Sindicatos docentes, asociaciones de estudiantes, colectivos sociales y particulares reclamarán al Gobierno de Canarias elevar el año próximo hasta el 4 % del Producto Interior Bruto (PIB) de las islas la inversión en educación, que afirman que ha ido en retroceso en los últimos tiempos.
Incrementar en 266 millones de euros y en medio punto el gasto en enseñanza actual, que equivale al 3,52 % del PIB regional y asciende a unos 1.600 millones de euros, es el objetivo de los promotores de la iniciativa, que entienden que atender a su reclamación es una obligación del Ejecutivo en virtud de la Ley Canaria de Educación, que sostienen “no se ha cumplido en absoluto” en materia financiera.
Ya que dicha norma, aprobada por el Parlamento en 2016 tras una iniciativa legislativa popular que empezó a promoverse en 2010 y fue respaldada por 35.000 firmantes, más del doble de los que se necesitan para que una propuesta de ese tipo se admita a trámite, establece que la inversión en educación deberá alcanzar el 5 % del PIB en 2022, según han asegurado este martes al presentar su demanda.
Una reivindicación que han plasmado en un manifiesto que pretenden que apoye el mayor número posible de ciudadanos a través de una recogida de firmas que arrancó dos semanas atrás y a la que han respondido ya más de 1.500 personas, de acuerdo a datos facilitados por la portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias Yanira Troya.
En una rueda de prensa donde ha comparecido junto a otros representantes de la que han denominado Campaña ¡Por un 4 % para Educación ya!, la sindicalista ha subrayado, además, que entre esos primeros firmantes del documento hay “muchas personas significadas de la sociedad canaria”.
El exconsejero del Gobierno Autónomo Antonio González Viéitez, el expresidente del Consejo Económico y Social Fernando Redondo, el exrector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Manuel Lobo, dirigentes o cargos públicos del PSOE, de Nueva Canarias y de Podemos y hasta el timplista Germán López son algunas de ellas, ha enumerado Yanira Troya.
La cual ha avanzado que la recogida de firmas se intensificará a partir de hoy, en el marco de un conjunto de acciones que irán desde la difusión del manifiesto en centros de enseñanza buscando el respaldo de alumnos, padres, profesores y demás personal o la invitación a sumarse a él a otras organizaciones sindicales hasta una ronda de contactos con los grupos del Parlamento.
Puesto que su idea es que, si el Ejecutivo de Coalición Canaria (CC) no atiende sus reclamaciones, los restantes partidos presentes en la Cámara regional se avengan a forzarlo a que lo haga.
Para ello cuentan con la circunstancia de que CC está “en franca minoría en el Parlamento”, por lo que las fuerzas de la oposición tendrían capacidad para imponer la iniciativa con sus votos si se unieran para hacerlo, según ha recalcado otro de sus portavoces, el periodista Enrique Bethencourt, que ha opinado que, de hecho, es probable que haya que recurrir a esa opción.
“Porque no vemos voluntad política por parte del Gobierno actual” para aumentar el gasto educativo, ha sostenido.
Además, los promotores de la campaña no descartan acudir a las movilizaciones para insistir en su exigencia, según ha advertido otro de ellos, el docente Juan Luis Talavera, que participó en el movimiento que llevó a aprobar la Ley Canaria de Educación.
“Estamos dispuestos a volver a tomar las calles para que sea atendida esta petición, que es justa y es una obligación legal del Gobierno”, ha declarado al respecto.
Y tanto él como Enrique Bethencourt han planteado que subir la inversión en enseñanza en 2018 ha de ser también una prioridad en el archipiélago en un momento en el que se insiste en que se consolida la recuperación económica para compensar el recorte que se hizo con la justificación de la crisis, que llevó a que ese gasto, que había superado ligeramente el 4 % del PIB en 2008, volviera a reducirse.