Pobreza en Canarias (I): ¿y los niños sufren lo que deben?

Comienzo aquí una serie de artículos en los que voy a abordar a los principales actores que sienten y padecen la tan traída y llevada -y nunca solucionada- pobreza en Canarias. Y empiezo por los niños, por dos razones: la primera porque son lo mejor y más preciado de nuestra sociedad, son nuestro futuro, y le debemos el mayor de los cuidados; la segunda porque lo he sufrido directamente por muchas madres a las que he tenido que ver llorar de angustia y hasta morir de desespero, literalmente, ante el rodillo legal de unas Administraciones que nada entienden. Porque muerta, muerta fue como conocí a Raquel, hace ya unos años, me avisó un amigo, contacté con su padre, denunciamos el caso, por desgracia ya era tarde. Raquel, joven canaria de una de nuestras dos capitales, sufría por no tener suficiente dinero para cuidar a sus dos hijos, y ante la falta de soluciones del consistorio picó en un morboso programa de la Televisión Pública Canaria en el que prometían ayudar a la gente si salía llorando un poco y dando pena y ella salió en televisión, y lloró, pero tuvo mala suerte, no había nadie solidario viendo el programa esa tarde, y no le ayudaron tampoco aquí. Eso sí, a la vuelta se encontró con algunas funcionarias de la administración “avisándola” convenientemente de lo mal que había hecho por ir a ese programa, y todo, como casi siempre, sin ningún papel escrito, sin ninguna explicación clara. Imagino el miedo, el terror que debía estar soportando esta joven madre, temiendo que le quitaran los que más quería, y así, un día, al parecer tras algún aviso de comparecencia de los señores de Menores, Raquel se arrojó al vacío desde un edificio muy alto y se mató.

Raquel no era una mala madre, sólo necesitaba dinero, un poquito más, sólo un poco, para poder cuidar a sus dos hijos. Raquel ya no está, no volverá, sus hijos no podrán abrazarla más, su padre ya casi tampoco está, destrozado para siempre, y aquí falló la Administración. Las Administraciones canarias mataron a Raquel, y todavía no he visto ni sé de nadie que le haya pedido perdón a ese padre. Bueno, sí, la periodista que presentaba el repugnante y fatal programa, acudió a nuestra rueda de prensa de denuncia y lloró desconsolada, y le pidió perdón a Juan Ramón, su padre, aquella mañana.    

Y así, empecé a saber cómo se las gastan en nuestras administraciones con este delicado asunto de los menores, donde se repite muchas veces el mismo patrón: 1) madre o padres precarios, casi siempre jóvenes; 2) faltas de ayudas suficientes de las administraciones; 3) expedientes de seguimiento (de riesgo con posible desamparo) a los menores, sin información clara ni derecho a defensa; 4) terror, pánico, resistencia, huida, Raquel, a veces ayudan, y en muchos casos ruptura de la familia -justificada o no-, por separación de los hijos de sus padres. Y así empecé a saber, no porque alguien interesado en hacer daño a las administraciones me lo contara, es que así lo llevo viviendo en estos años directamente en las madres y en los padres que me solicitaban ayuda, que nos solicitaban ayuda, a la Plataforma por la Dignidad y sobre todo a la asociación Deniper de las que son fieles valedoras mis amigas Elsa Baute (presidenta) y Margarita López (abogada). Y no digo que no haya casos en los que esté justificado retirarle un menor a sus padres, y admito que en ocasiones el expediente de riesgo resulta positivo para esa familia, pero por desgracia son muchos los errores que hemos comprobado en el sistema, que me hacen pensar que es algo que va bastante más allá de fallos puntuales sin dolo ni culpa.   

Podemos repasar así algunos casos más. Recuerdo otro, fue mediático, y gracias, por ellos se pudo frenar. Un matrimonio joven, humilde, de Añaza (Santa Cruz de Tenerife), con trabajo y con casa, no se entiende, aún así estaban detrás de la madre incluso antes de dar a luz a su primer hijo. Me pregunto cómo podrían saber que era mala madre si todavía no tenía hijos. Pero el médico del hospital no quiso que le quitaran al niño, quizá porque vio que eran un matrimonio muy bien avenido que en nada hacía sospechar peligros para el niño. Lo que pasa es que estos hombres y estas mujeres de gris no se detienen tan fácilmente, y al poco estaban en su casa tocando a la puerta con una furgoneta y un carrito de bebé para llevárselo. Hizo falta movilizar a todo el barrio, recogimos miles de firmas y hasta intervino un famoso diputado para que la cosa se frenara. Y se frenó, y no le quitaron al niño. Años después, también en Añaza, intentaron hacer lo propio con otra familia, precaria, humilde, el bebé sufre una indisposición y sus padres lo llevan al hospital, allí lo retienen durante días contra la voluntad de sus progenitores, sin escritos, sin argumentos, sin razones. De nuevo hay que movilizar a mucha gente en Canarias y fuera de Canarias, escritos y fax masivos al gerente del hospital, denuncia pública de la retención ilegal del menor, intervención de dos diputadas autonómicas, y al final tampoco esta vez le quitan al niño, como pretendían.

Y aquí podría estar horas, describiendo los muchos casos de los que he sigo testigo privilegiado, si me permiten sólo dos más. Uno, el de una familia, matrimonio bien avenido, dos hijos, únicamente con problemas económicos, no pueden pagar el alquiler y se quedan sin casa. Acuden a los Servicios Sociales de una de nuestras grandes ciudades y les dan como solución separarlos, mandando al padre a un piso compartido y a la madre con los niños a un hogar para madres. A los pocos días ellos no se encuentran, sufren por la separación y deciden marcharse para estar juntos otra vez. Días después gracias a nuestra mediación conseguimos que el Ayuntamiento les pague una pensión por unos días, hasta que se encuentre una vivienda adecuada. Así, confiados los padres ignorantes de lo que les aguardaba, son llamados por teléfono por el Ayuntamiento para acudir a arreglar un papel de lo de la pensión. Cuando llegan se encuentran al equipo de menores, con policías y todo lo que parece el inicio del expediente de desamparo que da lugar a la retirada de los niños. El padre nos llama en ese instante por teléfono aterrorizado ante lo que esta pasando, y no nos queda otra que decirles que salgan corriendo y huyan y vayan al colegio a por sus hijos antes de que lleguen los señores de gris, y escapen lo más lejos que puedan de ese Ayuntamiento. Una frase se me quedó grabada de ese padre: “maldita la hora en la que fui a pedir ayuda a Servicios Sociales, nunca más”

El último caso, tanto o más sangrante que el anterior, otro matrimonio bien avenido con varios hijos menores, también con problemas económicos, aunque con casa. Tienen además problemas de conducta con uno de sus hijos, no lo pueden controlar, y deciden presentarse en las dependencias de Menores del Gobierno de Canarias para hacer una entrega voluntaria, leen bien, “entrega voluntaria”, del menor, por un tiempo, hasta que se pueda reconducir su conducta y vuelva al hogar. Días después los padres son citados en el Ayuntamiento, y para su sorpresa -la madre se desmayó-, le dicen que tiene que entregar también a su hija pequeña, argumentando que si no han podido cuidar bien del hijo no podrán educar bien a la niña. Al comprobar los informes de Menores observamos que lo que había sido una “entrega voluntaria” del menor había sido transformado por algún técnico en un “abandono malicioso”, algo muy diferente y que acarrea directamente la retirada de cualquier menor a cargo. Y otra vez, gracias a la  intervención de la Asociación Deniper se le pudo dar la vuelta al caso, y hoy esa niña sigue feliz con su madre y con su padre, y el hijo mejora y parece que pronto volverá con su familia.

Y como estos cinco casos insisto, hay muchos más, y los que desconoceremos porque están en otras islas. Casi siempre, lo que subyace, la falta de recursos económicos -no retiran niños a padres adinerados- y una absoluta indefensión de las familias. Una primera consecuencia de esta mala praxis de la Administración es que muchas familias precarias saben lo que les puede pasar, y así, si viven de ocupas, si son madres solas con problemas de vivienda y otros similares, no acuden nunca los Servicios Sociales, por miedo a que les quiten a sus niños.

Todo esto lo hemos denunciado mil veces en los Ayuntamientos, hemos llevado el tema al Parlamento de Canarias, exigimos que se cumpla la PNL que establecía la creación de la figura del Defensor del Menor..., ¡en el año 2006!, y ponemos sobre la mesa una y otra vez el absurdo que supone que hoy haya 1.600 niños tutelados por la Administración en Canarias, niños que cuestan a las arcas públicas un dineral al mes, niños de familias muchas con pocos recursos que habrían podido seguir felices con sus madres y padres -la mayoría bastante más felices que en un centro- si se les hubiera ayudado un poco, con una Renta Básica por ejemplo, con la PCI o una vivienda social. Una sencilla cuenta, pongamos que cada niño tutelado cuesta al mes unos 3.000 euros de media -aunque son más-, si hay 1.600 niños tutelados nos salen 4,8 millones de euros mensuales (57,6 millones al año). 4,8 millones de euros a 500 euros al mes, pongamos, de ayuda social, nos daría para que 9.600 madres y padres pudieran cobrar 500 euros para ayuda del sustento de la familia. Así, a veces cuando hablo de este tema pongo un ejemplo: si una fábrica de chocolate se queda sin cacao acabarán cerrando la fábrica y echando a los trabajadores a la calle; a los trabajadores poco les importa que el cacao venga de plantaciones de niños esclavos en África o de cualquier otro lugar, ellos necesitan cacao para mantener su trabajo. A buen entendedor...

En resumidas cuentas, algo, mucho, debe cambiar en relación a los menores en Canarias, el sistema es perverso y está viciado, el dinero se concentra donde no debería, se criminaliza a la gente pobre y lo están sufriendo sobre todo los niños. Nosotros, nosotras, Elsa, Margarita, Lolo y unos cuantos más, estamos haciendo lo que podemos, pero necesitamos que muchas más personas escuchen, entiendan y nos ayuden, está en juego nuestro futuro, son los niños, son solo niños.