La organización ecologista Greenpeace ha pedido por escrito a los ministerios de Fomento y de Medio Ambiente que retiren el proyecto de construcción del puerto industrial de Granadilla, en el sur de Tenerife.
Greenpeace ha tomado esta iniciativa tras un dictamen aprobado por el Consejo de Estado en el que señala que el Estado no puede eludir su obligación de gestionar la biodiversidad ante las amenazas que pesan sobre el medio marino, señalaron los ecologistas en un comunicado.
Este dictamen, indicó Greenpeace, fue elaborado a petición del Consejo de Ministros y en él se denuncia que hay un retraso en la puesta en marcha de una política de Estado de conservación de la biodiversidad marina que debe remediarse con rapidez.
El Consejo de Estado recuerda que el Estado es competente y responsable de la política de conservación y utilización sostenible de la biodiversidad biológica del medio marino.
“Graves afecciones al medio marino”
Para Greenpeace, el dictamen del Consejo de Estado “tiene una clara incidencia sobre un proyecto como el puerto de Granadilla, que ocasionará graves afecciones al medio marino, reconocidas hasta por la Comisión Europea”.
“La incompatibilidad del puerto con el dictamen debe ser resuelta con urgencia”, indica Greenpeace, y por eso ha pedido información a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente “sobre las medidas que van a adoptar a este respecto”.
Los ecologistas advierten de que “si los ministerios de Fomento y Medio Ambiente se quedan de brazos cruzados y permiten la destrucción de la costa de Granadilla, estarán incumpliendo el mandato del Consejo de Estado a sabiendas de que lo están haciendo y tendrán que asumir las responsabilidades que se derivan de ello”.
Greenpeace también ha pedido información a Fomento y a Medio Ambiente sobre sus actuaciones respecto al presunto caso de corrupción del puerto deportivo de San Andrés, denunciado en un auto del juez Baltasar Garzón.
En ese auto, recuerda Greenpeace, se pide que se investigue el presunto cobro de comisiones por parte del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y del presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor.
La ubicación de ese puerto deportivo “imposibilita cualquier ampliación por el norte del Puerto de Santa Cruz”, que es la “excusa utilizada para justificar la construcción del puerto de Granadilla”, según Greenpeace.
“Una vez destapada la gigantesca trama de corrupción en torno a este proyecto y su implicación con Granadilla, ahora existen realmente 'razones imperiosas de primer orden' para desestimar de una vez este puerto”, según María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
Para la dirigente ecologista, “apoyar Granadilla es apoyar la corrupción y no vamos a consentirlo”.