La LOMCE, “nada que rescatar”

Se aproximan las elecciones generales y, tras su celebración, la posibilidad de derogar la LOMCE. De nuevo, inestabilidad de las leyes educativas. Estas no permanecen. Sujetas al vaivén de los distintos cambios políticos. Sin embargo, no queda otra alternativa. La derogación no es un capricho ni una respuesta resentida frente a la política impositiva del Gobierno del PP. Es una solución inaplazable para evitar al menos tres objetivos que persigue esta Ley: la privatización de la Educación, el desprecio a la labor docente y la segregación del alumnado.

Una primera consecuencia que conlleva la aplicación de la LOMCE

La LOMCE considera que las ofertas de plazas para los distintos niveles educativos no es una competencia de las Administraciones educativas. El Gobierno estatal se compromete a regular las distintas enseñanzas, pero no a la prestación de su servicio. Convengamos que no es lo mismo contraer un compromiso de ordenar las distintas etapas educativas en negro sobre blanco, que responsabilizarse de su financiación y ejecución. Es más, el Gobierno estatal del PP impone a todos los territorios del Estado español y, por tanto, a toda la ciudadanía todos los contenidos y modos operandi en una Ley para el conjunto del ámbito educativo. Determina “un obligado cumplimiento” de la LOMCE a todas las comunidades autónomas, sin asumir el Gobierno estatal responsabilidades en su puesta en práctica.

En el propio preámbulo de la LOMCE y a lo largo del texto no se menciona la palabra “pública/o”. Y no es casual. Se define un sistema educativo bajo los principios de calidad, inclusivo, integrador y exigente. A pesar de que algunos de estos calificativos no guardan coherencia con los objetivos de la LOMCE, nos interesa destacar la ausencia de cualquier referencia al servicio de carácter público. Se regulan plazas en abstracto, sin el calificativo de públicas. Igualmente sucede con los centros educativos, ofertas educativas, etc. En la propia definición literal que hace la LOMCE del sistema educativo español, lo deja bien claro. Equipara a las Administraciones educativas con los agentes privados para el desarrollo de las funciones de regulación, de financiación o de la prestación de servicios de la educación en España.

Algunos artículos de la LOMCE que evidencian de nuevo el abandono del carácter público de la Educación

Cualquier centro privado que acredite alumnado suficiente en una o distintas etapas educativas, es requisito suficiente para obligar a la Administración educativa a concertarlo. Ni tan siquiera es una posibilidad, sino una obligación para la Consejería de Educación. Además, se consagra el principio para las familias de libertad de elección no sólo del tipo de enseñanza, sino también de centro, sea público o privado. Un mecanismo que permite al centro privado captar más matrículas y obtener el concierto que anteriormente se mencionó.

En ese afán privatizador, la LOMCE le otorga también a cualquier empresario o empresaria la facultad de solicitar a un ayuntamiento de cualquier municipio una licencia para construir un colegio en suelo público. Si el gobierno del ayuntamiento le otorga esa licencia, de nuevo asistiríamos a la obligatoriedad de la Consejería de Educación de concertar dicho centro.

Si a ello se le añade el incremento regulado en la LOMCE en la duración de los conciertos y la ampliación de los mismos a toda la FP Básica y también al Bachillerato, encontraremos una vía más para lograr la privatización del sistema educativo.

Y ya, para redondear la entrega de la educación pública a los agentes privados, no contempla la LOMCE la etapa de los cero a los tres años y considera como Educación básica –sin garantizar las ofertas públicas- tan solo desde la Primaria hasta la ESO.

Finalmente, las etapas de tres a seis años, el Bachillerato, las Escuelas Oficiales de Idiomas, de Artes, Conservatorios de Música, las Enseñanzas Deportivas y los Centros de Adultos están totalmente expuestos a la privatización.