El magistrado que servía a su señor

El magistrado del supremo Ángel Aguallo Avilés ha dejado de ser intocable. La protección que hasta hace muy poco le proporcionaba la Casa Real ya no es suficiente ante el empuje imparable de los hechos y la constatación de que su ascenso a las más altas cotas de su carrera profesional tuvo más que ver con los servicios prestados a la Corona que con su competencia como jurista de reconocido prestigio. El blindaje de la Casa Real a determinados personajes empieza a tener fisuras importantes, quizás porque el miedo a penalidades mayores supera a las que desde La Zarzuela se puedan infligir. No tuvo miedo Pedro J. Ramírez al afirmar que Juan Carlos I estuvo detrás de su defenestración; ni tuvo miedo Diego Torres para, en su defensa en el caso Noos, tirar de la manta hasta donde nadie llegado jamás. Gracias a él hemos conocido facetas del magistrado Aguallo desconocidas por el gran público: asesoraba a Urdangarín y a la francesa Pernod mientras era letrado del Tribunal Constitucional. Gracias a su vez a unos pocos periodistas canarios sabemos también que asesoraba al jefe de la banda del caso Unión, Luis Lleó, y que un rocambolesco cambiazo de autos de entrada y registro permitió por arte de magia que se librara de una imputación en esa causa. Gracias a Ernesto Ekaizer, de El País, supimos además este lunes que Aguallo es el autor intelectual de la doctrina de Los Albertos, aquellos respetables primos (Cortina y Alcocer) en otros tiempos casados con las Koplowitz, que estafaron a un grupo de incautos en Madrid y que resultaron absueltos porque la Audiencia Provincial dio por prescrito el delito. El Supremo tumbó esa tesis de la prescripción, pero detrás del alto tribunal apareció nuestro Ángel Aguallo como letrado del Constitucional proponiendo en un dictamen luego convertido en sentencia lo que luego se consolidó como “doctrina de Los Albertos”: la prescripción del delito no se interrumpe cuando se produce la querella o denuncia, sino cuando el juez la admite a trámite. Los Albertos se fueron de rositas con los 50 millones estafados, el Supremo se comió su orgullo y el Rey Juan Carlos invitó a cenar a Aguallo en prueba de agradecimiento. Menos de un mes después, el Consejo del Poder Judicial lo hacía magistrado del mismo tribunal al que había contradicho.

El jurista del Rey

Resulta curioso que para imponer a todos los españoles la doctrina de Los Albertos, o mejor dicho, para salvar a éstos de una condena de más de tres años de cárcel por barba, el Tribunal Constitucional se valiera de un letrado experto en derecho financiero y tributario y no en derecho penal, que era lo que se dilucidaba. Tampoco es que el magistrado que hizo suya esa tesis, Pascual Sala, fuera un reputado penalista, más bien un esforzado administrativista que se comió con papas lo que le decía su letrado asesor. Así, entre Aguallo y Sala, con la inspiración jurídica venida de más allá de los muros del Constitucional, se escribió en España una de las páginas más grotescas de la historia del favoritismo. Siete años después se conocen todos los detalles: Aguallo era amigo del Rey Juan Carlos, quien a su vez era amigo de Los Albertos. Los Albertos esquivan la cárcel; el Rey se anota un tanto a su favor ante poderosos empresarios; el Consejo del Poder Judicial adelanta a Aguallo frente a otro jurista mejor colocado para convertirse en magistrado del Supremo; Aguallo celebra el éxito de sus servicios a la Jefatura del Estado cenando con el mismísimo Rey; alguien roba en Arrecife el sumario del caso Unión; alguien recurre el auto de entrada y registro que comprometía a Aguallo y al otro magistrado, Sánchez Yllera, asesores al margen de la legalidad. La Audiencia Provincial de Las Palmas recibe un auto absurdo y lo da por bueno: con ese auto no se podía haber entrado a registrar nada, y menos descubrir a un magistrado protegido por el Rey asesorando a presuntos corruptos. Dice El País que el magistrado Aguallo está fuera de circulación aquejado de una enfermedad que le impide moverse y hablar. Nadie le ha abierto jamás un expediente por estos sucesos, ni se lo abrirá. La mayoría han prescrito. Si se recupera podrá seguir ejerciendo como magistrado del Supremo e impartir justicia a su manera.

Al PSOE de Tenerife también se le cae Granadilla

Todo va a depender del ritmo que imprima a la causa del juez de Instrucción 3 de Granadilla. Si tiene el juzgado sobrecargado de trabajo, es muy probable que no abra juicio oral contra el actual alcalde de la localidad, Jaime González Cejas, hasta después de mayo. Pero si la sobrecarga es la normal tirando a leve, no descarten ustedes que otro destacado alto cargo socialista tinerfeño adquiera la nada honorable calificación de “no idóneo” que expide a mansalva la Ejecutiva Federal del PSOE. Porque ya está todo listo en el caso Granadilla para que los imputados adquieran la condición de acusados y se vean incursos en la fase de apertura de juicio oral, ese hito procesal que ya ha dejado en la cuneta a una pléyade de concejales, alcaldes, consejeros y presidentes de Cabildo, diputados y asimilados en aplicación del estricto código ético socialista. Este lunes circularon por las redacciones de los medios informativos canarios los escritos del Ministerio Fiscal oponiéndose a los recursos interpuestos por todos los implicados en el caso Granadilla y respaldando por lo tanto la postura del juez instructor que ya en febrero pasado comunicó a las partes que allí había una buena cantidad de indicios delictivos (prevaricación a raudales) por los que habría de responder la Corporación que allí habitaba entre 2003 y 2007. Con la inminente caída de González Cejas en las garras del banquillo penal, a esa agrupación socialista de alcaldes del Sur de Tenerife, tan impuesta en asuntos orgánicos, se les desmorona otra pieza. O mejor dicho, dos, porque además de González Cejas, la causa amenaza con llevarse por delante a su número dos en la lista, quien fuera su concejal de Urbanismo, Nicolás Jorge, que en estos momentos compatibiliza su carrera municipal con el determinante papel de jefe de campaña de la candidata Patricia Hernández. Un contratiempo que se suma al talegazo sufrido por ese intrépido alcalde de Vilaflor y ya ex secretario general insular, Manuel Fumero, que tuvo que cambiar sus ínfulas de número dos de la candidata por el ostracismo. Salvo que, en el caso de gobernar, lo propongan de consejero de Hacienda, que estos son capaces, tú.

El listón de la decencia, en las cloacas

Mucho más fácil lo tienen en el PP, donde han adaptado a los tiempos modernos su particular código ético a medida que los procesos penales demuestran que entre los suyos abundan más los delincuentes que las personas de orden, como a la derecha gusta definirse. La candidata a la presidencia regional, Australia Navarro, ha dicho a Canarias7 que para echar a alguien del PP y, por lo tanto, pedirle que abandone su cargo público, hay que esperar a que haya una sentencia condenatoria firme, es decir, échale quince años desde que comienza el proceso penal en cuestión hasta que el Supremo emite la última palabra. Eso si descontamos los indultos y los recursos ante el Constitucional, que de repente también computan. Esa doctrina no parece tener matices, es decir, el análisis caso por caso de cada imputación/acusación, no vaya a ser que uniformando sea lo mismo ser sorprendido con el antifaz y la saca a los hombros saliendo del Banco de España que la imputación de un delito de prevaricación urbanística por una licencia otorgada con los informes técnicos y jurídicos a favor. De esa guisa hasta parece natural que el presidente del PP de Tenerife, Manuel Domínguez, haya decidido, por ejemplo, incluir en su lista al Cabildo a Juan Damián Gorrín, alcalde de Santiago del Teide, imputado por un par de delitos muy dispares: homicidio imprudente por la muerte accidental de dos personas en la playa de Los Guíos, en 2009, y fraude por la cesión del uso del Roque Aguayo para la instalación y explotación de antenas, en 2011. No todo el mundo en el PP traga ya con esta coladera de imputados y acusados. Ya empiezan a oírse voces que reclaman un poquito de seriedad y una mayor exigencia de respeto por los electores, que ven cómo otros partidos elevan el listón de la decencia mientras el PP lo baja hasta la altura de las cloacas.

Una lista de circunstancias

Pero no sólo es la presencia de Gorrín en la lista de de Manolo Domínguez lo único que anima a la queja entre la militancia pepera de base en Tenerife. Le acusan, así sin miramientos, de haber hecho una plancha escoba que ha recogido los despojos de lo que nadie quiere en los municipios de la isla. Porque junto a Gorrín, encontramos de número dos a quien acaba de abandonar la bancada de la oposición en La Laguna, Pedro Súarez López de Vergara, dejando aquella plaza “echa un solar”, en palabras de un destacado candidato que no sabe cómo hincarle el diente al asunto sin que le provoque una úlcera. La lista la animan también otros personajes irradiados de sus comités locales, como Sebastián Ledesma, que un día fue promesa indiscutible en el Puerto de La Cruz y que ahora toca a la puerta de otros destinos porque sus compañeros portuense han preferido otros valores. También hace una reaparición estelar en la lista pepera al Cabildo de Tenerife quien fuera subdelegada del Gobierno en Canarias en la gloriosa etapa de Aznar, Pilar Merino, a la que las muy picajosas bases del partido llaman la marquesa consorte y a la que se reprocha su absentismo partidista estos últimos cuatro años. Y de broche de oro, la lista la completa Manolín Fernández, hijo de Manuel Fernández, el insuperable parlamentario del PP recientemente retirado que ha alegrado las crónicas parlamentarias con sus insuperables salidas de tono y su grotesca confirmación de todas las trapisondas corruptas de su partido. El paso de Manolín por el Ayuntamiento de Santa Cruz ha debido de ser tan brillante que su tocayo Domínguez lo premia con un puestito en el Cabildo. Si es que sale, claro, porque las expectativas electorales del partido son cada vez más catastróficas. De hecho ya se conocen los nombres de quienes van a solicitar públicamente la dimisión de José Manuel Soria como presidente regional en el caso de que la debacle se consuma.