MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Las administraciones públicas pusieron en marcha 25 contratos de obras públicas con colaboración del capital privado por un importe de 4.791,1 millones de euros en 2011, lo que supone reducir a menos de la mitad (-54,4%) el de un año antes, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan que recoge Europa Press.
El Gobierno central es el que más recurrió a la financiación privada para ejecutar obra pública el pasado ejercicio, dado que licitó contratos de este tipo por 2.568,21 millones de euros, frente a los apenas 63 millones de 2010, el 53,6% del total.
Después se situó la Administración local, con proyectos de colaboración con la inversión privada por 1.635 millones en 2011, seis veces más que en 2010, y la tercera parte (34%) del total de este año.
De su lado, las comunidades autónomas licitaron en 2011 contratos de este tipo por 587,6 millones de euros, un 94% menos que en el ejercicio anterior.
Por tipo de obras, la construcción de nuevas carreteras copó los contratos de construcción de obra pública en colaboración con la iniciativa privada.
Las tres administraciones promovieron trabajos de este tipo en 2011 por 3.288 millones de euros, importe que si bien arroja un descenso del 47% respecto a 2010, representa el 68,6% del monto total licitado en 2011.
CAPITAL PRIVADO PARA EL AVE
Después se situaron las infraestructuras ferroviarias, dado que se pusieron en marcha obras de este tipo a financiar con capital privado por 1.151,4 millones, gracias a la introducción de este sistema de financiación en las obras del AVE.
El resto de contratos de este tipo licitados por las diferentes administraciones públicas correspondieron a obras portuarias (107,3 millones de euros) y de aparcamientos (46 millones).
Así, durante el pasado año no se promovió ninguna de las obras de dotaciones e infraestructuras públicas que suelen recurrir a este sistema de financiación, como son los hospitales.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha mostrado en distintas ocasiones su voluntad de fomentar la colaboración con el capital privado para construir infraestructuras mediante contratos de concesión, dada la restricción presupuestaria que impone la contención del déficit.
En virtud de estos contratos, las empresas que se adjudican las obras adelantan todo o parte del presupuesto inversor necesario para su construcción, que posteriormente recuperan cobrando un peaje a los usuarios o un canon anual de la administración concedente.