El Partido Popular rechazó este martes en el Congreso de los Diputados la iniciativa del PSOE instando al Gobierno a “no fijar cuantías máximas bonificables” en las subvenciones del 50% al transporte marítimo y aéreo de los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
Si bien la materia será tratada este miércoles en un encuentro en Madrid entre la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el socialista Sebastián Franquis reclamó repetidamente a los miembros del PP respaldar la propuesta “si quieren trasladar a la opinión pública que es falso” que se quieran reducir dichas subvenciones. Algo que no ocurrió.
En este sentido, Franquis recordó que en la Ley de Presupuestos de 2013 se incluyó una Disposición Adicional facultando a la ministra a establecer cuantías máximas subvencionables e insistió en que la negativa del PP a respaldar la propuesta socialista “evidencia que ustedes no pueden garantizar las subvenciones mediante un compromiso de esta Cámara”
Si bien el PP presentó un texto alternativo al socialista, en él sólo se instaba al Gobierno a “seguir trabajando para reforzar la cohesión” y la conectividad con la Península a través, entre otras medidas, de “la mejora continua del sistema de bonificaciones al residente”. El PSOE lo consideró claramente insuficiente y no lo tomó en consideración.
“Lo que ustedes han presentado es más de los mismo”, espetó Franquis en ese sentido a la diputada del PP por Las Palmas Matilde Asián, encargada de defender la posición de su grupo, antes de referirse, sin estar presente, al ministro Jose Manuel Soria, para instarle a que “defienda este asunto con la misma intensidad que defiende en Canarias a las multinacionales petroleras”.
En su intervención Asián dijo que la ministra “ha ratificado su compromiso con las subvenciones en sede parlamentaria en numerosas ocasiones”, al tiempo que argumentó que la imposición del certificado de residencia ha supuesto,. sólo en tres meses, un ahorro de 9 millones.
Además subrayó que el Gobierno de Canarias debe 28 millones a las dos compañías marítimas que operan con El Hierro, lo que está ocasionando que el servicio corra el riesgo de dejar de prestarse.