El número de grandes propietarios de viviendas en Canarias se ha duplicado en 15 años

Cuando estalló la crisis financiera de 2008, un nuevo patrón en la compraventa de viviendas emergió en Canarias y en el resto de España. Los domicilios dejaron de ser adquiridos por particulares, quienes habían aprovechado la burbuja inmobiliaria para acumular posesiones, y fueron las personas jurídicas (empresas) las que ocuparon ese vacío. Según datos del Catastro, el número de grandes propietarios en las Islas se ha duplicado en los últimos 15 años.

En 2007, en el Archipiélago había un total de 7.065 actores con un mínimo de 11 bienes inmuebles, la mayoría casas, entre sus pertenencias. Esa cifra en 2022 ha escalado hasta los 16.089, un aumento del 128%, según muestra la estadística de titulares catastrales. Los autores pueden ser personas físicas nacionales o extranjeras, sociedades, entidades sin ánimo de lucro o sin personalidad jurídica, administraciones públicas y entidades extranjeras.

Sin embargo, para los poseedores de menos de cinco bienes, el periodo no ha sido tan boyante. En estos últimos tres lustros, han pasado de ser 647.093 a 1,02 millones, un crecimiento del 52%. Expertos resaltan que se trata de una tendencia global surgida tras la Gran Recesión y que desde entonces la compra de viviendas ha quedado lejos de las familias, pasando a las manos de los grandes propietarios.

“El periodo de mayor compra de viviendas como vehículo de inversión para personas físicas fue antes de la crisis inmobiliaria, cuando había muchos incentivos fiscales y el mercado hipotecario daba créditos de hasta el 100%”, recuerda Eduardo González de Molina, investigador canario asociado en la Universidad de Nueva York y doctorando en Políticas de Vivienda por la Universidad Pompeu Fabra.

Pero llegó el shock económico y “se paró el mercado de crédito, endureciendo su acceso a las familias” y abriendo la puerta aún más a quienes no se cansan de acumular propiedades. “Los grandes propietarios son fundamentalmente personas jurídicas que compran con otras fuentes de financiación (no solo crédito) y que tienen mucha más capacidad de ahorro”, analiza Molina.

Para el experto, se trata de “una tendencia global que los inversores institucionales, sean nacionales o extranjeros, hayan dedicado su liquidez a la compra de activos seguros como el residencial, porque ofrece buena rentabilidad y poco riesgo”. “Además”, continúa Molina, “mientras que los incentivos fiscales para la compra por parte de personas físicas se han ido acabando, para personas jurídicas han crecido mucho”.

Un estudio del portal Fotocasa sitúa la rentabilidad de adquirir un piso en el Archipiélago en un 7,2%, por encima de la media española (6,9). Hace 10 años, el valor era del 4,6%. María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa, argumenta que “la inversión en activos inmobiliarios se ha vuelto un amparo de cara a la incertidumbre causada por la guerra en Ucrania” y la inflación, anunciando la llegada de un nuevo boom inmobiliario.

Otra investigación, esta vez publicada en la Revista Latinoamericana de estudios urbanos regionales, se centra en el acopio de domicilios por parte de los bancos en Cataluña, donde el número de grandes propietarios ha subido un 128,48% desde 2007. Allí, concluyen los expertos, las entidades bancarias “han podido reorganizar sus estrategias de acumulación por medio de la desposesión de viviendas de muchas familias, el trasvase de la deuda bancaria al sector público, las subvenciones directas y los fondos públicos”.

“Este fenómeno es de tal magnitud que los bancos poseen actualmente más viviendas que la suma de todo el parque de titularidad pública dedicada al alquiler asequible”, destacan los investigadores, “lo que permite proyectar su papel clave en el siguiente ciclo potencial”, como el que podría estar ocurriendo en estos momentos.

Por su parte, Maite Arrondo, consultora en Innovación en Políticas de Vivienda que trabaja para el Instituto de Vivienda y Rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, ahonda en esta idea y apunta que consultoras inmobiliarias ya están advirtiendo de la notoria influencia que tendrán los grandes tenedores privados en los próximos años. “Es tendencia europea, pero con especial incidencia en España”, añade la experta.

En el Archipiélago, el porcentaje de grandes propietarios apenas alcanza el 1,49% del total de titulares catastrales en la comunidad. No obstante, se trata del segundo dato más alto de toda España, solo por detrás de otra región turística, las Islas Baleares (1,57).

“La vivienda en Canarias es un importante bien de inversión. El metro cuadrado en las Islas es de los más caros”, reflexiona Ángel Lobo, doctor en Derecho Administrativo por la Universidad de La Laguna. “Se produce el hecho de que en las Islas existe gente con rentas muy bajas, y sin embargo también tenemos a personas con mucho dinero (…) que incrementan su patrimonio comprando pisos que después alquilan, sobre todo en régimen turístico”.

La Ley de Vivienda, acordada en febrero de este año por el Gobierno nacional pero aún sin ser aprobada en el Congreso de los Diputados, limita el precio de los alquileres que podrán percibir los grandes tenedores que sean personas jurídicas en las llamadas zonas tensionadas, aquellas donde resulte muy difícil acceder a un domicilio, como es el caso de Canarias.

Esa regulación se hará a partir de un sistema de índices de precios de referencia que, de momento, no está creado. El Ejecutivo se da un plazo de 18 meses desde la aprobación definitiva de la ley para ponerse con ello. Está por ver si PSOE y Unidas Podemos desencallarán la norma antes de finalizar este año.