Lo que más sorprende de la sentencia que condena al diputado canario Alberto Rodríguez es que los propios miembros del tribunal reconocen en su dictamen que no cuentan con ninguna prueba objetiva para hacerlo pero anteponen la palabra del policía acusador a la del parlamentario tinerfeño de Podemos.
Prestigiosos juristas como Martín Pallín o Pérez Royo se han mostrado contrarios a esta resolución judicial, que además coincide con un varapalo más del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra sentencias de jueces españoles.
Es curioso que en un Estado de Derecho donde se impone la presunción de inocencia se pueda condenar a alguien sin tener las pruebas fehacientes para hacerlo. Basta que un policía diga que Rodríguez lo pateó para que los excelentísimos magistrados del Tribunal Supremo condenen al reo sin presuponerle inocencia.
Por muy mal que pueda entenderse esa condición de presunto culpable, todavía podría tener un pase si siempre se antepusiera la declaración de un agente del orden por considerarlo representante de la autoridad.
Pero eso no es así. Hace unos años un nieto de Franco atropelló a dos guardias civiles en un control tras hacer caso omiso a las indicaciones de los agentes. Francis Franco fue absuelto porque en aquel caso los excelentísimos magistrados antepusieron la palabra del nieto del dictador a la de los supuestos agentes de la autoridad.
Resulta evidente que la inmensa mayoría de los componentes del Poder Judicial pertenece ideológicamente a la derecha conservadora y en algunos casos ultra. Prueba de ello es que solo una de las cuatro asociaciones de jueces en España puede considerarse progresista y además es minoritaria.
La Asociación Profesional de la Magistratura es la que representa a más jueces en España y es de talante marcadamente conservadora. Estos días se ha vuelto a ver el rejo al Tribunal Constitucional con las sentencias dictadas por el Estado de Alarma. El Tribunal se ha dividido entre la mayoría conservadora y la minoría progresista.
La primera fue elegida por el PP mientras que la segunda lo fue por el PSOE. En las últimas décadas siempre se ha hecho así pero actualmente el PP, como tiene mayoría afín en las instituciones judiciales pero no en las parlamentarias, quiere romper la baraja y pide ahora que los juristas del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional sean elegidos por los propios jueces.
Evidentemente esto tiene truco porque como se ha dicho los jueces españoles son mayoritariamente conservadores o ultraconservadores. El PP se vería cómodo con un poder judicial elegido por esos mismos jueces, que a su vez fueron designados por ellos, sobre todo cuando tiene varios casos abiertos de corrupción en ciernes. Este jueves la Audiencia Nacional ha condenado de nuevo el PP y a Bárcenas por corrupción.
Para tener un poder judicial legítimo y creíble es necesario que los jueces no se politicen y sí se comporten como auténticos profesionales independientes y ecuánimes. Es mayor problema politizar la justicia que judicializar la política. Así llevamos cuatro décadas mareando la perdiz y al final será la perdiz la que nos maree a nosotros.