Puertito de Adeje

El Ayuntamiento de Adeje, obligado a indemnizar a Cuna del Alma si se demuestra que dio las licencias sin estudio de impacto ambiental

El consejero de Transición Ecológica y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha asegurado este viernes que el Ayuntamiento de Adeje debería indemnizar a la empresa promotora del macroproyecto turístico que se construye en el Puertito de Adeje (Tenerife), Cuna del Alma, en el caso de que el expediente de revisión de las licencias que ha iniciado su departamento concluya que la corporación local las concedió sin el preceptivo estudio de impacto ambiental. Esta misma semana, Valbuena reconoció que dicho informe no existe.

El consejero ha explicado que tanto la Ley de Impacto Ambiental como la antigua Ley del Suelo exigen un estudio de impacto ambiental simplificado para las urbanizaciones vacacionales fuera de suelo urbanizado, como es el caso de Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje.

Ha señalado que al tratarse de un estudio simplificado “el órgano ambiental” competente es el Ayuntamiento de Adeje, dirigido desde 1987 por José Manuel Rodríguez Fraga (PSOE), y, por tanto, tendría que asumir eventuales indemnizaciones por haber “causado el daño” a la empresa dictando un acto administrativo, en este caso la concesión de una licencia, sin cumplir con todos los requerimientos.

Valbuena ha afirmado que de haberse realizado dicho trámite, que “no hubiese sido complejo”, “no estaríamos en este punto”, y ha añadido que “en Canarias es muy importante que cualquier inversor sepa que en la legislación ambiental no hay que buscar el atajo para ir más rápido sino el atajo que sea más garantista”.

“La legislación ambiental hay que cumplirla en la línea definida, por tortuosa que sea. No hay atajos”, ha subrayado el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, frente al argumento de la “inseguridad jurídica” que se genera con estos expedientes y la posible “fuga” de inversores en Canarias.

Sobre el argumento de los promotores de Cuna del Alma de proseguir con las obras en el 98% del terreno (de más de 430.000 metros cuadrados) porque, dicen, la presencia de la planta protegida viborina triste (que fue lo que motivó la segunda paralización cautelar de los trabajos; la primera se dictó en junio por destruir un importante yacimiento arqueológico) solo afecta al 2% restante, Valbuena ha señalado precisamente a la ausencia del estudio de impacto ambiental. “En él se debe realizar un análisis riguroso de todas las especies vegetales presentes y así evitar ”daños de imposible o difícil reparación“, comentó.

Debido a eso, ha afirmado que no dispone de datos sobre si la viborina triste está en “más o menos” el 2% de la superficie del proyecto y ha indicado que el proceso de estudio es complejo, pues se ve condicionado por “el ciclo vital propio” de las especies vegetales.

“El problema” en el caso de la viborina triste, ha proseguido el consejero, es que “no se puede trasplantar” como una palmera, y ha negado que el hallazgo de esta especie se haya utilizado como “excusa” para paralizar el proyecto de forma cautelar.

Ha admitido que como telón de fondo en el proyecto de Cuna del Alma existe “un debate sobre el modelo de ocupación de nuestros espacios costeros”, en el que él no entra, sino que su departamento ha actuado a partir de una denuncia sobre la presencia de la viborina triste y de la ausencia de declaración de impacto ambiental.

Sobre el hotel de La Tejita, Jose Antonio Valbuena ha confirmado que el proyecto está estancado después de haberse realizado un deslinde a raíz del cual y con el suelo del que dispondría para poder ocuparlo, al promotor “parece que la inversión no le sale rentable”.

Ha señalado que le corresponde al Ayuntamiento de Granadilla ver qué se hace en ese suelo que ha quedado liberalizado, y en el caso de que el promotor renuncie definitivamente al proyecto, habrá que evitar que “quede un esqueleto”.

Si se diera el caso, Valbuena ha admitido que las distintas administraciones competentes tendrían que indemnizar al promotor del proyecto.