Juanjo monta un circo

No es un consejo. Juan José Cardona definitivamente ha montado un circo. No hay alcalde en España que en un lapso tan breve de tiempo acumule más reveses judiciales que el de Las Palmas de Gran Canaria, que sólo en una semana se ha tenido que tragar su relación de puestos de trabajo (RPT) y las torres del Canódromo, sin contar el recurso de Rajoy a su modelo de funcionarización del Ayuntamiento, el hallazgo de petróleo en su mega-gimnasio de la Cícer y sus antológicos patinazos políticos y judiciales con la empresa mixta de aguas, Emalsa. La crecen los enanos por doquier y, lo que es peor, no quiere darse por enterado de que, por esos derroteros, conduce a toda una ciudad proa al marisco. La sentencia del Tribunal Supremo tumbando las torres del Canódromo necesita que los especialistas profundicen un poco más para dilucidar el alcance justo que tendrá. Particularmente, que los expertos juristas del Ayuntamiento se devanen los sesos a ver cómo encajan un revés judicial de este calibre porque, aunque es cierto que la licencia a Realia fue impugnada sin éxito, el nuevo escenario que ahora se abre (concesión de la licencia en base a una ordenación anulada) puede dar pie a su revisión. En fin, un embrollo jurídico que confirma la bondad del aquel adagio que sostiene que lo que mal anda, mal acaba. Desde aquel convenio urbanístico firmado por Cardona con Urbacan (Inprocansa) en base exclusivamente a una opción de compra, ese pelotazo de 9 millones de euros ha pasado por tantas vicisitudes como plantas tiene la torre inacabada que se levanta como un insulto en medio del barrio de Schamann. Y el culebrón no termina aquí: ya se encargó el alcalde este mismo martes, en una intervención pública digna de un irresponsable, de decir que la sentencia no tiene efectos prácticos. Se vuelve a equivocar de parte a parte.

La teoría de las muñecas rusas

Hemos consultado con los expertos en Derecho Urbanístico, y tras la lectura de la sentencia del Supremo conocida ayer y un vistazo al Plan General de 2005, la conclusión es definitiva: la licencia concedida en 2006 es nula porque nulo es el Plan Especial de 2003, que hizo suyo el planeamiento de 2005, como hace el Plan General de 2012 asumiendo también el ordenamiento ahora anulado. Estamos, como recalca el abogado de los vecinos de Schamann, ante la aplicación de la teoría de las muñecas rusas: por muchas capas que le pongan al Plan Especial de 2003 en los sucesivos planes generales aprobados con posterioridad, el ordenamiento está contaminado por la anulación decretada por el alto tribunal. Cierto: el Plan General de 2005 incluye una figura que se llama API 13, que traspone el Plan Especial de 2003, que viene siendo el ámbito de planeamiento impugnado y tumbado. Si, como sostiene Yeray Alvarado, vencedor de este nuevo pleito en nombre de los vecinos, el Plan General de 2012 insiste en la misma ordenación, de poco valen los esfuerzos del alcalde por quitar hierro al varapalo judicial porque, al igual que el plan de 2003, también el de 2012 fue recurrido y está ahora en manos del Supremo, que difícilmente va a pronunciarse en contra de su propia resolución.

La licencia ya ha caducado

No tiene el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ni un solo motivo para la satisfacción o el desdén tras esta sentencia del Supremo. Porque a lo ya dicho sobre el papelón que se le plantea al Ayuntamiento, se suma que la licencia concedida en 2006 a Realia y la prórroga otorgada en 2008 ya han caducado sobradamente. Bastaría con que cualquier ciudadano ejerza su derecho a exigir la caducidad de la misma para que el Ayuntamiento se viera obligado a ejecutarla. O a producir una nueva prórroga en el límite mismo de la prevaricación: si está anulado el planeamiento en la zona y recurrido el Plan General de 2012, los argumentos jurídicos para informar favorablemente serían bastante endebles. Pero doctores tiene la iglesia, y políticos arriesgados como Cardona estamos cansados ya de ver tomar decisiones similares. Descartamos que en la actual coyuntura económica y ante el nuevo panorama jurídico, sea Realia quien pida nueva licencia cuando no ha sido capaz ni siquiera de terminar la primera de las dos torres autorizadas. ¿Y qué pasaría en el caso de dar por caducada la licencia? Pues, conocido como es el amplio abanico en que se mueven las resoluciones judiciales y administrativas, hasta podría darse la feliz circunstancia de que sea la promotora quien tenga que correr con los gastos de demoler la actual torre y devolver el canódromo a su estado anterior al convenio urbanístico que dio lugar a este hediondo culebrón.

Por 9.000 euros frente a 9 millones de pelotazo

La sentencia del Supremo es demoledora, por emplear un término ad hoc. Anula el planeamiento en el Canódromo y afea a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que pretendiera, sin que nadie le diera vela en el entierro, bendecirlo en base al Plan General de 2005, que no estaba en discusión en ese proceso porque nadie lo ha impugnado. Pero, eso sí, el alto tribunal inadmite las pretensiones de los vecinos recurrentes de condenar al Ayuntamiento por desviación de poder (utilizar el poder y la letra de la ley para conseguir un fin distinto al previsto en la norma). Y no porque crea la Sala que no pudo haber existido, sino porque los recurrentes no lograron demostrarlo. ¿Y eso por qué?, se preguntarán nuestros más inquietos lectores. Pues muy sencillo: porque para demostrar que hubo una valoración exagerada de la parcela del Canódromo con el fin de que el pelotazo fuera lo más abultado posible, por la vía de las compensaciones otorgadas a la propiedad, no disponían de los 9.000 euros que les pedían los peritos para hacer las tasaciones imprescindibles. Así que, con sus escasos recursos, los vecinos prefirieron concentrarse en la discusión sobre la ordenación y ver de ese modo alcanzable su objetivo de impedir las dos torres de viviendas en medio del barrio. Resulta curioso que unos no tuvieran 9.000 euros para demostrar un pelotazo y otros se llevaran cruditos esos 9 millones de euros gracias al mismo pelotazo.

Las premoniciones de Soria

La noticia de este nuevo varapalo judicial al pésimo urbanismo practicado por el PP en Las Palmas de Gran Canaria sorprendió a Soria en Berlín. Allí los periodistas le pidieron una valoración sobre la sentencia, y en el tono habitual en el individuo, contestó que no tenía ni idea de lo que le preguntaban pero que, en el peor de los casos, lleva más tiempo fuera del Ayuntamiento que el tiempo que estuvo allí. Haciendo destrozos irreparables, añadimos nosotros, conocedores como muchos lectores del reguero de pufos urbanísticos que Soria y sus equipos dejaron en la ciudad. Pero para esta ocasión sería bastante aplicable la frase que el mismo ministro pronunció cuando conoció la sentencia del TSJC ahora revocada por el Supremo: “El tiempo pones las cosas en su sitio y a cada uno en su lugar”. Efectivamente, apreciado ministro, así suele ser indefectiblemente.

La decencia de Ildefonso Jiménez

Rodeado de un nutrido grupo de dirigentes y militantes de Nueva Canarias, compareció este martes ante la prensa en la sede de ese partido en Telde el exconcejal Ildefonso Jiménez, absuelto del delito de prevaricación por el que había sido injustamente condenado en 2012 por un juzgado de lo Penal de Las Palmas de Gran Canaria. Su discurso, salpicado en varios momentos por la emoción y las lágrimas contenidas, tuvo pasajes que recordaban al juez Leonard White, que encarnaba en La hoguera de las vanidades el genial Morgan Freeman: “Déjenme que les diga lo que es la justicia: la justicia es la ley, y la ley es el débil esfuerzo del hombre por tratar de asentar los principios de la decencia. ¡Decencia! ¡Y la decencia no es un acuerdo, no es un punto de vista o un contrato o un chanchullo! La decencia es lo que sus abuelas les enseñaron (…) ¡Váyanse a casa y sean gente decente!” Por “decencia”, Ildefonso Jiménez no recusó a la juez que le condenó en primera instancia, a pesar de las muchas voces que se lo recomendaron por ser hija de un concejal del PP acusado en el caso Faycán (la fiscalía pide para él seis años de cárcel por prevaricación); por “decencia” ni siquiera pidió la dimisión de quien ejerció en ese proceso la acusación particular, Guillermo Reyes, con una actuación tan sospechosa que hasta era él quien aportaba a la justicia los documentos oficiales que habían desaparecido del Ayuntamiento. Por “decencia”, tuvo que explicar aula por aula y al claustro de profesores del instituto al que regresó tras dimitir (también por “decencia”) los motivos de su abandono de la política. Por “decencia” ayer calló los nombres de “los emisarios” que se le han acercado a pedirle que retire los cargos por falsedad documental contra el ex jefe de Urbanismo, que presentó a la causa ahora derrotada papeles falsos para acabar con su carrera política. Y por “decencia” sólo espera que los electores teldenses castiguen a quien ha empuercado la vida política y las instituciones de la ciudad, y que el Ayuntamiento se quite de encima a José Luis Mena porque es una vergüenza para los trabajadores públicos. “Me quisieron joder la vida; me quisieron joder el pan, el agua y la sal de mi familia, y esa parte no se la perdono”. Ildefonso Jiménez no volverá a la política pese a la demoledora sentencia de la Audiencia Provincial que le restituye su inocencia.