Vincular la plantilla docente a la evolución de la pandemia es un error y un desprecio al sistema educativo

Recientemente la consejera de Educación del Gobierno de Canarias ha manifestado públicamente que “la continuidad del profesorado COVID dependerá del ritmo de vacunación y de las condiciones de la pandemia”, queriendo dejar claro que Educación no “ha engañado a nadie” puesto que la contratación de tal profesorado ha estado motivada exclusivamente por la actual situación sanitaria.

Sin embargo, el problema no es tanto considerar si se ha “engañado” o no a alguien sino cuales son las necesidades reales del sistema educativo canario y cuáles son los retos que nos trazamos al respecto como sociedad.

En este sentido, no hay que olvidar que Canarias, de forma estructural y obviando al profesorado contratado durante el curso actual por las razones conocidas, cuenta con un brutal déficit de docentes en relación al resto del estado lo cual, a su vez, genera una de las ratios más elevadas (número de alumnos por docente) en el marco del contexto español. Ello, como no podría ser de otra forma, explica en gran medida que Canarias, informe tras informe y estudio tras estudio, indefectiblemente figure siempre en el “furgón de cola” en cuanto a tasas de fracaso y abandono escolar temprano se refiere.

A la luz de las declaraciones de la Sra. consejera, resulta palmario que el incremento de plantilla producido este curso escolar no ha venido derivado de un compromiso real del Gobierno autonómico con el sistema educativo canario y sus necesidades, sino que ha sido una medida forzada por el contexto de pandemia en el que estamos inmersos. Aclarado lo anterior, no es menos cierto que una vez realizado dicho esfuerzo, sería inconcebible contemplar ningún paso atrás al respecto dado que ello volvería a colocar a la educación canaria en una situación insostenible. Por otro lado, tampoco se puede obviar que el mantenimiento de la actual plantilla docente colocaría a Canarias, por fin, en la senda del cumplimiento de lo establecido en la Ley Canaria de Educación, es decir, alcanzar el 5% de inversión educativa en relación al PIB en 2022.

El incremento de docentes acontecido el presente curso, con independencia de las motivaciones que lo generaran, ha permitido reducir las ratios en la Educación Secundaria al tiempo que mejorar sustancialmente la atención educativa y los resultados escolares en el conjunto de la enseñanza obligatoria. La posibilidad de desarrollar una atención educativa más individualizada, atendiendo mejor a la diversidad de nuestro alumnado y, especialmente, a aquellos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, ha supuesto un paso adelante necesario sobre el cual no cabe retroceso de tipo alguno.

Por ello y con independencia de cómo evolucione la pandemia, resulta imprescindible que el número de docentes del sistema público en Canarias se mantenga el curso próximo, como mínimo, en los niveles actuales, reconvirtiendo los actuales nombramientos de refuerzo COVID en plantilla estable del sistema educativo y realizando las oportunas contrataciones atendiendo al correspondiente orden actual de las Listas de Empleo para interinidades y sustituciones.

Caso contrario, lo único que se vendría a demostrar es la falta de compromiso del Gobierno de Canarias y de su Consejera de Educación respecto a las necesidades del sistema educativo y, por ende, de la sociedad canaria. Eso podría quizás no considerarse un “engaño” pero, desde luego, se le acercaría bastante.