Fulgor y caída del secretario de Estado que bendijo las prospecciones

Ahí lo tienen en los tiempos de vino y rosas, cuando con una mano firmaba 40 millones de euros para FCC de manera supuestamente irregular y con la otra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a que Repsol iniciara sus fallidas prospecciones petrolíferas en Canarias. Se llama Federico Ramos de Armas y acaba de dimitir como miembro del equipo más allegado a la vicepredenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras descubrirse su implicación en un caso de corrupción de su etapa en Medio Ambiente que se investiga en la Audiencia Nacional. Un nuevo caso de corrupción, debemos matizar, que se conoce en las mismas fechas en la que la Justicia decide por fin imputar al PP (y a su actual tesorero) por la destrucción del disco duro en el que Luis Bárcenas guardaba la contabilidad B de la formación de Mariano Rajoy. Es comprensible el terror que invade estos días al Partido Popular ante la sola idea de tener que abandonar el poder. El saqueo parece generalizado y a cualquiera que los sustituya en los departamentos que van a dejar vacantes en cuestión de semanas les será muy apetecible levantar alfombras y descubrir qué ha pasado en este país estos cuatro años. La Justicia ha de hacer su trabajo por su lado, pero a los rectores públicos les corresponde exigir responsabilidades políticas a los que hayan cometido estas salvajadas. Parece que a Pablo Iglesias no le ha interesado de momento el Ministerio de Agricultura, lo que significa que habrá de ser al PSOE a quien corresponda investigar algunos expedientes muy sonados de la etapa de Miguel Arias Cañete, ahora flamante comisario europeo del que no debemos olvidar las barrabasadas que hizo y que permitió. Una de ellas puede ser ese sumario abierto por el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional alrededor de la empresa pública Acuamed, un sumidero por el que se han ido millones de euros del erario público sin control eficaz, con el consiguiente encarecimiento de todas las obras públicas que a través de ella se ejecutaban en la cuenca del Mediterráneo. Pero a nadie debería extrañar que esas prácticas se hayan extendido por diversas empresas de titularidad estatal al haberse relajado los controles de todo tipo desde que el PP llegó al poder en 2011. Acuamed sale a la luz porque ha habido denunciantes y más de un año de investigaciones. Por eso es necesario que los que entren ahora hagan profundas auditorías de todas las empresas directamente dependientes de los ministerios, algunas de las cuales despiden un tufo que tira para atrás.

“Nadie va a la cárcel por una declaración de impacto”

Pero puestos a investigar, convendría que los nuevos mandamases estatales desempolvaran el expediente de las prospecciones de Repsol en Canarias. Tanto el que se custodia en el Ministerio de Industria como el que se supone que está en el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Porque las cosas que se vieron por aquellos meses de furor petrolífero de José Manuel Soria provocaron no pocas decisiones controvertidas. Y una de ellas fue firmada por el dimisionario Federico Ramos, concretamente la autorización ambiental de los sondeos. Una declaración positiva escandalosa, en primer lugar por provenir del departamento que habría de estar gestionando la declaración de Lugar de Interés Comunitario (LIC) precisamente sobre el área de las prospecciones. Declaración que, como quedó patente, no sólo fue postergada sino drásticamente reducida. En segundo lugar, por contener barbaridades tales como el reconocimiento tácito de la grave afección que las prospecciones iban a provocar sobre las especies presentes –principalmente los cetáceos- y, a renglón seguido, manifestar la plena compatibilidad de la actividad industrial que se pretendía. Eso sí, con unas “medidas correctoras” tan absurdas que directamente no se aplicaron. Cuando momentos antes de anunciar públicamente que iba a aprobar aquella disparatada Declaración de Impacto Ambiental, Federico Ramos de Armas fue prevenido por expertos ambientalistas del error que se disponía a cometer. Su respuesta fue tan ofensiva como premonitoria: “Nunca nadie ha ido a la cárcel por firmar una Declaración de Impacto Ambiental”. Seguramente no, pero puede que a este alto cargo del PP le hayan fallado los cálculos con respecto a otras actividades clasificadas, molestas e insalubres que ejecutó durante su paso por el ministerio de Arias Cañete. Es un error muy generalizado pensar que lo que no es penalmente perseguible tiene que ser aceptable.

Los intereses de “los de ahí enfrente”

Lo que hizo este secretario de Estado de Medio Ambiente con la autorización ambiental a las prospecciones petrolíferas de Canarias no tiene ni medio pase. Actuó con absoluto desprecio hacia el bien jurídico que estaba obligado a defender, y lo hizo absolutamente a conciencia de que actuaba incorrectamente. Se lo llegó a confesar en abril de 2015 a una comitiva de políticos y científicos de Canarias con los que accedió a reunirse, tras diversos intentos frustrados, cuando ya Repsol se había marchado de Lanzarote. En ese encuentro, celebrado en su despacho en presencia del que todavía era su segundo de abordo, Pablo Saavedra, director general de Sostenibilidad de la Costa, el secretario de Estado llegó a confesar a sus interlocutores que desde su puesto no podía “hacer mucho” por parar a Repsol porque, de lo contrario, “los de ahí enfrente se me echarían encima”. Los de “ahí enfrente”, para que se hagan una idea, son los del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a cuyo frente continúa en funciones José Manuel Soria y entre los que por entonces se encontraba Enrique Hernández Bento, actual delegado del Gobierno en Canarias en sustitución de su hermana María del Carmen. Él, Enrique, participó sin estar convocado ni anunciada su presencia en algunas reuniones de Medio Ambiente con representantes de las instituciones canarias, seguramente con el noble fin de que los convidados no se olvidaran de los intereses de “los de ahí enfrente”.

La cosa no mejoró con su marcha

Federico Ramos debe haber dado estos años sobradas muestras de respeto a “los de ahí enfrente” y a los intereses del partido. Quizá fuera por eso que la vicepresidenta del Gobierno lo trasladó de Medio Ambiente a su equipo más estrecho de colaboradores como subsecretario de Presidencia, cargo que acaba de abandonar forzado por una inminente imputación por corrupción. Su relevo en Medio Ambiente fue lo que en el argot se llama sucesión natural: la ministra Tejerina (sustituta de Cañete) elevó al puesto al director general de Sostenibilidad de la Costa, Pablo Saavedra, que también pasará a la historia de Canarias como un auténtico desastre como gestor. Lo demostró sobradamente durante la crisis del pesquero ruso incendiado en el Puerto de La Luz y luego hundido al sur de Gran Canaria. El Gobierno del Estado, a través del Ministerio de Fomento y en plena precampaña electoral, se gastó 40 millones de euros en contratar una empresa noruega que taponara las fugas de fuel del Olegev Naydenov, mientras que Medio Ambiente se olvidaba de pagar a los expertos que contrató para que adiestraran voluntarios e hicieran un seguimiento de los efectos del derrame en la costa. Muy poco debieron gustar a Saavedra esos informes porque los profesionales siguen sin ver un chavo. Sin embargo sí hubo dinero para que el señorito se diera un garbeo por Canarias cuando la crisis había remitido, visita que le sirvió para comprometerse a retirar las toneladas de residuos tóxicos del pesquero que se acumulaban en una nave en Mogán. ¿Tú lo viste? Pues no, tuvo que ser el Ayuntamiento moganero quien corriera con los gastos traslado y tratamiento de esos vertidos. En la fotografía aparecen Saavedra (a la izquierda) y su antecesor, Federico Ramos, el día en el que representantes de Canarias les pusieron delante de sus narices una tortuga petroleada. Cosas de las costas que tendríamos que estar cuidando, habrán mascullado.

Ahí lo tienen en los tiempos de vino y rosas, cuando con una mano firmaba 40 millones de euros para FCC de manera supuestamente irregular y con la otra la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a que Repsol iniciara sus fallidas prospecciones petrolíferas en Canarias. Se llama Federico Ramos de Armas y acaba de dimitir como miembro del equipo más allegado a la vicepredenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras descubrirse su implicación en un caso de corrupción de su etapa en Medio Ambiente que se investiga en la Audiencia Nacional. Un nuevo caso de corrupción, debemos matizar, que se conoce en las mismas fechas en la que la Justicia decide por fin imputar al PP (y a su actual tesorero) por la destrucción del disco duro en el que Luis Bárcenas guardaba la contabilidad B de la formación de Mariano Rajoy. Es comprensible el terror que invade estos días al Partido Popular ante la sola idea de tener que abandonar el poder. El saqueo parece generalizado y a cualquiera que los sustituya en los departamentos que van a dejar vacantes en cuestión de semanas les será muy apetecible levantar alfombras y descubrir qué ha pasado en este país estos cuatro años. La Justicia ha de hacer su trabajo por su lado, pero a los rectores públicos les corresponde exigir responsabilidades políticas a los que hayan cometido estas salvajadas. Parece que a Pablo Iglesias no le ha interesado de momento el Ministerio de Agricultura, lo que significa que habrá de ser al PSOE a quien corresponda investigar algunos expedientes muy sonados de la etapa de Miguel Arias Cañete, ahora flamante comisario europeo del que no debemos olvidar las barrabasadas que hizo y que permitió. Una de ellas puede ser ese sumario abierto por el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional alrededor de la empresa pública Acuamed, un sumidero por el que se han ido millones de euros del erario público sin control eficaz, con el consiguiente encarecimiento de todas las obras públicas que a través de ella se ejecutaban en la cuenca del Mediterráneo. Pero a nadie debería extrañar que esas prácticas se hayan extendido por diversas empresas de titularidad estatal al haberse relajado los controles de todo tipo desde que el PP llegó al poder en 2011. Acuamed sale a la luz porque ha habido denunciantes y más de un año de investigaciones. Por eso es necesario que los que entren ahora hagan profundas auditorías de todas las empresas directamente dependientes de los ministerios, algunas de las cuales despiden un tufo que tira para atrás.

“Nadie va a la cárcel por una declaración de impacto”