Desmantelar 75 millones

La noticia de que Soria dilapidó 75 millones de dinero público en una desaladora inservible no es nueva, pero ha vuelto a la primera línea informativa al saberse que el actual alcalde busca dinero como los cochinos las cáscaras para salir del atolladero económico que vive el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ya ha puesto a la venta la chatarra de Las Palmas II y en un consejo de administración de Emalsa del pasado mes de marzo, del que es presidente, ya anunció a los presentes su intención de hacer lo mismo con Soria I para tratar de agenciarse un millón de euros para las arcas municipales. La tarea se torna harto complicada, especialmente porque la inversión de 75 millones de euros de Soria I no partió del consistorio, sino del Ministerio de Medio Ambiente cuando el presidente de España era José María Aznar. El Gobierno de España no va a permitir que alguien desguace una instalación industrial que sigue bajo su titularidad, como quedó de manifiesto durante el reciente mandato de Jerónimo Saavedra. Entonces, un emisario qatarí se acercó por estos lares para interesarse por esa planta, conocedor de que no se había puesto en marcha por sus altos costes energéticos. El Ayuntamiento, a cuyos responsables se le pusieron los ojos como los del tío Gilito, hizo todos los trámites para vender la desaladora porque la oferta era verdaderamente ventajosa: los 75 millones que costó más los gastos de desmantelamiento y traslado por cuenta de Qatar. Pero saltó el Ministerio de Medio Ambiente, que reclamó para sí la negociación y las perritas, de las cuales tendría que dar cuenta a la Unión Europea, que corrió con parte de la inversión. Las negociaciones no fructificaron pese al empeño del emisario árabe, que veía en Soria I una oportunidad extraordinaria para hacerse con una potabilizadora que ahora vale más en el mercado y cuya adquisición requiere al menos cinco años de espera por la complejidad de su construcción. De momento, por lo tanto, nos la comemos con papas. Y los 75 millones de euros de dinero público tirados a la basura por una negligencia del que ahora rige los destinos de la Industria y la Energía de este país de locos.

La noticia de que Soria dilapidó 75 millones de dinero público en una desaladora inservible no es nueva, pero ha vuelto a la primera línea informativa al saberse que el actual alcalde busca dinero como los cochinos las cáscaras para salir del atolladero económico que vive el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ya ha puesto a la venta la chatarra de Las Palmas II y en un consejo de administración de Emalsa del pasado mes de marzo, del que es presidente, ya anunció a los presentes su intención de hacer lo mismo con Soria I para tratar de agenciarse un millón de euros para las arcas municipales. La tarea se torna harto complicada, especialmente porque la inversión de 75 millones de euros de Soria I no partió del consistorio, sino del Ministerio de Medio Ambiente cuando el presidente de España era José María Aznar. El Gobierno de España no va a permitir que alguien desguace una instalación industrial que sigue bajo su titularidad, como quedó de manifiesto durante el reciente mandato de Jerónimo Saavedra. Entonces, un emisario qatarí se acercó por estos lares para interesarse por esa planta, conocedor de que no se había puesto en marcha por sus altos costes energéticos. El Ayuntamiento, a cuyos responsables se le pusieron los ojos como los del tío Gilito, hizo todos los trámites para vender la desaladora porque la oferta era verdaderamente ventajosa: los 75 millones que costó más los gastos de desmantelamiento y traslado por cuenta de Qatar. Pero saltó el Ministerio de Medio Ambiente, que reclamó para sí la negociación y las perritas, de las cuales tendría que dar cuenta a la Unión Europea, que corrió con parte de la inversión. Las negociaciones no fructificaron pese al empeño del emisario árabe, que veía en Soria I una oportunidad extraordinaria para hacerse con una potabilizadora que ahora vale más en el mercado y cuya adquisición requiere al menos cinco años de espera por la complejidad de su construcción. De momento, por lo tanto, nos la comemos con papas. Y los 75 millones de euros de dinero público tirados a la basura por una negligencia del que ahora rige los destinos de la Industria y la Energía de este país de locos.