La realidad de la violencia de género

Durante 2018 en Gran Canaria fueron atendidas en la Red Insular de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género, unas 3.400 mujeres y más de 200 menores. Cincuenta y dos mujeres han sido asesinadas en España en 2019 (más que en todo 2018) a manos de sus parejas o exparejas (8 de ellas en Canarias), también tres niños (1 de ellos en Tenerife) y cuarenta y tres niños y niñas han quedado huérfanos. El dato es especialmente duro porque la última víctima fue asesinada el mismo lunes 25 de noviembre, en el día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.

Los datos ponen de manifiesto que los esfuerzos que se vienen realizando en los últimos años y décadas no están dando los resultados esperados. Es verdad también que con la excusa de la crisis, las políticas neoliberales han propiciado el desmantelamiento de los servicios de atención, proyectos educativos, formación de especialistas…La realidad es que el problema no se soluciona, y por momentos incluso parece que empeora. Debemos analizar las políticas públicas sobre igualdad y violencia de género para detectar en qué estamos fallando y redoblar esfuerzos. Desde luego para exigir menos recortes a los servicios públicos y más medios.

Los sistemas legales de detección temprana y protección de las víctimas de violencia son una parte fundamental de las políticas en esta materia. En los últimos meses hemos sido testigos de diversas sentencias, en especial en lo referente a la violencia sexual, que han causado un profundo malestar social. Creo que es una muestra de que nuestro código penal se ha quedado obsoleto y que es urgente abordar su reforma, aunando todos los delitos sexuales para evitar que al final sea la víctima la que termine siendo juzgada, evaluando el grado de resistencia o consentimiento a la agresión que opuso. Es esto lo que recomendó la comisión de expertos penalistas creada a tal efecto.

El pacto de Estado contra la violencia de género es un paso importante, pero debemos dotarlo de los recursos necesarios, así como a las instituciones locales e insulares que tenemos encomendadas las competencias de atención a las mujeres víctimas de violencia. Deben contar con la dotación económica y de personal suficiente para poder dar una correcta atención. Hay que avanzar en la aplicación del Convenio de Estambul sobre violencia contra la mujer, especialmente en lo referente a una actuación coordinada de todos los organismos y servicios oficiales pertinentes y la sociedad civil. Debemos ser capaces de dar una respuesta global a la multiplicidad de situaciones de vulnerabilidad que se esconden detrás de la violencia de género e implicar a la sociedad civil, ya que esto es un problema de todas y de todos, y es imprescindible el compromiso para detectar la violencia, frenarla y evitar que las mujeres que la sufren se vean desamparadas.

Aunque la respuesta jurídica y legal tiene un papel fundamental en la lucha contra la violencia contra las mujeres, creo que es necesario alejarse de la idea de que la solución al problema vendrá por la vía punitiva. Haciendo un símil médico, podríamos decir que la vía jurídica es el tratamiento paliativo, pero no la cura a la enfermedad. Es imprescindible invertir en educación, pero no en términos genéricos, sino específicamente en educación afectivo-sexual, una de las grandes olvidadas en las políticas públicas educativas e incluso en las políticas públicas de igualdad. Tenemos, desde muy temprana edad, que enseñar a las personas a construir relaciones sanas en un plano de igualdad, a aprender a gestionar los sentimientos de rabia, dolor o frustración que se producen en las relaciones humanas de carácter afectivo. Esta es la única vía que puede ofrecer una solución estructural a este problema.

En ese sentido, y volviendo al Convenio de Estambul, se deja claro que la violencia implica promover la igualdad; que es necesario luchar contra todo tipo de discriminaciones (sexo, raza, género, color, religión, lengua, ideología, origen, nacionalidad, orientación sexual, edad, salud, discapacidad, etc); que se deben fomentar las ONG de mujeres; que la educación debe ser un instrumento básico de prevención; que se deben crear y potenciar servicios de apoyo generales y especializados; que la protección judicial debe ser de una absoluta garantía para las víctimas y los testigos; que se deben incluir como formas de violencia la violencia sexual, los matrimonios forzosos, las mutilaciones genitales, el aborto y la esterilización forzosos, el acoso sexual, la asistencia o complicidad y tentativa…

Desde el Gobierno del Cabildo de Gran Canaria lo tenemos claro, y por eso además de reforzar la red insular de atención a mujeres víctimas de violencia, que el año pasado atendió a 3.400 mujeres, hemos trabajado de manera coordinada con los ayuntamientos y los colectivos sociales, en el marco del Consejo Insular de Igualdad como espacio de elaboración consensuada de las políticas públicas. También estamos en permanente colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde iniciativas como la Cátedra de Derechos Humanos y Estudios Críticos de Género o el primer Congreso Internacional de Género que tuvo lugar este mismo mes en Agüimes. Fue el actual gobierno del Cabildo el que, por primera vez, puso en marcha una consejería que agrupaba tanto las competencias en violencia de género como las de igualdad, teniendo así por lo tanto la capacidad para abordar de manera integral este fenómeno, siguiendo así las recomendaciones de los tratados internacionales a los que antes he hecho referencia.

En la campaña de este año –diseñada por el área de Igualdad- hemos cambiado el enfoque habitual y nos hemos centrado en los hombres, ya que somos quienes principalmente debemos transformar nuestra forma de pensar y actuar. La campaña “El club de los hombres no violentos” utiliza los códigos del fútbol como ganchos visuales para interpelarlos e invitarlos a unirse al club. Además habiendo ya asumido la necesidad de erradicar la violencia física, en esta campaña hemos querido hacer hincapié en el tipo de violencia que no es física, la violencia que se ejerce con las palabras en el ámbito del hogar, la psicológica o la que está asociada al control y a la violación de la intimidad.

Nos encontramos además en un momento crítico, porque por primera vez desde que se empezó a tomar consciencia de la importancia de actuar contra la violencia de género, hay formaciones políticas con representación en prácticamente todas las instituciones, que cuestionan la propia violencia machista, que desmantelan las políticas públicas de atención y protección de las víctimas y llegan a hacer apología del machismo. La semana pasada nos enterábamos de que el ayuntamiento de El Ejido, en Almería, se retiraba del sistema “Viogen”, para el seguimiento de las víctimas de violencia machista, con el objetivo de “ahorrar en efectivos policiales”. Se acaban los calificativos para definir a quien pone en riesgo la vida de las mujeres con tan zafio argumento. Hay que ser firme e intransigente contra estas opciones políticas, porque quien cuestiona la violencia contra las mujeres está cuestionando los derechos humanos del 50% de la población y está poniendo en cuestión las propias bases de nuestro sistema democrático y de convivencia.

El propio 25 de noviembre tuvimos un ejemplo de la estrategia de la ultraderecha, en el acto institucional del Ayuntamiento de Madrid. El secretario general de VOX, Ortega Smith, acudió al mismo con el objetivo de reventarlo, negando la existencia de violencia de género, a pesar de que al acto acudían mujeres víctimas de violencia. Y fue precisamente una de esas mujeres, Nadia Otmani, que está en silla de ruedas, tras recibir varios disparos de su cuñado al intentar proteger a su hermana, la que dio una muestra de dignidad al reprocharle su actitud y la falta de respeto a las mujeres asesinadas, mientras Smith, en una muestra de cobardía, era incapaz ni tan siquiera de mirarla. Una cosa es montar un show mediático y otra mirar a los ojos a una víctima y negar la realidad de la violencia. Y además consiguen un seguidismo perverso de los partidos con los que han conformado pacto en las instituciones, como ha sucedido este 25 de noviembre al negarse algunas comunidades a emitir el manifiesto constitucional contra la violencia de género.

Las conmemoraciones del 8 de marzo y las manifestaciones del 25N en los últimos años nos han dado un tremendo ejemplo. Han sido movilizaciones jamás vistas que ponen de manifiesto que una buena parte de la ciudadanía se ha cansado de un sistema que margina a la mitad de la población. Avanzar en igualdad y en la erradicación de la violencia contra la mujer es un imperativo democrático, un avance impostergable en derechos humanos y una condición indispensable para construir sociedades prósperas y sostenibles. No nos lo demandan las mujeres, nos lo demanda la sociedad en su conjunto.

Durante 2018 en Gran Canaria fueron atendidas en la Red Insular de Prevención y Atención Integral a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género, unas 3.400 mujeres y más de 200 menores. Cincuenta y dos mujeres han sido asesinadas en España en 2019 (más que en todo 2018) a manos de sus parejas o exparejas (8 de ellas en Canarias), también tres niños (1 de ellos en Tenerife) y cuarenta y tres niños y niñas han quedado huérfanos. El dato es especialmente duro porque la última víctima fue asesinada el mismo lunes 25 de noviembre, en el día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.

Los datos ponen de manifiesto que los esfuerzos que se vienen realizando en los últimos años y décadas no están dando los resultados esperados. Es verdad también que con la excusa de la crisis, las políticas neoliberales han propiciado el desmantelamiento de los servicios de atención, proyectos educativos, formación de especialistas…La realidad es que el problema no se soluciona, y por momentos incluso parece que empeora. Debemos analizar las políticas públicas sobre igualdad y violencia de género para detectar en qué estamos fallando y redoblar esfuerzos. Desde luego para exigir menos recortes a los servicios públicos y más medios.