Emalsa, bajo la lupa de la Justicia

Dicen los responsables de la Fiscalía en Canarias que hay que agilizar más las investigaciones penales, particularmente las relacionadas con la corrupción y con la transparencia y buena gobernanza de las instituciones. Sin embargo, está clínicamente probado que para que un procedimiento se dilate o tarde más de lo técnicamente admisible, lo mejor es denunciar a través de la Fiscalía. Y a las pruebas nos remitimos. Basta observar lo ocurrido con la denuncia formulada por el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, contra determinados directivos de la compañía Emalsa (sin nombralos), de cuyo consejo de administración es presidente, todo hay que decirlo. El 26 de diciembre de 2012, hace diez meses, Cardona puso en manos del Ministerio Fiscal los hechos que, a su juicio, debían ser investigados, alertado por informaciones periodísticas que relataban extrañas operaciones realizadas desde la compañía y desde o hacia las mercantiles Ser Canarias y Satocan, propiedad de algunos socios de aquella. El relato del alcalde se parece muchísimo a la denuncia interpuesta este mismo martes por la Fiscalía, según se deduce del comunicado hecho público, con la única aportación de que podríamos estar en presencia de un delito societario y con la llamativa desaparición (al menos en el comunicado) de algunas operaciones muy concretas que excederían con mucho el delito societario para pasar a algo bastante más gordo. Verbigracia, la famosa transferencia de 1,3 millones de euros desde Emalsa a Ser Canarias al día siguiente de que se hiciera pública la famosa sentencia del TSJC que bendecía la privatización de la compañía y que contradecía de cabo a rabo otra resolución del mismo tribunal. Una transferencia que de Ser Canarias salió hacia una de las empresas de Miguel Ángel Ramírez para comprarle la nave industrial donde se encuentra actualmente Seguridad Integral Canaria. Ramírez asegura que aquella fue una operación limpia, pero el ex presidente de Ser Canarias, Rafael González Bravo de Laguna, dice que no superaría la prueba del algodón y que el dinero tomó otros rumbos. Si estuviera o estuviese tal operación en la denuncia de la Fiscalía, será la justicia la que la someta a contraste. Y un dato relevante: la denuncia en Fiscalía no interrumpe la prescripción, así que estos diez meses de demora computan en favor de los posibles imputados.

Dicen los responsables de la Fiscalía en Canarias que hay que agilizar más las investigaciones penales, particularmente las relacionadas con la corrupción y con la transparencia y buena gobernanza de las instituciones. Sin embargo, está clínicamente probado que para que un procedimiento se dilate o tarde más de lo técnicamente admisible, lo mejor es denunciar a través de la Fiscalía. Y a las pruebas nos remitimos. Basta observar lo ocurrido con la denuncia formulada por el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, contra determinados directivos de la compañía Emalsa (sin nombralos), de cuyo consejo de administración es presidente, todo hay que decirlo. El 26 de diciembre de 2012, hace diez meses, Cardona puso en manos del Ministerio Fiscal los hechos que, a su juicio, debían ser investigados, alertado por informaciones periodísticas que relataban extrañas operaciones realizadas desde la compañía y desde o hacia las mercantiles Ser Canarias y Satocan, propiedad de algunos socios de aquella. El relato del alcalde se parece muchísimo a la denuncia interpuesta este mismo martes por la Fiscalía, según se deduce del comunicado hecho público, con la única aportación de que podríamos estar en presencia de un delito societario y con la llamativa desaparición (al menos en el comunicado) de algunas operaciones muy concretas que excederían con mucho el delito societario para pasar a algo bastante más gordo. Verbigracia, la famosa transferencia de 1,3 millones de euros desde Emalsa a Ser Canarias al día siguiente de que se hiciera pública la famosa sentencia del TSJC que bendecía la privatización de la compañía y que contradecía de cabo a rabo otra resolución del mismo tribunal. Una transferencia que de Ser Canarias salió hacia una de las empresas de Miguel Ángel Ramírez para comprarle la nave industrial donde se encuentra actualmente Seguridad Integral Canaria. Ramírez asegura que aquella fue una operación limpia, pero el ex presidente de Ser Canarias, Rafael González Bravo de Laguna, dice que no superaría la prueba del algodón y que el dinero tomó otros rumbos. Si estuviera o estuviese tal operación en la denuncia de la Fiscalía, será la justicia la que la someta a contraste. Y un dato relevante: la denuncia en Fiscalía no interrumpe la prescripción, así que estos diez meses de demora computan en favor de los posibles imputados.