Estos son días de reuniones en la isla de La Palma. Los borradores del decreto de “recuperación de la normalidad residencial” circulan entre administraciones públicas y colectivos de afectados por la brutal erupción del volcán Tajogaite. Este periódico ya ha ofrecido detalles sobre el contenido del mismo, centrados en la creación de un nuevo organismo, un consorcio público encargado de liderar la reconstrucción del Valle de Aridane, del que formarán parte todas las administraciones implicadas en el proceso de recuperación: los gobiernos central y canario, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte. La herramienta por la que aboga el Ejecutivo autonómico, que ha asumido la redacción del documento, es algo que podría ser comparado con la permuta, aunque con matices, porque no se dará una equivalencia exacta entre el valor del suelo donde se levantaban las viviendas destruidas y la compensación vía parcela urbanizada en un suelo no afectado por la erupción. Sí habrá equivalencia, por contra, en la edificabilidad posible para cada afectado, que podrá construir en las parcelas de nueva planta una casa con las mismas dimensiones y tipología que la que el volcán le robó.
El objetivo, plausible pero complejo, es que cada afectado por la erupción reconstruya su hogar (que es tanto como decir parte de su vida) en un espacio lo más próximo posible a su domicilio anterior. Por contra, la ordenación propuesta por la empresa pública Gesplan descarta que los vecinos puedan reconstruir viviendas sobre las coladas de la erupción, una opción que es considerada inviable técnicamente y poco recomendable en el plano urbanístico. Esto es lo más complicado de explicar y una fuente de tensión en el proceso de diálogo ya iniciado con los vecinos afectados. La dispersión residencial, vía ocupación del suelo rústico con edificaciones sin licencia, es una tradición tan canaria como la folía, y tiene en el Valle de Aridane a uno de sus ejemplos más diáfanos. Esta práctica explica también el carácter dañino del manto de lava para tantos residentes de la vertiente occidental de La Palma, dominada por tres clases de tipología edificatoria: la construcción adosada (por lo general acorde con el crecimiento de las familias), la vivienda unifamiliar y el apartamento de alquiler vacacional. Dicho en términos cinéfilos, el urbanismo (o mejor dicho, el no urbanismo) en el Valle se ha parecido mucho al título de la película que encabeza el ranking de candidaturas a los próximos premios Oscar: todo a la vez en todas partes. Esto el decreto del Gobierno canario tratará de evitarlo, sin entrar en colisión con los múltiples intereses particulares en juego (todos legítimos) y el alto componente emocional de las reivindicaciones cívicas.
El trabajo de los arquitectos de Gesplan basa la reconstrucción en la definición de dos nuevas áreas de expansión, ubicadas al norte y el sur de las coladas. Al norte, el sector La Asomada-La Laguna; al sur, Las Norias-La Majada. Los responsables de la planificación manejan aquí un concepto bastante peculiar: el “territorio sentido”. ¿Qué presupone esto? Que los vecinos del Valle querrán construir sus nuevas casas lo más cerca posible de su residencia anterior. Por tanto, los afectados de Todoque tendrán la opción de recibir una parcela en las inmediaciones del vecino barrio de La Laguna, que por cierto fue parcialmente destruido por el volcán. Los que fueron residentes en Las Manchas y vieron cómo sus hogares eran devorados por la lava, dispondrán de una opción en Las Norias-La Majada, o sea, en la vertiente sur del volcán. Y sobre estos dos polos de urbanización futura se cimentará el proceso de recuperación de viviendas.
Hay otra fórmula ya en vigor para que los palmeros afectados por el volcán puedan empezar de nuevo. Es el decreto que permite, excepcionalmente y durante 18 meses, construir viviendas unifamiliares en suelo rústico a personas que perdieron su casa durante la erupción. De acuerdo a esta norma han sido concedidas 152 licencias en el Valle de Aridane: 111 en Los Llanos, 35 en El Paso y seis en Tazacorte. El Gobierno prevé la concesión de un centenar de licencias más durante su periodo de vigencia, lo cual tiene su relevancia, porque cada vivienda nueva amparada según este método será una menos a construir en las nuevas áreas urbanizadas de los dos sectores citados anteriormente, que desde la entrada en vigor del decreto aplicarán suspensión de licencias, para mantenerlos disponibles hasta que en efecto se produzca la urbanización de los mismos. Sin duda un encaje de bolillos difícil de cuadrar.
Los planes de Gobierno y Cabildo para el futuro del Valle de Aridane atienden también algunos casos particulares. Por ejemplo, contemplan la ampliación del cementerio comarcal de Las Manchas en parcelas colindantes con el actual recinto, parcialmente sepultado por el volcán en uno de sus últimos y fatídicos estertores de fuego. Por otro lado, se prevé reconectar los caseríos de Cabrejas y El Paradiso, pequeños enclaves del municipio de Tazacorte que quedaron aislados pero sobrevivieron a los ríos de lava. Para el suelo rústico el propósito es muy claro: hay que recuperar el mismo número de hectáreas anterior a la erupción, y eso supone prohibir la edificación en los suelos más cercanos a la costa, idóneos para el cultivo del plátano. Y un último apunte relacionado con el suelo industrial, que será definido mediante un decreto aparte que buscará la reconstrucción del polígono del Callejón de la Gata, una de las primeras víctimas de la erupción. El futuro del Valle de Aridane toma forma sobre el papel, pero aún verterá ríos que ya no serán de lava, pero sí de tinta.