La Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados aprobó este martes una enmienda pactada entre PSOE y CiU que suprime la limitación de los derechos de voto en las empresas que cotizan en Bolsa, si bien la entrada en vigor de la prohibición de los conocidos como blindajes empresariales se retrasará en un año desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El acuerdo entre los socialistas y la federación catalana, presentado durante el debate del proyecto de ley de reforma de las Leyes de Auditorías, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas, no contó con el apoyo de los demás grupos. Así, mientras el PP y Coalición Canaria se abstuvieron, PNV y ERC-IU-ICV lo rechazaron.
Tras una intensa negociación a lo largo de más de mes y medio, durante la que se retrasó el debate hasta en dos ocasiones, el PSOE sólo logró el apoyo de la federación catalana a cambio de modificar su contenido para proteger el marco de las sociedades anónimas no cotizadas, que podrán mantener estos blindajes.
No obstante, el acuerdo contempla también que las empresas que salgan a Bolsa dispongan de un tiempo no superior a un año para adaptar sus estatutos a la supresión de estas limitaciones.
La norma abre ahora su trámite en el Senado, y podría ser aprobada definitivamente antes del mes de julio. De esta forma, y contando el año de gracia concedido a las empresas, tanto PSOE como CiU confían en que no “interfiera” en las juntas de accionistas de las principales empresas que cuentan con los blindajes, como Telefónica, Iberdrola y Repsol YPF, para 2011.
¿Pacto entre Zapatero y Durán?
El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, aseguró que este resultado es fruto de un compromiso alcanzado hace quince días por el portavoz parlamentario de su formación Josep Antoni Duran i Lleida con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que la ponente socialista, Marta Gastón, aseguró desconocer. “No voy a desmentirle si él tiene más información”, se limitó a responder.
Además, Sánchez Llibre celebró que el acuerdo para retrasar la entrada en vigor de la prohibición de los blindajes, ya que da una “garantía” a las empresas para adaptar sus estatutos con una “transición pacífica” en “aras del bien común y el interés general” para salvaguardar el principio de “un derecho un voto”.
Durante el debate, el socialista Juli Fernández negó que la enmienda obedezca a intereses particulares, ya que corresponde a un compromiso recogido en el programa electoral con el que el PSOE concurrió a las Elecciones Generales de 2008 y cuenta con un amplio consenso en los sectores mercantiles. “Nadie puede acusar al PSOE de defender intereses particulares, sino todo lo contrario”, insistió.
El PP se plantea cambiar la ley de OPAs en el Senado
El PP, a través de su portavoz Juan Manuel Albendea, presentó en el último momento su propia oferta de transacción a la enmienda para proponer un cambio a la Ley del Mercado de Valores en lo referido a la regulación de las Ofertas Públicas de Adquisición, con el objeto de fomentar el control sobre las participaciones y la obligatoriedad solidaria de lanzar OPAs.
Asimismo, abogaban por potenciar el control de las inversiones extracomunitarias que alcancen más del 25% de los derechos de voto en el capital de una compañía para evitar aquellas que supongan un “riesgo para la seguridad pública”, tal y como ocurre en otros países. No obstante, el PSOE y CiU rechazaron esta oferta con la excusa del escaso tiempo dado para analizarla y el PP se decantó finalmente por la abstención.
En cualquier caso, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, señaló que no descarta llevar esta misma enmienda al trámite en la Cámara Alta y aprovechar la mayoría que con la que cuenta su formación allí. “Vamos a ver qué pasa, todavía queda el Senado”, incidió Montoro, si bien el dirigente popular es consciente de que el acuerdo entre PSOE y CiU se mantendrá invariable en el Senado.
No obstante, sí que existe un acuerdo tácito entre PSOE, PP y CiU para revisar diversos aspectos sobre la Ley de Auditorías ajenos a la enmienda de los blindajes y relativos a la incompatibilidad entre auditores y abogados que podría suponer la última ocasión para lograr un pacto entre estas formaciones sobre una norma que regula las actividades de auditorías en nuestro país y que se ha visto lastrado por el debate sobre los derechos de voto.
PNV teme que perjudique a Iberdrola
Pese a todo, el orador más crítico con la enmienda socialista fue el portavoz económico de PNV, Pedro Azpiazu, quien denunció que la enmienda “es igual de mala si entra en vigor este año o el que viene” y auguró que perjudicará a los accionistas de Iberdrola y al conjunto de los ciudadanos vascos, por el interés del Gobierno en beneficiar a la constructora ACS.
“No estoy prejuzgando que ACS va a hacer ninguna trastada, lo que estoy diciendo es que si se aprueba esta enmienda, el blindaje decidido por los accionistas para garantizar que la empresa tenga su actividad en Euskadi va a desaparecer y eso es lo negativo”, afirmó el diputado, quien arremetió contra el Gobierno por “saltarse la ortodoxia parlamentaria” y contra los diputados socialistas vascos por apoyarla.
La izquierda rechaza el ''parasitismo''
Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Ridao, solicitó de nuevo que se “aplace sine die” el debate de esta enmienda, ya que en este momento no se dan las condiciones para un “debate sosegado”. Así, denunció que no se puede legislar para “resolver problemas individuales de amigos” del Gobierno, en alusión al presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, y de ACS, Florentino Pérez, máxime si esta reforma deja a empresas “estratégicas” como Repsol e Iberdrola “a merced de los vaivenes de las inmobiliarias y constructoras.
En la misma línea se expresó el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien denunció el “parasitismo” legislativo ejercitado por el PSOE al introducir esta enmienda en una Ley “con la que no tiene nada que ver”.
Apoyo a los minoritarios
Asimismo, se incorporó otra enmienda socialista, ésta por unanimidad, que impulsará las asociaciones de accionistas minoritarios para el ejercicio de sus derechos y la mejor defensa de sus intereses comunes. Con este objetivo, en la página web de cada empresa se habilitará un “foro electrónico de accionistas” con el fin de facilitar su comunicación antes de cada junta general de accionistas.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) creará un registro especial para estas asociaciones, al tiempo que se desarrollará su régimen jurídico, clarificando sus derechos y obligaciones -para lo que se faculta al Ministerio de Economía y Hacienda y a la CNMV- a través de una futura norma con rango de Real Decreto.
Respecto al foro electrónico, en él se podrán publicar propuestas para el orden del día de las juntas, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la ley, así como ofertas o peticiones de representación voluntaria.