Intervenir el mercado para fijar precios máximos en los alimentos, ¿es viable para abaratar la cesta de la compra?

Combatir el encarecimiento de la cesta de la compra interviniendo el mercado, limitando precios para los alimentos. El consejero de Hacienda y vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, volvió a traer a colación la iniciativa respaldada previamente por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, que también han apoyado el sindicato Comisiones Obreras o la asociación de consumidores Facua. Frente a esta postura, desde el propio Ejecutivo central se han pronunciado en contra la ministra de Economía, Nadia Calviño, o el ministro de Agricultura, Luis Planas, patronales como la CEOE o representantes de cadenas de supermercados, que estiman que es una medida inviable. En el ámbito regional, preguntado durante una rueda de prensa este 12 de enero, el portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, la considera una decisión “que no es factible con carácter general”; de hecho, reconoció que no cree que esté al alcance de la autonomía, “ni siquiera creo que esté al alcance del Gobierno de España”.

La cesta de la compra en las Islas es la más cara de las últimas dos décadas. El Índice de Precios de Consumo (IPC) de alimentos y bebidas no alcohólicas es un 15,1% más alto que hace un año, aunque ligeramente por debajo de la media nacional (15,3%). Esto se da, además, en unas islas que registran las tasas más altas de pobreza y exclusión social. La inflación que comenzó con las subidas en el precio de la luz y en las gasolineras por el impacto de la invasión rusa de Ucrania se ha extendido a los alimentos y a toda la economía, consolidándose como un problema estructural.

Pero en esta coyuntura internacional, el vicepresidente del Gobierno de Canarias dijo que las causantes de las subidas de precios en la alimentación en las Islas son las grandes superficies, que a su juicio “están abusando” de la inflación y han creado “un mercado trucado” en el que se “están forrando algunos con márgenes del 30 o del 40” por ciento, tal y como declaró durante una entrevista el pasado 3 de enero en Onda Cero.

Como ejemplo, Rodríguez expuso la venta de la leche producida por la ganadería en las Islas, una actividad que ha sufrido con dureza los efectos de la inflación. El incremento del precio en el alimento para los animales por la especulación en el ámbito mundial ha doblado o triplicado los gastos en las explotaciones de las islas, algunas se han visto obligadas a cerrar, otras a endeudarse o sacrificar animales para sobrevivir. Hace casi un año que los ganaderos alzaron la voz para demandar que se les pagara un precio que, al menos, les ayudara a cubrir los gastos que les supone producir leche de cabra, oveja o vaca.

Para ello, demandaron la intervención del Gobierno de Canarias, que en mayo del año pasado organizó un encuentro entre todos los eslabones de la cadena, desde productores a industriales y supermercados, para acordar una subida de los precios progresiva para los ganaderos. Aunque cobran algo más, continúa siendo insuficiente y el Gobierno de Canarias ha habilitado 23,5 millones para mitigar la crisis del subsector.

También el plátano, el producto estrella del agro en las islas, sirve como ejemplo. En 2022, mermado por la pérdida de cultivos en La Palma arrasados o aislados por el volcán, la fruta escaseó en el mercado peninsular. Los precios subieron para los productores, que inusualmente cobraron por encima de 1 euro el kilo y al público llegó a estar a 3,20 euros.

Pero después de verano, la producción volvió a aumentar y, mientras los precios para el agricultor decayeron progresivamente hasta los 31 céntimos a inicios de diciembre, la bajada no repercutió en el consumidor hasta enero porque la distribución mantuvo el margen alto. Este mes, en Península se sitúa en torno a los 2,05 euros el kilo: “Es algo que se debería haber hecho hace dos meses, como mínimo”, declaró a este medio Sergio Cáceres, gerente de Asprocan.

El “problema” son “las grandes superficies”, aseguraba Rodríguez, pues ejercen un “control monopolístico” y “suben los precios cuando les da la gana”. Estas declaraciones generaron el rechazo de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan), que representa a Carrefour, El Corte Inglés y Alcampo. La patronal de empresas de distribución aseguró que en las Islas solo tienen una cuota de mercado del 10%, defendió que las cadenas también han sufrido la escalada de costes y sostuvo que se han ofrecido cestas de la compra más económicas, con productos de marca propia, promociones y descuentos.

“El foco del problema se está poniendo en el margen, pero nadie pone el foco donde verdaderamente está el problema, que es en los costes”, señala Alfredo Medina, secretario general de Asodiscan. Al respecto, ha recordado que el ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado “cada vez que tiene oportunidad”, que el problema es de costes, no de márgenes empresariales, y tratar de plantear una limitación de precios “es inviable”.

“El problema es que los costes se han incrementado. Ahora la inflación está bajando, pero los precios en la alimentación siguen altos y van a tardar meses en bajar. ¿Por qué? Porque ya se han incorporado a los costes todos los incrementos de los proveedores. Entonces, sacar todos esos incrementos de la estructura de costes es muy lento. Siempre dicen que la inflación sube como un cohete y baja como una pluma”, apunta Medina.

Aunque la vicepresidenta segunda del Gobierno de España negoció acciones con super e hipermercados, estableciendo cestas de la compra de productos básicos que no superaran una determinada cantidad, finalmente, en su plan anticrisis, el Ejecutivo central optó por una rebaja del IVA de alimentos básicos al 0% hasta el 3% de junio de este año, que se mantendrá si el IPC subyacente (que excluye energía y los alimentos frescos) no baja del 5,5%. Una medida que no afecta a Canarias, donde el IGIC ya estaba al tipo 0%.

Para Medina, “puede que incluso quitando el IVA a los alimentos, sigan subiendo de precio. ¿Eso es que se están enriqueciendo los distribuidores? No, o no necesariamente. Puede incluso que el distribuidor esté ganando menos que antes del inicio de la inflación. Como el coste al que recibe el producto se ha incrementado tanto, pues el precio sube. No hay otra”. Porque a su juicio, para intervenir en los mercados, “primero hay que ver el encaje legal (…) tendrían que demostrar que las empresas están especulando”, así como prever las consecuencias en los productores, y “no es tan sencillo”.

Pero ¿es viable intervenir en los precios de la alimentación? Consultado por este periódico, el doctor en economía y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Juan Luis Jiménez descarta de primeras que sea una buena medida. “No es una opinión, es que no existe evidencia empírica al respecto. No conozco ningún caso evaluado en ninguna parte del mundo donde los controles de precios que se aplican, en este caso a supermercados, haya generado efectos positivos para la sociedad”, declara.

Jiménez explica que es una medida “muy difícil de implementar” por la complejidad que requeriría definir los productos sujetos a limitaciones de precios, decidir cual es el precio límite o los establecimientos que estarían sujetos a implementarla. Además, recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtió que era ilegal e iba en contra de las leyes de competencia en España. En concreto, el organismo público citó que la Ley de Competencia y el Tratado de funcionamiento de la UE “prohíben expresamente los acuerdos o recomendaciones de fijación de precios u otras condiciones comerciales que restrinjan o falseen la competencia”.

Si bien, el artículo 1.3 de la Ley de Competencias y el 101.3 del TFUE establecen excepciones para poder regular precios. Además, Facua recordó en un comunicado emitido el pasado 27 de diciembre, en el que lamentaba que el Gobierno de España renunciara a intervenir en los precios de los alimentos, que la Ley del Comercio Minorista prevé que el Estado puede fijarlos previa audiencia de los sectores afectados bajo determinados requisitos, como que sean productos de primera necesidad o que sean comercializados en régimen de monopolio o ausencia de competencia.

El doctor y catedrático de Economía Guillem López-Casasnovas ahonda que, de manera general, “es imposible” establecer limitaciones en los precios de los productos con el sistema actual. “Introduciría una economía de planificación centralizada que sería muy difícil de gestionar. Tendría que seguir toda la cadena hasta el final, controlando, por ejemplo, desde los costes del trigo hasta la variedad de pan que haga una panificadora, que puede modificar el precio del pan porque introduce una variedad de trigo nueva. ¿Cómo pones precios a una gama tan diversa? Eso no es lo mismo que hacerlo con gasolina 95, que es un producto homogéneo y muy controlable que se ofrece de un modo oligopolístico, en las gasolineras. O la electricidad. Pero en cosas heterogéneas con una dispensación que no es uniforme es infactible”, detalla.

López-Casasnovas, que ha sido consejero del Banco de España y uno de los autores del Libro Blanco para la Reforma Tributaria, actualmente es presidente del Consejo Asesor en Política Económica de la Generalitat de Catalunya. “Si se quiere actuar por el lado de control de precios, lo puedes justificar por razones coyunturales, porque no queremos hoy en día una economía planificada en la que todos los precios estén controlados”, reitera.

Pero matiza que no se trata de una medida inviable. Es posible establecer topes en los precios, con limitaciones. “Si se quiere aplicar, hay que buscar un bien que sea homogéneo, que tenga una única oferta, que sea controlable y que haga ósmosis al resto de productos, como puede ser en la red eléctrica, en gasolineras o en desalinizadoras, que se puede pensar que es una medida que abarataría el resto de bienes que usa el agua. Pero hacerlo al resto de productos es una discusión que no lleva a ningún sitio”, añade López-Casasnovas.

En cambio, aboga por otro tipo de acciones o mecanismos con los que cuenta el Estado para evitar subidas de precios sin justificación, que no atienden a la inflación o aumento de costes, sino que se manipulan los márgenes y se ejercen prácticas abusivas. En este sentido, recuerda la figura de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que puede sancionar contra estas praxis o de las organizaciones de consumidores, que pueden identificarlas y denunciarlas.

Como ejemplo, expone que antes de la rebaja del IVA a alimentos frescos o de primera necesidad, se produjo un incremento de precios. “¿Las subidas están justificadas por los costes de la inflación? Pues no siempre, porque cuando hay productos de primera necesidad en alimentación que crecen un 15%, no hay detrás una justificación que lo pueda legitimar”, añade. ¿Cual es la acción correspondiente? Que la CNMC compruebe si la subida de precios ha sido consorciada y emita un expediente disciplinario si corresponde.

Además, cita que en Catalunya ya se han empezado a comprobar “cuales no han bajado precios después del IVA”. Al respecto, el ministro Luis Planas ha reconocido este 11 de enero en la Cadena Ser que descarta sanciones para los establecimientos que incumplan con la rebaja del IVA porque estima que el mayor castigo que pueden sufrir es que la propia ciudadanía sepa que no lo aplican.

“Si la autoridad actúa con retraso para sancionar, las asociaciones de consumidores pueden denunciar los abusos y si una empresa tiene comportamientos abusivos, se puede elegir otra y comprar en la que tiene una reputación de sensibilidad a los consumidores más alta. Estas acciones o boicots serán cada vez más importantes, en las que la regulación pública centralizada falle (...) se trata de hacer una oposición ante el abuso dominante que tienen algunos en la fijación de precios y hacer política activa”, subraya López-Casasnovas, dado que tanto las sanciones como las denuncias públicas pueden servir como mecanismos de regulación.