Taguluche, un perfecto ejemplo de la gestión de los partidos de “la casta”

El caso de la ilegal embotelladora de pequeño pago de Taguluche en La Gomera, municipio de Valle Gran Rey, refleja la gestión y el comportamiento de los tres partidos que han dominado la política canaria: Coalición Canaria (CC), el Partido Socialista Canario (PSC) y el Partido Popular (PP). Una gestión caracterizada por el despilfarro del dinero público, la falta de transparencia, la ausencia de diálogo con los ciudadanos, por la cantidad de obras innecesarias que terminan costando mucho más de lo presupuestado, por hacer propaganda en lugar de información, por ser responsables sustituir las normas y usos propios de una democracia por los de un régimen caciquil que solo les beneficia a ellos y a “sus empresarios”. Cuando se presentó a información pública el proyecto de la embotelladora, los vecinos y ATAN, señalamos que era un despilfarro del dinero público y que el proyecto era inviable tanto técnicamente como económicamente. Además, esquilmaba a los legítimos usuarios del agua de los nacientes para dársela a la embotelladora y ocasionaba un impacto irreversible en espacios naturales protegidos, a áreas de sensibilidad ecológica y al, entonces futuro, Lugar de Interés Comunitario (LIC) del palmeral de Taguluche. Y, por si esto fuera poco, la empresa autora del proyecto estuvo vinculada al entonces Director General de Aguas y el informe ambiental que lo acompañaba era un perfecto ejemplo de lo que no debe ser un estudio técnico de esta naturaleza. Pero los políticos responsables ignoraron a los vecinos afectados pues, ni tan siquiera se dignaron a recibirlos, tampoco dieron respuesta a los escritos de ATAN y ni dijeron nada cuando la protesta llenó las calles de San Sebastián de La Gomera apoyando a los vecinos de Taguluche. Lo que si hicieron fue librar el dinero público para su construcción y querellarse contra portavoz de ATAN por publicar en el Diario de Avisos un artículo exponiendo la situación, pero, como era de esperar, el juez archivó la peregrina denuncia.

De nada sirvió que la portavoz de los vecinos llevara el caso hasta el parlamento europeo pues, los representantes canarios de los tres partidos se negaron a escucharla y tuvo que ser un parlamentario no español el que se interesase por la injusticia que suponía la construcción de la embotelladora. Por el contrario, estos partidos y sus responsables, financiaban con el dinero de todos la obra y la defensa jurídica del proyecto. Esa fue la respuesta de CC, PSC y PP a las denuncias que los vecinos habían puesto en las instituciones y en los tribunales. En el año 2000 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias decretó la suspensión cautelar de la construcción. En el año 2003 el mismo tribunal sentencia que la embotelladora es ilegal y que habrá que demolerla y restaurar la superficie afectada. Pero como pagamos los ciudadanos, el ayuntamiento de Valle Gran Rey y la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno Canario recurrieron la sentencia al Tribunal Supremo y, como era de esperar, este tribunal confirmó la sentencia del TSJC. Parecía que el disparate terminaba con el derribo a cargo del ayuntamiento de Valle Gran Rey y que los promotores aprovecharían la ocasión para pedir, como mínimo, disculpas. Sin embargo, no ha sido así.

Lo ocurrido con la embotelladora resume a la perfección el funcionamiento de estos partidos políticos: la incoherencia entre lo que dicen y lo que hacen, el desprecio a los ciudadanos y el recursos a los usos caciquiles -entre ellos la corrupción- para controlar los órganos de poder y los presupuestos públicos. El PSC, con el pluriempleado político Casimiro Curbelo al frente, controla desde entonces el cabildo gomero, los nacionalistas canarios, dominaban el ayuntamiento de Valle Gran Rey y el PP apoyó el proyecto e ignoró a vecinos y asociaciones ecologistas. Ninguno de ellos se ha molestado en informar a los administrados en todos estos años, prefieren pagar con nuestro dinero y zanjar el asunto cubriéndolo con el manto de la opacidad. Lo malo para ellos es que -como han puesto en evidencia las recientes elecciones europeas- los ciudadanos ya no soportamos estas formas deshonestas y exigimos explicaciones a quienes se niegan reiteradamente a darlas y, encima, malgastan nuestro dinero.

Los dirigentes nacionalistas de Nueva Canaria, entonces en el gobierno con CC y PP, llevaron el asunto de la embotelladora al Parlamento de Canarias pero, para asombro de los ciudadanos, no fue para pedir explicaciones y responsabilidades por este disparate más que anunciado, era para pedir que en lugar del ayuntamiento, condenado por el TS a pagar el derribo, asumiera el gasto el gobierno canario. Es esta forma de actuar la que explica el desafecto ciudadano hacia unos partidos y unas personas que han olvidado que están al servicio de la sociedad, no al revés. Sus promesas de cambio, de recuperar el apoyo popular resultan tan poco creíbles como los programas electorales del PP, los discursos de Casimiro Curbelo, de José Manuel Soria, de Paulino Rivero o Román Rodríguez. Lo único seguro que ninguno de estos profesionales de la política dará explicación alguna, ni asumirá responsabilidades, ni devolverá a la sociedad el dinero malgastado. Y, mientras tanto, el edificio de la embotelladora sigue sin ser derribado a pesar de que los jueces hayan exigido el cumplimiento de la sentencia. ¡Ni a los jueces hacen caso!

El caso de la ilegal embotelladora de pequeño pago de Taguluche en La Gomera, municipio de Valle Gran Rey, refleja la gestión y el comportamiento de los tres partidos que han dominado la política canaria: Coalición Canaria (CC), el Partido Socialista Canario (PSC) y el Partido Popular (PP). Una gestión caracterizada por el despilfarro del dinero público, la falta de transparencia, la ausencia de diálogo con los ciudadanos, por la cantidad de obras innecesarias que terminan costando mucho más de lo presupuestado, por hacer propaganda en lugar de información, por ser responsables sustituir las normas y usos propios de una democracia por los de un régimen caciquil que solo les beneficia a ellos y a “sus empresarios”. Cuando se presentó a información pública el proyecto de la embotelladora, los vecinos y ATAN, señalamos que era un despilfarro del dinero público y que el proyecto era inviable tanto técnicamente como económicamente. Además, esquilmaba a los legítimos usuarios del agua de los nacientes para dársela a la embotelladora y ocasionaba un impacto irreversible en espacios naturales protegidos, a áreas de sensibilidad ecológica y al, entonces futuro, Lugar de Interés Comunitario (LIC) del palmeral de Taguluche. Y, por si esto fuera poco, la empresa autora del proyecto estuvo vinculada al entonces Director General de Aguas y el informe ambiental que lo acompañaba era un perfecto ejemplo de lo que no debe ser un estudio técnico de esta naturaleza. Pero los políticos responsables ignoraron a los vecinos afectados pues, ni tan siquiera se dignaron a recibirlos, tampoco dieron respuesta a los escritos de ATAN y ni dijeron nada cuando la protesta llenó las calles de San Sebastián de La Gomera apoyando a los vecinos de Taguluche. Lo que si hicieron fue librar el dinero público para su construcción y querellarse contra portavoz de ATAN por publicar en el Diario de Avisos un artículo exponiendo la situación, pero, como era de esperar, el juez archivó la peregrina denuncia.

De nada sirvió que la portavoz de los vecinos llevara el caso hasta el parlamento europeo pues, los representantes canarios de los tres partidos se negaron a escucharla y tuvo que ser un parlamentario no español el que se interesase por la injusticia que suponía la construcción de la embotelladora. Por el contrario, estos partidos y sus responsables, financiaban con el dinero de todos la obra y la defensa jurídica del proyecto. Esa fue la respuesta de CC, PSC y PP a las denuncias que los vecinos habían puesto en las instituciones y en los tribunales. En el año 2000 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias decretó la suspensión cautelar de la construcción. En el año 2003 el mismo tribunal sentencia que la embotelladora es ilegal y que habrá que demolerla y restaurar la superficie afectada. Pero como pagamos los ciudadanos, el ayuntamiento de Valle Gran Rey y la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno Canario recurrieron la sentencia al Tribunal Supremo y, como era de esperar, este tribunal confirmó la sentencia del TSJC. Parecía que el disparate terminaba con el derribo a cargo del ayuntamiento de Valle Gran Rey y que los promotores aprovecharían la ocasión para pedir, como mínimo, disculpas. Sin embargo, no ha sido así.