Primero fue el recorte

La primera explicación que ofreció el Gobierno de España cuando se supo que se recortaba drásticamente la subvención al transporte de residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla fue alegar que se trataba de un ajuste motivado por un descenso en los viajes de estos ciudadanos extrapeninsulares. Muchos de ellos pusieron el grito en el cielo porque adivinaron que tras aquella reducción presupuestaria de 65 millones de euros se escondía en realidad la intención del Gobierno de Mariano Rajoy de rebajar el 50% con que se bonifica el transporte aéreo y marítimo, una medida más dentro de la ya agotadora batería de recortes que están sufriendo los derechos de los españoles. Era una sospecha fundada que, de inmediato, se encargaron de desmentir todos los ministros que pudieron, empezando por el de Turismo, el canario José Manuel Soria que aseguró, con la firmeza que él pone para cosas como esta, que jamás de los jamases iba a tocarse el descuento para los residentes. Nadie dijo en aquellos momentos que la reducción presupuestaria respondiera a fraude de ningún tipo, ni que se hubiera detectado nada que condujera a las autoridades a replantearse el sistema por el que los residentes no peninsulares accedían a esas ventajas. Sencilla y pura técnica presupuestaria. De repente, sin embargo, las excusas cambiaron y el Gobierno empezó a proclamar que en realidad lo que había era un monumental fraude, aún sin cuantificar por nadie, según el cual residentes peninsulares con una dirección canaria o balear en su DNI se estaban aprovechando de la medida, lo que aconsejaba exigir certificado de empadronamiento a la hora de acceder a los descuentos. Una decisión tan disparatada que muchos no creyeron que pudiera verdaderamente llevarse a cabo nunca. Pero con este Gobierno todo es posible, y desde el pasado sábado hay que volver a la Edad de Piedra, al momento anterior en que se inventaron las bases de datos y el cruce de datos entre instituciones.

La primera explicación que ofreció el Gobierno de España cuando se supo que se recortaba drásticamente la subvención al transporte de residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla fue alegar que se trataba de un ajuste motivado por un descenso en los viajes de estos ciudadanos extrapeninsulares. Muchos de ellos pusieron el grito en el cielo porque adivinaron que tras aquella reducción presupuestaria de 65 millones de euros se escondía en realidad la intención del Gobierno de Mariano Rajoy de rebajar el 50% con que se bonifica el transporte aéreo y marítimo, una medida más dentro de la ya agotadora batería de recortes que están sufriendo los derechos de los españoles. Era una sospecha fundada que, de inmediato, se encargaron de desmentir todos los ministros que pudieron, empezando por el de Turismo, el canario José Manuel Soria que aseguró, con la firmeza que él pone para cosas como esta, que jamás de los jamases iba a tocarse el descuento para los residentes. Nadie dijo en aquellos momentos que la reducción presupuestaria respondiera a fraude de ningún tipo, ni que se hubiera detectado nada que condujera a las autoridades a replantearse el sistema por el que los residentes no peninsulares accedían a esas ventajas. Sencilla y pura técnica presupuestaria. De repente, sin embargo, las excusas cambiaron y el Gobierno empezó a proclamar que en realidad lo que había era un monumental fraude, aún sin cuantificar por nadie, según el cual residentes peninsulares con una dirección canaria o balear en su DNI se estaban aprovechando de la medida, lo que aconsejaba exigir certificado de empadronamiento a la hora de acceder a los descuentos. Una decisión tan disparatada que muchos no creyeron que pudiera verdaderamente llevarse a cabo nunca. Pero con este Gobierno todo es posible, y desde el pasado sábado hay que volver a la Edad de Piedra, al momento anterior en que se inventaron las bases de datos y el cruce de datos entre instituciones.