La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias publicó a comienzos de abril de este año una nueva línea de ayudas a las empresas que habían realizado inversiones para recuperarse de las pérdidas derivadas de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 en los dos ejercicios anteriores, por un importe ampliable de 10,5 millones de euros.
En concreto, esa línea de abonos, de carácter retroactivo, se dirigió a las pequeñas y medianas empresas del archipiélago, como parte de la respuesta conjunta de la Unión Europea (UE) a la pandemia de COVID-19, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios (React-EU).
Una vez analizadas las 1.750 solicitudes recibidas, la Dirección General de Promoción Económica estima que con ese incremento de crédito por una cuantía de 20 millones de euros, hasta alcanzar el crédito definitivo de 30,5 millones de euros, podrá atender todas las solicitudes de subvención presentadas por empresas y personas trabajadoras autónomas que cumplen con los requisitos subjetivos y materiales establecidos en las bases reguladoras y en la convocatoria aprobadas mediante la Orden de 5 de abril de 2023.
Así, el Gobierno entiende que, con los nuevos fondos, justificables dentro del Programa Operativo FEDER Canarias, se logra potenciar el efecto de la finalidad principal de esta iniciativa, como es la reactivación empresarial en Canarias mediante el apoyo a la creación de nuevas pymes y la consolidación de las sociedades existentes, a través de la subvención de proyectos que se hayan destinado a realizar mejoras productivas, innovadoras y organizativas durante el periodo de reapertura de la economía isleña.
Las nuevas ayudas a proyectos ejecutados entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2022 oscilan de 1.500 a 60.000 euros, para gastos subvencionables por un importe mínimo de 10.000 euros, como costes constitutivos y primer establecimiento en el caso de creación de pymes, bienes de equipo necesarios para desarrollar la actividad, inversiones inmateriales (software), acondicionamiento de local o colaboraciones externas en los casos de inversiones tanto innovadoras (desarrollo tecnológico) como organizativas (implantación y certificación de normas).