La patronal turística va fijando posición

El Gobierno de Canarias, por medio de la consejería de Turismo y Empleo, promueve un proceso de consulta previa sobre el futuro proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de las viviendas. El plazo para participar finaliza el próximo lunes 26 de noviembre.

Después de cuatro jornadas informativas llevadas a cabo en las dos islas capitalinas, Lanzarote y Fuerteventura, llama la atención que la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) haya dado un paso para ir fijando posición sobre el que se presume un debate importante para el futuro de Canarias, teniendo en cuenta la magnitud del problema en las islas: el incremento de los precios y la reducción de la oferta de vivienda para uso residencial, ponen de relieve las dificultades para encontrar –con la obligada participación de las administraciones públicas- una solución equilibrada y adecuadamente planificada.

Bien es verdad que la patronal hotelera se ha preocupado de lamentar el que considera “ruido” generado por propietarios particulares que se inclinan por llevar el debate al mplano personal, tal como parece desprenderse de los contenidos registrados en las citadas jornadas. 

Ashotel valora que el proceso de consulta, que es un requisito preceptivo para cualquier tramitación de ley, en esta ocasión ha sido objeto de una mayor difusión, pues el Gobierno considera que es de suma importancia la participación ciudadana. Vamos a ver si se cumple esta declaración.

Según una nota dada a conocer días pasados, el empresariado turístico de la provincia tinerfeña considera que falta una visión acerca de lo que significa el interés general para nuestra sociedad. Y de la misma forma que el propietario de una parcela turística de uso hotelero está sujeto a normas que definen cuándo, cómo y de qué forma puede construir un establecimiento alojativo, los propietarios de viviendas que quieren desarrollar en ellas un producto turístico también deben estar sujetos a normas que regulen cuántas, dónde y de qué forma se puede llevar a cabo su explotación turística.

El gobierno autónomo estima que ya hay registradas ciento noventa y seis mil plazas de esta modalidad, viviendas vacacionales, frente a las trescientas sesenta y siete mil de la oferta reglada. El incremento de las vacacionales ha puesto de manifiesto que esa tónica ascendente se ha hecho sin una regulación clara que tenga en cuenta “criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental”, tal y como ha expresado el director general de Ordenación, Formación y Promoción turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, en el curso de las citadas jornadas.

Ashotel considera que este fenómeno de la vivienda vacacional, que ha llegado para quedarse como modelo demandado por quienes visitan las islas, se ha desarrollado, no obstante, sin una normativa clara y está provocando problemas de gentrificación y turistificación en muchos núcleos de población y ha desplazado a muchas personas trabajadoras del sector turístico a otras zonas más alejadas de sus puestos de trabajo, con el consiguiente problema añadido de la movilidad por carretera.

La patronal turística insiste en que ve “más que necesaria una regulación que deje patente en qué zonas puede desarrollarse esta actividad, en cuáles no y qué requisitos deben cumplir estas viviendas de uso turístico”.

El Gobierno de Canarias, por medio de la consejería de Turismo y Empleo, promueve un proceso de consulta previa sobre el futuro proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de las viviendas. El plazo para participar finaliza el próximo lunes 26 de noviembre.

Después de cuatro jornadas informativas llevadas a cabo en las dos islas capitalinas, Lanzarote y Fuerteventura, llama la atención que la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) haya dado un paso para ir fijando posición sobre el que se presume un debate importante para el futuro de Canarias, teniendo en cuenta la magnitud del problema en las islas: el incremento de los precios y la reducción de la oferta de vivienda para uso residencial, ponen de relieve las dificultades para encontrar –con la obligada participación de las administraciones públicas- una solución equilibrada y adecuadamente planificada.