Camorristas, gilipollas y otras cosas del querer

Rafael Yanes, presidente del PSOE de Tenerife, la ha vuelto a armar con los mismos modales de siempre: provocando alguna tormentita en un vaso de agua con la que hacer saltar al socio nacionalista del pacto regional y con la demostrar que los socialistas no son fiables cuando de cumplir se trata. Ya les adelantábamos ayer lo que hoy ha ocurrido: la nueva declaración de refriega, esta vez a cuenta de un asunto de menor porte, la privatización de los casinos del Cabildo tinerfeño, particularmente el de Playa de Las Américas, feudo indiscutible de José Miguel Rodríguez Fraga. Quiere Yanes ridiculizar a sus superiores regionales, particularmente al secretario general, rompiendo las reglas del juego a mitad del partido y haciendo dirigir todos los focos del debate político hacia la estabilidad del pacto. En lugar de provocar que se discuta en la mesa de seguimiento el desastre que se está sufriendo en Tenerife con asuntos tan serios como la calidad del agua de abasto o las graves deficiencias sanitarias, Yanes consiguió el lunes doblegar las posiciones de su secretario general y de su secretario de Organización, los Manolos (Fumero y González) provocando una votación contraria a la privatización de los casinos de juego y, consecuentemente, a la postura ya expresada en sentido contrario por los consejeros socialistas en la Corporación. Por motivos que se nos escapan, consiguió su propósito y con él, el de incendiar nuevamente la estabilidad del pacto. La mayoría colocada al frente del PSOE tinerfeño por Paco Spínola empieza a dar muestras de agotamiento y de fisuras muy preocupantes. Un alto dirigente de CC lo resumía el jueves de modo muy sintomático: “¿Tú ves? Estos no son de fiar. Esto con el PP nunca nos habría pasado”. Toma debate.

Respeto institucional: “Son unos camorristas”

¿Quién dijo que se había enterrado el hacha de guerra y había imperado la cordura? ¿Quién fue el que celebró que las instituciones canarias y estatales recondujeran sus enfrentamientos para limitar al terreno de las normales discrepancias cualquier diferencia de criterio? ¿Dónde quedó el respeto institucional, la garantía constitucional de coordinación entre las administraciones públicas? La tensión fría entre Canarias y Madrid se había estado manteniendo a duras penas estos últimos meses dentro de unos parámetros aceptables a pesar de las escaramuzas generalmente propinadas desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo con el chiripitifláutico recurso a la Ley de Modernización Turística y el mantenimiento de los desplantes de siempre. Pero se terminaron por convertir en caliente apertura de hostilidades con la salida de tono de este viernes del subsecretario de Estado de Industria, Enrique Hernández Bento, que volvió a sacar a paseo su verbo florido para tachar de “camorristas” a las instituciones canarias que llevan varios meses tratando de tener acceso al endiablado expediente de autorización de prospecciones a la multinacional Repsol en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura. “Actúan como auténticos camorristas”, vino a decir don Enrique en un ataque de furia en referencia a los representantes de los cabildos insulares que han osado dirigirse a Industria para conocer los secretos. “Tienen que pedir cita”, añadió, como si no lo hubieran hecho en otras ocasiones o como si todo hubiera sido transparencia hasta ahora, como si hubiéramos olvidado todos cómo fue su comportamiento en la famosa reunión en Medio Ambiente a la que acudió, previo retraso para que llegara a tiempo, sin estar inicialmente convocado.

Expediente foliado y prórroga para el LIC

Se le nota al señor Hernández Bento el nerviosismo que le debe estar provocando el retraso que ya acumula la tramitación del Estudio de Impacto Ambiental de las prospecciones canarias. Su falta de respeto institucional es un síntoma que le delata y que evidencia ese sentimiento que tiene de propiedad de las instituciones a cuyo frente lo coloca habitualmente José Manuel Soria. Ya llamó ignorante a José Miguel Pérez en un memorable artículo, firmado como Interventor General de la Comunidad Autónoma, en el que quiso ridiculizarlo por criticar el derroche que supuso el multimillonario sistema informático Sefcan. O cuando llamó “disparatado” y “mentiroso” al Gobierno canario por comparar las prospecciones con los seísmos del proyecto Castor. Pero en su verborrea, este viernes nos obsequió con dos noticias interesantes: la primera, que el expediente de Repsol ya está foliado, lo que constituye toda una auténtica novedad. El desbarajuste de ese expediente ya había sido denunciado por las instituciones canarias, y parece mentira que tengamos que alegrarnos de que los organismos públicos cumplan con su obligación. La segunda noticia es que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha pedido a Bruselas una prórroga de seis meses para tramitar la declaración de Lugar de Interés Comunitario (LIC) para las aguas canarias, es decir, para las extensas áreas afectadas por las autorizaciones a Repsol. ¿Cuál es el motivo de esa prórroga? No se devanen los sesos: sacar el Estudio de Impacto Ambiental antes de que la normativa comunitaria impida cualquier actuación en la zona que pueda contravenir sus normas de protección.

Profundas inspiraciones del Profesor Cojonciano

El papelón que están interpretando los dirigentes del Partido Popular canario, tanto los que Soria tiene desplazados a Madrid como los que se han quedado aquí guardando el fuerte, empieza a ser patético en este asunto del petróleo. Los argumentos se agotan o, en el mejor de los casos, se reiteran con añadidos que ya suenan ridículos. Las últimas aportaciones del secretario general, Asier Antona, tratando de separar la postura de sus compañeros de Baleares con la que aquí ha impuesto el señor ministro, llaman a la conmiseración. “Es buen chico, pero ya se nota que no se cree lo que le ordenan decir”, lo justifican en su propio partido. El que en apariencia lo tiene más claro y con la seguridad del sabio se pronuncia es nuestro admirado Manuel Cojonciano Fernández, capaz de superar incluso en palabros gruesos contra los desafectos al subsecretario Bento. Su intervención de este viernes en el Parlamento mofándose de la contaminación de la refinería de Cepsa en Santa Cruz es de antología: “No sé ni cómo estoy vivo, o cómo es que queda algún habitante vivo por culpa de la refinería”, exclamó ante sus señorías tratando de ridiculizar las acciones del Gobierno para reducir las emisiones de dióxido de azufre que al parlamentario popular parecen importar una higa. Cree que esa vigilancia ambiental solo persigue entorpecer el funcionamiento de la refinería, a la que calificó de “gran lujo para Canarias”, y con ese entorpecimiento, poner en entredicho la apuesta por las energías fósiles, mayormente el puñetero petróleo que tanto les obsesiona. Su concepción de la contaminación es tan absurda que dijo medirla cada mañana comprobando el azul del cielo. Y su visión del planeta, de una solidaridad apabullante: total, los alisios se llevan la mierda la mayor parte del año. Considerando que es quien afirmó que Marruecos nos considera gilipollas por oponernos al petróleo, no cabe esperar del Profesor Cojonciano Fernández ninguna genialidad mayor.

Expulsados ante notario

Ya empiezan a ser recibidas por los seis consejeros socialistas (o ex socialistas, según se mire) que gobiernan el Cabildo de La Palma en comandita con el PP las cartas de expulsión definitiva del PSOE. Nada parece haber frenado la determinación de la Ejecutiva Federal de poner de patitas en la calle a los que considera indisciplinados y desobedientes militantes, algunos de ellos históricos, que hasta ahora seguían creyendo que una solución amistosa era posible. Para que no haya lugar a dudas o alguno se niegue a recoger las notificaciones, el PSOE se ha rascado el bolsillo y ha acudido al más oneroso procedimiento de la comunicación notarial, de modo que nadie pueda decir que no estaba en la oficina cuando llegó el burofax. Desde la dirección socialista aseguran que esto ratifica que no hay marcha atrás, que las expulsiones son firmes; y que se ha contratado a un bufete especializado para que no se vuelvan a producir defectos formales que puedan anular el procedimiento. O dicho de otro modo, que si las anteriores expulsiones pudieran o pudiesen ser puestas en entredicho por la justicia, las que ahora se cursan dicen estar hechas con todo el rigor exigible. Y un poco más. Román Rodríguez tiene otro río en el que pescar.