BRUSELAS, 23 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha presentado una nueva propuesta de compromiso sobre el presupuesto de la UE para el periodo 2014-2020 que mantiene el recorte global de 80.000 millones de euros respecto al plan original de la Comisión, pero mejora las ayudas agrícolas y regionales a costa de reducir la inversión en I+D e infraestructuras.
La propuesta pretende contentar a España, Francia y los países del este y centro, que consideraban inaceptable el plan anterior por imponer recortes excesivos a los fondos estructurales y la política agrícola común. En contraste, molestará a países como Suecia, Dinamarca u Holanda, que reclaman modernizar el presupuesto comunitario y reducir las ayudas agrícolas.
En concreto, Van Rompuy propone incrementar en 11.000 millones de euros las ayudas regionales y en 7.700 millones de euros las subvenciones agrícolas. En contraste, los fondos destinados a mejorar la competitividad de la economía europea se reducirán en 13.100 millones de euros, de los cuales 5.000 millones corresponden a infraestructuras de transporte, según han explicado fuentes diplomáticas.
La nueva oferta no incluye ningún recorte en gasto administrativo y salarios de los funcionarios, lo que indica que Van Rompuy se guarda esta partida como última carta para la negociación. En particular, el primer ministro británico, David Cameron, le ha reclamado disminuciones en esta partida de entre el 25% y el 30%, en línea con los aplicados en Reino Unido.
El presidente del Consejo Europeo ha entregado a los líderes de los Veintisiete su nueva oferta a medianoche tras una larga jornada de negociaciones bilaterales. A continuación, ha suspendido la reunión para que los líderes hagan cuentas y la retomará a mediodía.
La primera jornada de la cumbre ha puesto de relieve la batalla entre los países contribuyentes netos a las arcas comunitarias, liderados por Reino Unido, que reclaman recortes adicionales en línea con la política de austeridad que se exige a los Estados miembros, y los beneficiarios de las ayudas comunitarias, como España, que piden mantener las inversiones.