Ubi primum magistratu abiit, damnatum necatumque constat

La historia de la Roma republicana estuvo marcada desde sus inicios por una doble tensión. Una obligaba a los romanos a unirse frente a las amenazas provenientes del exterior, dado que su supervivencia física dependía de vencer en las batallas sucesivas frente a sus vecinos. De estas guerras defensivas se fue pasando a las de conquista y a lo largo de trescientos años, aquella pequeña ciudad del centro de Italia acabó dominando e imponiéndose a los demás pueblos de la península. Pero paralelamente a este proceso expansivo, los romanos debían dedicar tiempo y esfuerzo a resolver las diferentes tensiones que estaban presentes en el interior de la ciudad. La convivencia entre la aristocracia terrateniente, que se había hecho con todo el poder político-económico tras la expulsión del último rey, y el resto de la población campesina y artesana era complicada y convulsa. Ya a los pocos años del nuevo sistema republicano había estado a punto de producirse una ruptura con la llamada Secesión de la Plebe. Los conflictos no se resolvían del todo, sino que se le ponían parches, dado que siempre se priorizaba la urgencia de atender a un nuevo conflicto militar con los vecinos de turno.

Sin embargo, en medio de aquellos episodios bélicos, surgieron algunos personajes que trataron de anteponer los derechos de la población, por encima de los privilegios de los de siempre. Son casos aislados, de los que nos hablan los historiadores romanos y cuyo relato se ha visto condicionado por la parquedad de las fuentes y el sesgo ideológico de quienes nos hablaron de ellos posteriormente. Este el caso de un tal Espurio Casio, quien trató de legislar a favor del pueblo en torno al año 486 a.C. Desde su cargo político trató de poner en marcha dos medidas que atacaron directamente a los intereses de los poderosos. Por un lado, consciente de que la dinámica de enfrentamientos bélicos con los vecinos solo llevaba a más guerras, buscó un pacto de convivencia con los recién vencidos hérnicos. A quienes ofreció incluso que se asentaran en territorio romano. Pero mucho más descabellado fue que defendiese públicamente que era necesario aprobar una ley de reforma agraria, por medio de la cual se repartiesen tierras que pertenecían al pueblo (ager publicus) entre los plebeyos y los demás aliados latinos.

Esto chocaba directamente contra los intereses de la élite dirigente que se había ido apropiando de esas tierras, como parte de sus privilegios de clase y veía en esta propuesta un ataque directo a su estatus y a sus riquezas. Como podemos imaginar, nadie que se atreva a ir en contra de los intereses de los poderosos puede pretender que no esto no tenga consecuencias. En este caso, la república romana se había fundamentado sobre el ideal de mantener la unidad de todos los romanos y defender los intereses de la comunidad. En este caso, “los intereses de la comunidad” siempre son los intereses de quienes mandan y quien vaya en contra de esto será siempre considerado una potencial amenaza para el orden social y para las tradiciones de nuestros padres (mos maiorum). Los intereses de los poderosos se habían equiparado a los de la república y cualquier cuestionamiento de estos, era un ataque a la república. De ahí que quien encabezase dichos cambios era automáticamente considerado un enemigo del estado y, por tanto, debía ser apartado de la vida pública.

Toda la maquinaria del estado se ponía en marcha para esto y eso es lo que vamos a ver en el caso de Espurio Casio (y de otros tantos en la historia romana). La peor imputación que se le podía hacer a un romano era acusarle de pretender convertirse en rey. No importaba las pruebas al respecto, puesto que quien recibía esa etiqueta quedaba señalado y sus días estaban contados. Así de rápido fue el juicio contra Espurio, quien al finalizar su mandato fue condenado bajo estos cargos y sentenciado a muerte, como cuenta Tito Livio: ubi primum magistratu abiit, damnatum necatumque constat (después de dejar su magistratura fue condenado y ejecutado. Livio, 41.10).

El tono moralizante con el que Livio nos relata este suceso parece estar respondiendo a una finalizad más allá de la histórica. Hoy en día se duda de la existencia de Espurio Casio y de este episodio, entre otras razones porque hay algunos anacronismos respecto a algunos puntos. Por eso se ha querido ver, más bien, que existe la intención de introducir en el imaginario colectivo un mensaje bien claro: todo aquel que trate de ir en contra de los intereses de los poderosos -el Estado-, corre el riesgo de que este lo elimine. El caso real que más cerca tenía Livio era el de los hermanos Graco y su trágico final. La condena a muerte es la advertencia última, de que no se tolerará ningún desvío de carácter populista. Es un patrón que se repite con otros personajes que introduce Livio en otros capítulos. Es un patrón que seguimos identificando en nuestros días. Siempre es posible que el sistema encuentre los resquicios jurídicos para que, bajo el amparo de la legalidad vigente, se elimine de su posición pública a un político molesto y que cuestiona los privilegios de los de siempre. La pena capital que se aplicó a Espurio no se mantiene en nuestros días, pero apartarle de su escaño en el congreso, equivale a una condena a muerte política.