Don Pepito cambia de abogados

Se lo veníamos sugiriendo amablemente al editor, propietario y director de El Día: don José, entre sus disparates y la pésima defensa jurídica que le proporcionaba su tradicional bufete de abogados, sus éxitos judiciales van proa al marisco. Ganar, lo que viene siendo ganar, lo ha conseguido metiendo goles con la mano o gracias a extravagancias de escasísimo recorrido que, además, tendrán efecto boomerang. Y eso al final tiene sus costes. Y nos ha hecho caso, miren por dónde, lo que nos llena de gozo y de una indisimulable satisfacción. El intrépido editorialista independentista (y dos piedras) anunciaba este domingo urbi et orbi que ha fichado nada menos que al ilustre letrado Juan Inurria, del bufete del mismo nombre, con sede en Santa Cruz de Tenerife. El detonante para tan sonada contratación, que ha conmocionado a los mentideros del foro, ha sido la demanda civil interpuesta contra don Pepito por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que a su vez se ha hecho con los servicios del bufete de Garrigues, por cierto, pagado de su bolsillo, no como otros alcaldillos de pacotilla que cargan esas defensas al erario público. Rivero debe haberle pedido un pastón al aguerrido editorialista hasta el punto que en la sede de El Día se habla de la demanda “de los 32 kilos de soberbia”.

Se lo veníamos sugiriendo amablemente al editor, propietario y director de El Día: don José, entre sus disparates y la pésima defensa jurídica que le proporcionaba su tradicional bufete de abogados, sus éxitos judiciales van proa al marisco. Ganar, lo que viene siendo ganar, lo ha conseguido metiendo goles con la mano o gracias a extravagancias de escasísimo recorrido que, además, tendrán efecto boomerang. Y eso al final tiene sus costes. Y nos ha hecho caso, miren por dónde, lo que nos llena de gozo y de una indisimulable satisfacción. El intrépido editorialista independentista (y dos piedras) anunciaba este domingo urbi et orbi que ha fichado nada menos que al ilustre letrado Juan Inurria, del bufete del mismo nombre, con sede en Santa Cruz de Tenerife. El detonante para tan sonada contratación, que ha conmocionado a los mentideros del foro, ha sido la demanda civil interpuesta contra don Pepito por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que a su vez se ha hecho con los servicios del bufete de Garrigues, por cierto, pagado de su bolsillo, no como otros alcaldillos de pacotilla que cargan esas defensas al erario público. Rivero debe haberle pedido un pastón al aguerrido editorialista hasta el punto que en la sede de El Día se habla de la demanda “de los 32 kilos de soberbia”.