, como tantas veces.

Pero el ataque a las libertades no vendrá, o no vendrá preferentemente, de los cambios legales. Irán empujándolas hacia cauces cada vez más angostos, como hicieron con las libertades del precario liberalismo español, a través de las vías de hecho o de prácticas represivas incompatibles con el ejercicio de las libertades.