PGO: procede intervención y suspensión cautelar

¿Y ahora, qué?, se titulaba un artículo de los muchos que han visto la luz a la vera de este maquiavélico PGO, ¿qué procede, que va a pasar? Personalmente me he planteado a mi mismo esta pregunta muchas veces, hasta en sueños, y mis respuestas siempre han caminado muy entroncadas con la Justicia, ese poder tan vital en una democracia, que, por estar escasamente dotado, no se si de forma premeditada, marcha a paso de tortuga. ¿Dónde está la Fiscalía Anticorrupción? ¿Puede un Pleno de un Ayuntamientos acordar por mayoría matar o expoliar a unos pacíficos y honrados ciudadanos y la Justicia hacer la vista gorda? Evidentemente, ¡NO!

¿Qué calificativo se le debe dar a esta vil acción emprendida, ya sea ahora o en un PGO anterior, pérdida casual del valor de su propiedad, contribución a una situación de crisis profunda, debida aportación para acrecentar las diferencias sociales o expolio? Me decanto por esto último, a mi modo de ver es lo que más se ajusta a lo sucedido. Y es que, sean de ahora los fuera de ordenación o vengan de atrás, en este nuevo PGO, dada la gran importancia de las viviendas afectadas para sus propietarios, se les tenía que haber comunicado de forma fehaciente a cada uno de ellos, dándoles, por lo menos, la opción a presentar alegaciones en tiempo y forma.

Y no vale con decir, por ejemplo, que se anunció en el Boletín correspondiente, porque a estos acceden muy pocas personas, personas que, por otro lado, en el convencimiento de que en su día compraron casas legales, que están debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad y al corriente en el pago de sus impuestos, jamás se podían imaginar esta increíble situación. Existen recientes despojos con los que nos podemos hacer una composición de lugar y comprobar que aquí está sucediendo algo similar. Vean si no lo sucedido en Montaña Morera o en Las Huertas y como sus propietarios se enteraron por casualidad que habían sido expoliados, que si no hoy lo tendrían jodido, aunque todavía, y aún con sentencias favorables en máxima Instancia, siguen puteados.

Pero, ante las gravísimas situaciones que se han producido en los últimos tiempos en Tenerife y en Canarias, hay razones sobradas para estar muy vigilantes. Procede que se dicte una inmediata suspensión cautelar del PGO aprobado, en evitación, sobre todo, de que se concedan urgentes licencias de construcción a esos solares que se benefician de los recortes impuestos a los edificios situados fuera de ordenación. Y esto, para no caer, otra vez, en las cada vez más usuales indemnizaciones o lucros cesantes, que están golpeando despiadadamente las arcas públicas. No debemos olvidar experiencias muy cercanas en el tiempo, caso mamotreto, marina privada de Valleseco, Tebeto, etc., pues da la clara sensación de que se conceden a velocidad de vértigo, para, precisamente, atar posteriores compensaciones.

Insisto, procede que intervenga la Fiscalía, y que lo haga de oficio, ante la gravedad de los hechos. No puede ser que una familia que compró su vivienda con muchos esfuerzos y privaciones, afrontando hasta incluso un préstamo hipotecario que finalmente duplicó su coste, ahora se vea expoliada de esta forma, con pérdidas considerables, simplemente porque unos políticos así lo deciden entre ellos, ¡no es ni mínimamente admisible! Si la hipoteca ya la saldaste, a joderse toca, pero si la estás pagando todavía, seguro que te acordarás de aquel, tal vez un comercial del propio Banco, que en su día te aconsejó comprar en vez de alquilar, por eso del patrimonio, ese mismo patrimonio que ahora te quieren birlar, ¡si lo se no vengo! A bote pronto y con someros cálculos, el expolio global podría rondar, de largo, los cientos de millones de euros, si tomamos como base de cálculo un tercio de los edificios, que son los que parecen estar fuera de ordenación y ahora pregunto, ¿creen que esta importante cifra y esa deleznable acción, es merecedora de una urgente intervención y de la suspensión cautelar del PGO?

* Presidente de la Plataforma de Defensa del Puerto de Santa Cruz

Cándido Quintana*

¿Y ahora, qué?, se titulaba un artículo de los muchos que han visto la luz a la vera de este maquiavélico PGO, ¿qué procede, que va a pasar? Personalmente me he planteado a mi mismo esta pregunta muchas veces, hasta en sueños, y mis respuestas siempre han caminado muy entroncadas con la Justicia, ese poder tan vital en una democracia, que, por estar escasamente dotado, no se si de forma premeditada, marcha a paso de tortuga. ¿Dónde está la Fiscalía Anticorrupción? ¿Puede un Pleno de un Ayuntamientos acordar por mayoría matar o expoliar a unos pacíficos y honrados ciudadanos y la Justicia hacer la vista gorda? Evidentemente, ¡NO!

¿Qué calificativo se le debe dar a esta vil acción emprendida, ya sea ahora o en un PGO anterior, pérdida casual del valor de su propiedad, contribución a una situación de crisis profunda, debida aportación para acrecentar las diferencias sociales o expolio? Me decanto por esto último, a mi modo de ver es lo que más se ajusta a lo sucedido. Y es que, sean de ahora los fuera de ordenación o vengan de atrás, en este nuevo PGO, dada la gran importancia de las viviendas afectadas para sus propietarios, se les tenía que haber comunicado de forma fehaciente a cada uno de ellos, dándoles, por lo menos, la opción a presentar alegaciones en tiempo y forma.