El Gobierno de Canarias aprobó la propuesta del consejero de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernández, de solicitar un dictamen del Consejo Consultivo sobre el proyecto de Decreto por el que se desarrolla el Régimen Especial de Prestación de los Transportes Marítimos Regulares, es decir, las obligaciones de servicio público que se prestarán en las Islas a partir de la aprobación de este documento, según informa en una nota el Ejecutivo regional.
Este decreto tiene por objeto “desarrollar el régimen especial, mediante la identificación de las líneas que satisfacen las necesidades básicas de comunicación y la fijación de sus condiciones mínimas de prestación, el desarrollo del régimen de aplicación de obligaciones de servicio público y sujeción a autorización previa, y la regulación de los contratos de obligación de servicio público, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de Canarias”.
Esta Ley -continúa la nota- “contempla los instrumentos que pueden ser empleados en caso de insuficiencia del mercado para atender las necesidades básicas de comunicación marítima del archipiélago, de acuerdo con las posibilidades y límites que establece la normativa comunitaria”. Así el Gobierno regional determinará las líneas de transporte marítimo que atienden necesidades básicas de comunicación de las islas y establecimiento de las condiciones mínimas de regularidad, frecuencia, capacidad y precios de referencia; evaluación de la suficiencia o insuficiencia del mercado con respecto a esas necesidades en cada una de las líneas.
De esta forma, en caso de insuficiencia, se establecerán las condiciones mínimas como obligaciones de servicio público de la línea correspondiente y estará sujeta a la prestación a un régimen de autorización administrativa previa, cuya revisión será periódica. Si ninguna compañía accediera a prestar el servicio se convocaría un contrato de obligación de servicio público.
En caso de insuficiencia del mercado para atender las condiciones mínimas de una línea determinada, la Consejería de Obras Públicas y Transportes, podría imponer “obligaciones de servicio público” y someter su prestación a un régimen de autorización administrativa previa con el fin de asegurar “la suficiencia del transporte regular en relación con las necesidades básicas aprobadas”.
No obstante, de acuerdo con las circunstancias particulares que puedan concurrir en la línea afectada, “la citada consejería podrá concretar, ajustar o ampliar las obligaciones de servicio público establecidas en este decreto, siempre referidas a la regularidad, continuidad, frecuencia, puertos a los que se deba prestar el servicio”. Si se declara la situación de insuficiencia en una línea determinada, “la decisión de someter el transporte a un régimen de autorización previa se adoptará previa audiencia de los interesados, entre ellos los armadores que vinieran operando en la línea afectada y los consejos de usuarios de las islas afectadas”, finaliza la nota.