Mercadillo de Tegueste

Una de las características más llamativas de la política institucional de muchos ayuntamientos es su incapacidad para apoyar en el tiempo proyectos de interés para el emprendimiento local. En ocasiones pienso si la desconsideración hacia estas iniciativas económicas no será una insuficiencia congénita que se fue desarrollando en la medida en que se incrementaba el interés por inaugurar grandes obras con tijeras y banderitas, pero lo cierto es que esa tara se repite en muchos municipios de nuestra geografía insular.

En Santa Cruz de Tenerife esta indolencia la vivimos a diario, por ejemplo, con la negativa del equipo de Bermúdez a reactivar la economía del barrio de García Escámez, a pesar de la oportunidad que brinda el mercado de La Abejera; la desidia con el proyecto de red de huertos urbanos; su pereza en la potenciación de la agricultura y del ecoturismo en la zona de Anaga o de El Tablero; su miopía al no practicar el fomento de la rehabilitación en barrios históricos como El Toscal, y así un largo etcétera.

Son apuestas locales que requieren de una gran capacidad de gestión, mucho consenso y poca demagogia, que reclaman muchas horas de trabajo y pocos titulares, y, como sabemos, estos aditivos alejan, con frecuencia, a más de un alcalde con unas lentes graduadas a vista de cuatro años.

Desde mi punto de vista, en esa tesitura se encuentra el mercadillo de Tegueste, donde, a partir de la polémica suscitada por la propuesta de reglamento de funcionamiento elaborada por el grupo de gobierno, comienza a percibirse ese vicio institucional de, a las primeras dificultades, abandonar proyectos que cumplen un papel esencial en la red económica local, al que hay que añadir el inalterable defecto de echarles la culpa a otros.

En el debate municipal de este reglamento, la concejala de Sí se puede, María Teresa Fernández, puso el contrapunto a esa tendencia proponiendo soluciones y alternativas que evitaran perjudicar a las personas adjudicatarias del mercadillo. Pidió que se instara a las autoridades competentes a adaptar la normativa a las peculiaridades de esta actividad y propuso reformular el propio reglamento dado que el excesivo coste de una tasa municipal (se propone pagar por los puestos como si fueran locales privados) hacía inviable la pervivencia del mercadillo, pero también solicitó modificar el reglamento para incrementar la participación de los vendedores en los órganos de decisión. Sí se puede centraba su defensa en que era necesario decirles a los vendedores que hay alternativas y que existen otros mercadillos que funcionan en la isla gracias a políticas locales que arropan estas iniciativas. Sus propuestas fueron rechazadas de plano por el equipo de gobierno.

La concejala María Teresa Fernández dijo en el pleno del pasado día 29 de enero que “Sí se puede estará donde haya un problema para buscar soluciones o apoyar a cualquier colectivo social en el municipio”: ese es el quid de la cuestión.

Una de las características más llamativas de la política institucional de muchos ayuntamientos es su incapacidad para apoyar en el tiempo proyectos de interés para el emprendimiento local. En ocasiones pienso si la desconsideración hacia estas iniciativas económicas no será una insuficiencia congénita que se fue desarrollando en la medida en que se incrementaba el interés por inaugurar grandes obras con tijeras y banderitas, pero lo cierto es que esa tara se repite en muchos municipios de nuestra geografía insular.

En Santa Cruz de Tenerife esta indolencia la vivimos a diario, por ejemplo, con la negativa del equipo de Bermúdez a reactivar la economía del barrio de García Escámez, a pesar de la oportunidad que brinda el mercado de La Abejera; la desidia con el proyecto de red de huertos urbanos; su pereza en la potenciación de la agricultura y del ecoturismo en la zona de Anaga o de El Tablero; su miopía al no practicar el fomento de la rehabilitación en barrios históricos como El Toscal, y así un largo etcétera.