Sobre plátanos y telescopios

Defender los intereses de Canarias es comprometerse con la financiación y funcionamiento de los servicios públicos, con la calidad del empleo, con la preservación del territorio y de la naturaleza, con la extensión de las energías renovables, con el desarrollo sostenible y, en definitiva, con el incremento del bienestar de la población de las Islas. Es, también, apoyar decididamente a los sectores económicos o diversificar la economía. De la protección de los intereses de los pequeños productores de plátanos al apoyo a los más sofisticados telescopios, pasando por la bonificación al combustible para el transporte profesional o el fomento de nuevos cultivos. Y hacerlo desde el Gobierno o desde la oposición. 

 

De esos temas, tan dispares, quiero hablarles aquí. En primer lugar, sobre un asunto que afecta al plátano. Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) impulsó en la Comisión de Agricultura del Parlamento una Proposición no de Ley (PNL) para modificar la ayuda del Posei al plátano (que asciende a 141 millones de euros anuales). Presentada a principios de julio, fue suscrita el miércoles 24 de ese mes por la totalidad de los grupos que integran la Cámara canaria. Con ella queremos modificar esta ayuda para favorecer a los pequeños productores -que son la inmensa mayoría de los 7.500 agricultores que cultivan plátanos en las Islas- frente a los grandes propietarios. 

 

Se impide la ayuda a nuevas plantaciones, se limita la producción con derecho a ayuda a 65.000 kilos por hectárea y se amplía de dos a tres años la revisión del cálculo de la cantidad de referencia de cada productor con derecho a ayuda. Con el criterio de que el 50% sea la cantidad consolidada que se tenía en el periodo anterior (el “histórico”) y el resto se hará a razón de un 16,66% anual en cada uno de los tres años elegidos para el nuevo cálculo.

 

Proteger al plátano, fomentar nuevos cultivos

Aunque nuestra propuesta era más ambiciosa (60% el consolidado y 13,33% anual) y aumentar la ayuda Posei a los productores al aire libre frente a los de invernadero -con positivos efectos medioambientales-, la aprobación de la PNL es un avance para evitar la sobreproducción de los últimos años, la incorporación de nuevas superficies por parte de los que tienen dinero para comprar fincas con el derecho a la ayuda (produciéndose una mayor concentración de la producción en pocas personas) y una reducción de la ayuda limitada a 420.000 toneladas al año.

Esta modificación contaba con el apoyo de todas las organizaciones agrarias (ASAGA, COAG, Palca y UPA) y por dos de las seis organizaciones de productores que forman la estructura de Asprocan. Tenía, eso sí, la oposición de la dirección de Asprocan, de los grandes propietarios, que consideran que les corresponde a ellos la regulación de la ayuda de los 141 millones de dinero público y no a las administraciones que deben velar porque se cumpla con los objetivos por la que se concede: favorecer a los miles de pequeños productores de plátano, mayoritariamente en explotaciones familiares, y el mantenimiento del cultivo.

 

Considero que la aprobación de la PNL apunta en la dirección correcta y que, con amplio consenso, hemos conseguido una importante mejora para el sector. Aunque Asprocan sigue mostrando su rechazo y ha encontrado un importante aliado a sus particulares intereses en Coalición Canaria de La Palma, como siempre defendiendo a los más poderosos. 

 

Por otra parte, y fruto del trabajo de la Viceconsejería de Hacienda y de la implicación de la Presidencia del Gobierno en la anterior legislatura, la Comisión Europea acaba de autorizar, por primera vez, una “ayuda de estado” a una cooperativa agraria para poner en marcha 100 hectáreas de nuevos cultivos subtropicales en Canarias, recuperando tierras abandonadas. Esta ayuda tiene como beneficiaria a la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria, y en su resolución se hace un extenso análisis económico y medioambiental del proyecto, para considerarlo compatible con el mercado interior. El importe de la ayuda es de 6,4 millones, financiado con fondos del Gobierno de Canarias. El coste estimado del proyecto es de 15,7 millones, por lo tanto, la intensidad de la ayuda puede llegar al 40,7 % de los costes reales.

 

La base jurídica de la medida es el Borrador de Orden por la que se concede

una subvención directa a Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria y

a determinados socios de esta para la ejecución de un proyecto de producción de 100 hectáreas de frutas subtropicales (45 ha de mango, 40 de aguacate y 15 de papaya). La ayuda también cubriría las inversiones en las instalaciones de la Cooperativa correspondientes de manipulación y envasado de la fruta para su comercialización, además de apoyar el establecimiento de jóvenes agricultores.

 

Telescopios, uso eficiente de la RIC

Otro tema que quería comentar se refiere a un proyecto público-privado liderado por la empresa Light Bridges y financiado en su totalidad de forma privada con “Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) colectiva” (permitida por el art. 27.4.D.3 de Ley REF de materialización indirecta, agrupando para ello a varios tenedores de RIC que no tienen proyectos), autorizado en la anterior legislatura por la Viceconsejería de Hacienda. 

 

Se trata de cuatro telescopios con una inversión de 15 millones, con 34 pequeños inversores. Para instalarse en el Observatorio del Teide han necesitado el permiso del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), a cambio de cederle tiempo de observación de los telescopios. El negocio económico de estos proyectos consiste en vender tiempos de observación del cielo a instituciones internacionales públicas y privadas, fundamentalmente de EEUU, China e India. Observación que se hace “en remoto”, sin tener que desplazarse a Canarias. 

Se trata, en mi opinión, de un interesante y buen uso de la RIC. Destinado a financiar actividad científica que genera retornos económicos, atrae talento investigador y es una tarea completamente sostenible. Además de que, paralelamente, también se produce innovación en el buen uso de los incentivos fiscales del REF. Por ejemplo, consiguiendo que la Agencia Tributaria estatal entienda que “el tiempo de observación ”debe ser considerado un “bien corporal”, como los productos agrícolas e industriales, a efectos de poder aplicar el artículo 26 de la Ley 19/1994 del REF que permite deducir el 50% de la cuota íntegra del impuesto de sociedades.

 

Es el proyecto más innovador y uno de los que me encuentro más satisfecho de la veintena de materialización “colectiva o indirecta” de la RIC que autorizamos desde la Viceconsejería de Hacienda del Gobierno de Canarias que dirigía Fermín Delgado. También se autorizó en esa etapa otro interesante proyecto, denominado Astropoc, que consiste en producir con las imágenes obtenidas “en el tiempo de no uso de los telescopios”, un centro de procesamiento de datos para la Astronomía, que se puede vender a los centros internacionales que estudian el universo. 

 

Bonificación combustible profesionales

Por otra parte, NC-bc acaba de presentar en el Parlamento de Canarias una Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo. Lo hacemos tras haber conseguido con anterioridad la aprobación de una proposición no de ley (PNL) sobre este asunto, sin que el Gobierno canario hiciera nada para desarrollarla. 

 

Con la PL ahora presentada pretendemos garantizar durante 2024 la bonificación del 99,9% de la cuota del impuesto especial sobre combustibles derivados del petróleo a transportistas profesionales, agricultores y ganaderos. Esta medida, que tiene un coste fiscal asumible para la Comunidad Canaria (10-12 millones de euros anuales), alivia la situación de estos sectores -en cuyos costes de producción tienen una alta incidencia el precio de los carburantes -y contribuye a frenar la inflación. 

 

La puso en marcha la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Pacto de Progreso en marzo de 2022. Ampliada luego hasta diciembre de 2022 y, en posteriores prórrogas, llegó hasta septiembre de 2023. El no haber decidido prorrogarla por parte del actual Ejecutivo canario para este año 2024 afecta negativamente a 20.000 pequeñas y medianas empresas y autónomos de camiones, guaguas, ambulancias, VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) y taxis, así como agricultores y ganaderos.

 

En definitiva, en la acción gubernamental o en la actividad parlamentaria, en el Gobierno o en la oposición, en NC-bc tratamos siempre de defender los grandes temas, pero también los que afectan a los pequeños productores agrícolas, impulsando además el desarrollo de nuevos cultivos. Aliviando la situación que atraviesan transportistas, agricultores y ganaderos, así como potenciando actividades económicas innovadoras de primer nivel mundial. Construyendo la Canarias del presente y del futuro desde los más diversos ámbitos. Haciendo buena política, que es la que, en pequeños y grandes asuntos, defiende el interés general.

 

Román Rodríguez es presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-Bc).