MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros aprobó este viernes la creación de la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, que tendrá como objetivo “resolver las posibles discrepancias” en relación a las tarifas que puedan surgir entre Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), las sociedades concesionarias de los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat y las compañías usuarias de los aeródromos.
Según adelantó el ministro de Fomento, José Blanco, dicha comisión supervisará que las tarifas se fijen “con independencia, objetividad y transparencia”, complementando la trasposición de normativa comunitaria.
La creación de dicho órgano supone “un paso más” en el proceso de reforma estructural del sistema aeroportuario, “para ganar competitividad” en el turismo, un sector “fundamental” para la economía, y que “tan buenas noticias” ha dado en 2011, afirmó Blanco.
Además, la nueva Comisión refuerza la independencia de la Autoridad Estatal de Supervisión prevista en la Ley de Seguridad Aérea, cuyas funciones desarrollará el organismo regulador creado en este Real Decreto Ley, y se sustituye su denominación por la de Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, “más acorde con la naturaleza jurídica de este organismo”, aclaró el Gobierno.
Según el Gobierno, la actividad de la nueva Comisión “será determinante” para transmitir a las sociedades concesionarias y a las compañías usuarias del aeropuerto que los posibles desacuerdos tarifarios serán resueltos por dicho organismo regulador de forma neutral, ágil y transparente, de acuerdo a principios de regulación económica internacionalmente reconocidos.
El inicio efectivo de funciones de la Comisión será “anterior” al 31 de diciembre de 2011, precisó el Ejecutivo. Se prevé que las licitaciones de las concesiones de Barajas y El Prat se resuelvan antes de fin de año.
Entre las funciones de la Comisión está la supervisión del cumplimiento del procedimiento de transparencia y consulta que se deben llevar a cabo por Aena Aeropuertos y las sociedades concesionarias de servicios aeroportuarios sobre cualquier modificación o actualización de las tarifas aeroportuarias.
Asimismo, también tendrá que resolver los recursos que planteen las compañías usuarias de los aeropuertos sobre tales tarifas o sobre la calidad de los servicios aeroportuarios. En el caso de existir discrepancias, la Comisión podrá establecer la modificación tarifaria revisada que debe aplicar el gestor “utilizando criterios y metodología económica internacionalmente reconocida”, agregó el Ejecutivo.
COMISIÓN DE TRES MIEMBROS.
La nueva Comisión tendrá tres miembros, su presidente y dos consejeros de los que por el momento se desconoce la identidad. Esto supone una reducción de cuatro miembros con respecto a las habituales de las comisiones, de siete miembros, y se ha recortado “en línea con la necesaria contención del gasto público”.
No obstante, el Gobierno considera que la configuración de tres miembros es “suficiente” para el eficaz desempeño de sus funciones en cuanto que, inicialmente, sus funciones se limitan a la supervisión de las tarifas aeroportuarias de los aeropuertos de la red gestionada por Aena Aeropuertos y por las sociedades concesionarias de servicios aeroportuarios.
La Comisión se configura como un organismo público de los previstos en la Ley de Economía Sostenible, “con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar”, y con “plena independencia en el cumplimiento de sus fines”, precisó el Gobierno.