La ''Marbella'' canaria

La información ocupaba la portada a cuatro columnas del periódico. Por la tarde CANARIAS AHORA amplió la noticia con nuevos datos más escalofriantes todavía: unos 10 hoteles considerados ilegales por diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han recibido un total de 36 millones de euros de la Unión Europea como ayudas para regiones en declive. La verdad es que los europeos deberían de haber sido más explícitos, yo hubiera puesto un título más riguroso a esas subvenciones: “ayudas para regiones donde la ley está en declive”.La noticia publicada por este periódico señalaba que la Justicia ha ordenado ya la nulidad de de 7721 plazas turísticas (4404 hoteleras y 3317 extrahoteleras).

Hace sólo cinco días los medios de las islas informaban sobre la publicación de una sentencia que obligaba al gobierno canario a indemnizar al empresario Theo Gerlach porque el ejecutivo le había negado la construcción de 696 plazas turísticas debido a la aplicación de la moratoria turística. El gobierno de Paulino Rivero se limitó a recordar en un comunicado que la moratoria fue aprobada por unanimidad por el Parlamento canario, no aclaraba el ejecutivo que la sentencia no iba tanto contra la moratoria sino contra la falta de desarrollo de la Ley de Directrices durante la legislatura de Adán Martín. La Confederación Canaria de Empresarios y la Cámara de Comercio de Las Palmas sacaron sendos comunicados criticando la moratoria turística y defendiendo a los empresarios que habían llevado a los tribunales al ejecutivo. Y ¿qué tienen que decir los empresarios cuando el periódico más leído de España publica que uno de cada cuatro hoteles construidos en Lanzarote los últimos años no respeta la legislación vigente y, con la ley en la mano, podrían ser demolidos? Pues silencio absoluto. Dicen que hablarán dentro de unos días. Ayer sólo habló el cabildo conejero para decir que un poquito de por favor, que Lanzarote no es Marbella, y tienen algo de razón porque al fin y al cabo en la cárcel de Tahíche no está Julián Muñoz sino Dimas Martín, aunque también fue alcalde. En el breve comunicado público el cabildo señaló que “tal y como ha defendido desde comienzos de Legislatura, es intención de la Corporación legalizar las incorrecciones detectadas en los establecimientos turísticos, siempre que la ley lo permita, con las consiguientes compensaciones al interés general”.

Vale, doña Manuela, estupendo. Pero uno se pregunta: ¿por qué pueden sentirse tan tranquilos los promotores de los hoteles ilegales que ayer recibieron un apoyo inmediato del cabildo conejero y, sin embargo, en Tenézera o en El Golfo no pueden estar igual de tranquilas decenas de familias sencillas a las que se les ha anunciado en los últimos meses que les van a tirar las casas en las que residen de forma permanente o los fines de semana desde hace diez o veinte años? Es cierto que fueron el cabildo de Lanzarote y la Fundación César Manrique quienes llevaron a los tribunales la construcción de esos hoteles y complejos de apartamentos que sus promotores levantaron sabiendo que no respetaban ni el Plan Insular de Ordenación del Territorio de 1991 ni la moratoria turística que la corporación insular conejera aprobó en 1999. Pero todo indica que hay una doble vara de medir. Ya contamos aquí en su día la historia de Santiago el de Berrugo, al que quieren tirar abajo su casa familiar que tiene más de un siglo de existencia por presiones de los promotores de Puerto Marina Rubicón. Pero como la familia de Santiago existen otras en Tenézere que desde hace varias décadas disfrutan en su tiempo libre en unas chozas que podrían ser demolidas porque están dentro del espacio público marítimo terrestre. Les ocurre lo mismo a otras familias humildes que residen en el Golfo y en La Santa. Desde la Demarcación de Costas del Estado les anuncian la demolición de sus casas sin ofrecerles alternativas. Para ellos, la ley es la ley. No reciben el mismo mensaje los constructores y hoteleros que han promovido y explotan las más de 7700 plazas alojativas ilegales. A ellos se les propone una concesión administrativa para que puedan explotar esos hoteles durante los próximos treinta años, para que no pierdan la inversión económica que hicieron y las millonarias ayudas europeas. Son las dos caras de una misma moneda, de una falsa moneda con la que en Lanzarote se compraron en el pasado muchos silencios que hoy se transforman en este gran escándalo turístico y hotelero. El cabildo se apresuró a manifestar públicamente que Lanzarote no es Marbella, pero tengo la impresión de que esta multiplicación de plazas hoteleras ilegales huele tan mal como los famélicos caballos pura sangre que Roca tenía escondidos en la finca malagueña de “La Caridad”.

Juan García Luján

La información ocupaba la portada a cuatro columnas del periódico. Por la tarde CANARIAS AHORA amplió la noticia con nuevos datos más escalofriantes todavía: unos 10 hoteles considerados ilegales por diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias han recibido un total de 36 millones de euros de la Unión Europea como ayudas para regiones en declive. La verdad es que los europeos deberían de haber sido más explícitos, yo hubiera puesto un título más riguroso a esas subvenciones: “ayudas para regiones donde la ley está en declive”.La noticia publicada por este periódico señalaba que la Justicia ha ordenado ya la nulidad de de 7721 plazas turísticas (4404 hoteleras y 3317 extrahoteleras).

Hace sólo cinco días los medios de las islas informaban sobre la publicación de una sentencia que obligaba al gobierno canario a indemnizar al empresario Theo Gerlach porque el ejecutivo le había negado la construcción de 696 plazas turísticas debido a la aplicación de la moratoria turística. El gobierno de Paulino Rivero se limitó a recordar en un comunicado que la moratoria fue aprobada por unanimidad por el Parlamento canario, no aclaraba el ejecutivo que la sentencia no iba tanto contra la moratoria sino contra la falta de desarrollo de la Ley de Directrices durante la legislatura de Adán Martín. La Confederación Canaria de Empresarios y la Cámara de Comercio de Las Palmas sacaron sendos comunicados criticando la moratoria turística y defendiendo a los empresarios que habían llevado a los tribunales al ejecutivo. Y ¿qué tienen que decir los empresarios cuando el periódico más leído de España publica que uno de cada cuatro hoteles construidos en Lanzarote los últimos años no respeta la legislación vigente y, con la ley en la mano, podrían ser demolidos? Pues silencio absoluto. Dicen que hablarán dentro de unos días. Ayer sólo habló el cabildo conejero para decir que un poquito de por favor, que Lanzarote no es Marbella, y tienen algo de razón porque al fin y al cabo en la cárcel de Tahíche no está Julián Muñoz sino Dimas Martín, aunque también fue alcalde. En el breve comunicado público el cabildo señaló que “tal y como ha defendido desde comienzos de Legislatura, es intención de la Corporación legalizar las incorrecciones detectadas en los establecimientos turísticos, siempre que la ley lo permita, con las consiguientes compensaciones al interés general”.