Otras medidas para paliar el déficit por Jaime Moujir García

Para ello, se decidió eliminar la deducción de 400 euros de rentas del trabajo que supone un ahorro para las arcas públicas de 6.000 millones de euros, elevar el tipo impositivo de las rentas del ahorro del 18% al 20%, lo que conlleva unos ingresos de 900 millones de euros y, finalmente, un incremento del IVA de dos puntos que sirve para que la hacienda pública recaude 5.000 millones de euros. De estas medidas se deduce que son los tramos medios de rentas, provenientes principalmente de los trabajadores y del consumo de los ciudadanos, los que se hacer cargo del control presupuestario. Y los rentistas de capital mobiliario e inmobiliario, así como las grandes fortunas, quedan indemnes de las nuevas cargas fiscales.

Pero como el sistema financiero no estaba del todo satisfecho, aprovechando coyunturas especulativas de los mercados y una nueva oleadas de neocons que susurran a nuestras espaldas, el pasado 9 de mayo se decide que España debe reducir un 0,5% más de lo previsto el déficit durante el presente ejercicio de forma que resulte un 9,3%, y el próximo año otro 1% adicional para dejar el déficit en el 6,5%. El Ecofin ordena recortar el déficit, no reducir el gasto. Pero los liberales de Moncloa se ponen manos a la obra para reducirlo, como si esa reducción fuera la única herramienta para recortar el déficit, obviando otros instrumentos de política fiscal, como el de incrementar los ingresos de la hacienda pública.

Y, es en este contexto donde el presidente del Gobierno expone las medidas para reducir el déficit. A saber, los 15.000 millones se reducen del recorte de inversión pública; de la reducción de sueldos de los empleados públicos en 2010 y congelación en 2011; del llamado cheque bebé; de recorte de gasto en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos; de ahorros en medicamentos; y de la congelación de pensiones para el 2011. Ninguna medida hace referencia a un incremento de ingresos por parte del Estado.

Pero como sabemos por los datos de 2006 (los últimos publicados), el 88% de la recaudación de la Agencia Tributaria procede de las rentas del trabajo. De este 88%, el 4% procede de rentas superiores a 60.000 euros, con un tipo impositivo del 43%, el más bajo de nuestro entorno. La elevación del tipo impositivo para estas rentas en tan solo 3 puntos, como ocurre en nuestro entorno, haría innecesaria la congelación de las pensiones, ya que el Estado ingresaría lo mismo que lo que recorta.

Sin embargo, el Gobierno no prevé ninguna reforma del IRPF, con lo que las grandes fortunas de este país siguen salvaguardadas de cualquier recorte de su status. Y el mejor ejemplo lo tenemos con las Sociedades de Inversión de Capital Variable, las denominadas SICAV, de las que en España hay censadas 3.300 que gestionan un patrimonio cercano a los 25.000 millones de euros y que tributan en el Impuesto de Sociedades al 1%, en tanto que las plusvalías retiradas por sus participes lo hacen al 18%, muy por debajo de las rentas del trabajo.

Y no nos olvidamos de la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio eliminado en 2008 y que supuso en su último ejercicio una aportación de 1.800 millones de euros que aportaban sujetos pasivos que no son afectados por los recortes, o la desaparición del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en el que las Comunidades Autónomas han hecho un sprint por ser las primeras en exponer su trofeo. A tenor de estos datos, es fácil concluir que en España se vive bien si no eres trabajador ni pensionista.

* Secretario de Política Institucional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias.

Jaime Moujir García*

Para ello, se decidió eliminar la deducción de 400 euros de rentas del trabajo que supone un ahorro para las arcas públicas de 6.000 millones de euros, elevar el tipo impositivo de las rentas del ahorro del 18% al 20%, lo que conlleva unos ingresos de 900 millones de euros y, finalmente, un incremento del IVA de dos puntos que sirve para que la hacienda pública recaude 5.000 millones de euros. De estas medidas se deduce que son los tramos medios de rentas, provenientes principalmente de los trabajadores y del consumo de los ciudadanos, los que se hacer cargo del control presupuestario. Y los rentistas de capital mobiliario e inmobiliario, así como las grandes fortunas, quedan indemnes de las nuevas cargas fiscales.

Pero como el sistema financiero no estaba del todo satisfecho, aprovechando coyunturas especulativas de los mercados y una nueva oleadas de neocons que susurran a nuestras espaldas, el pasado 9 de mayo se decide que España debe reducir un 0,5% más de lo previsto el déficit durante el presente ejercicio de forma que resulte un 9,3%, y el próximo año otro 1% adicional para dejar el déficit en el 6,5%. El Ecofin ordena recortar el déficit, no reducir el gasto. Pero los liberales de Moncloa se ponen manos a la obra para reducirlo, como si esa reducción fuera la única herramienta para recortar el déficit, obviando otros instrumentos de política fiscal, como el de incrementar los ingresos de la hacienda pública.