La originalidad, á, á, á

Señalar a los cabildos como base de una posible organización político-administrativa canaria no es original. Ya se les ocurrió a los castellanos en el siglo XV al instituir los primitivos cabildos, los que llegaron a finales del XVIII debilitados por la confrontación secular con las autoridades reales y la incapacidad de las oligarquías que los controlaban. No es menos conocido que desaparecieron con la Provincia única, la que abrió el pleito insular en el que Canarias perdió todo el siglo XIX. Hasta que a principios del XX se volvió a ver en los cabildos el modelo territorial adecuado, dando lugar a la ley de 1912, una de las tempranas realizaciones de las ideas autonomistas que comenzaban a circular en la época. Ver un deseo de originalidad en las referencias a algo tan trillado indica escasez de conocimientos o mala fe, a elegir.

Tampoco son originales las razones que explican el fracaso de la ley de 1912. La primera causa, el desinterés de las oligarquías tinerfeña y grancanaria en que la ley desplegara sus potencialidades. Era peligrosa para su hegemonía regional, pues fue, la ley, una iniciativa autonomista de las llamadas “islas menores” para zafarse del pleito de las dos mayores, que no les iba ni les venía.

La segunda causa, la falta, ayer como hoy, de una clase política con visión de futuro. La propuesta que contenía la ley de Cabildos era demasiado avanzada en una sociedad caciquil y me temo que lo sigue siendo todavía. Y la tercera, las dramáticas circunstancias del siglo XX, poco propicias siempre a la consolidación de una estructura político-administrativa de base autonómica: a la ley de 1912 siguieron la primera guerra mundial; las crisis económicas de los 20, con la emergencia de los fascismos y el crack de 1929; la segunda contienda mundial, precedida de la guerra civil española prolongada hasta ayer mismo.

Tampoco la democracia dio su oportunidad a los cabildos. A punto de ser eliminados, escaparon de la quema, pero quedaron en el Estatuto de Autonomía más desnaturalizados, si cabe, de lo que estaban. Por ejemplo, al ser privados de capacidad recaudatoria, su dependencia financiera del Gobierno es total; y si ese Gobierno está imbuido, como dije el otro día, del espíritu del sistema centralista provincial que ya permite asomar a la Provincia única como recuperación del ideal perdido en los sectores áticos donde respira el lector, apaga la luz y vámonos.

Argumenta el lector que en los años 80 El Día también apostaba por los cabildos. No entraré en la idiotez de una guerra de fechas que a nada conduce. Sólo diré que veinte años antes, a finales de los 60 y principios de los 70, por no remontarme más, mi idea del posible papel de los cabildos andaba en el Seminario de Derecho Administrativo Canario, que dirigiera en La Laguna Alejandro Nieto. Respecto a aquellos editoriales del periódico hoy independentista, madre, confunde mi hombre ajos y coles.

La Falange joseantoniana proponía la nacionalización de la Banca y sólo al que asó la manteca se le ocurriría equiparar tal propuesta a la que pudieran hacer comunistas o socialistas con el mismo enunciado. No sabe o pretende ocultar que El Día sólo reflejaba en ellos la política ática del momento. Habrá de recordarse que ATI surgió para hacer del Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz trinchera insularista contra la autonomía que, según ellos, controlaría Gran Canaria. Era su objetivo confesado.

Luego ATI se haría con el Gobierno regional, con la ayuda y el apoyo de políticos grancanarios, y olvidó con la misma su cabildismo. Tenía el poder, bien cogidos por el bebe a todos los cabildos, junto a la posibilidad de darle trato de favor al de Tenerife y no iba a tirar piedras sobre su propio tejado. Y dejó el periódico de ocuparse del asunto porque no había detrás línea de pensamiento alguno, sino el oportunismo de lo que más conviene en cada momento y sus contradicciones.

Todo lo que digo está a la vista de quien tenga un poco de memoria y disponga de archivo y algo de hemeroteca. No me queda más remedio que remitirme de nuevo a Entender Canarias, dada la imposibilidad de entrar aquí en más explicaciones y en las citas bibliográficas allí consignadas para quienes deseen saber más. Pura publicidad, lo reconozco, pero es que lo obligan a uno.

Señalar a los cabildos como base de una posible organización político-administrativa canaria no es original. Ya se les ocurrió a los castellanos en el siglo XV al instituir los primitivos cabildos, los que llegaron a finales del XVIII debilitados por la confrontación secular con las autoridades reales y la incapacidad de las oligarquías que los controlaban. No es menos conocido que desaparecieron con la Provincia única, la que abrió el pleito insular en el que Canarias perdió todo el siglo XIX. Hasta que a principios del XX se volvió a ver en los cabildos el modelo territorial adecuado, dando lugar a la ley de 1912, una de las tempranas realizaciones de las ideas autonomistas que comenzaban a circular en la época. Ver un deseo de originalidad en las referencias a algo tan trillado indica escasez de conocimientos o mala fe, a elegir.

Tampoco son originales las razones que explican el fracaso de la ley de 1912. La primera causa, el desinterés de las oligarquías tinerfeña y grancanaria en que la ley desplegara sus potencialidades. Era peligrosa para su hegemonía regional, pues fue, la ley, una iniciativa autonomista de las llamadas “islas menores” para zafarse del pleito de las dos mayores, que no les iba ni les venía.