Una nueva asociación cívica pretende velar por los intereses de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. Conformada desde febrero, estos últimos meses ha salido a la luz mostrándose más reivindicativa con temas que afectan al Ayuntamiento, especialmente con la empresa mixta de aguas de la ciudad, Emalsa.
Su portavoz, Óscar Bermejo, trabajó muy ligado a la intervención realizada en el anterior mandato junto a Rafael Bolívar y conoce de primera mano los informes que se realizaron y que concluían que esta empresa “no defiende” el interés general. No obstante, insiste en que su asociación, compuesta por 22 personas, no perteneces a ningún color político y que, aunque Emalsa está siendo el principal foco de atención, no descuidarán otros temas como la gestión de residuos o proyectos tan importantes para la capital grancanaria, como la guagua exprés.
P. La asociación El sol sale para todos, ¿con qué objetivo se crea?
R. Lo que reivindicamos es la política ciudadana, aristotélica, la política con mayúsculas. Nos definimos como una asociación cívica que entiende que hay que vigilar el funcionamiento de los servicios públicos y esos servicios de una manera creciente están prestados en régimen de concesión por compañías privadas y la función de supervisión, de control que tiene la administración, entendemos que en muchas ocasiones no se ejerce con el rigor con la seriedad necesaria. Entonces, nos parece que por nuestras experiencia profesional, una asociación de este tipo puede ser útil en una ciudad como la nuestra, máxime por una experiencia muy reciente que es la que marca un poco las reflexiones que nos han llevado a constituir la asociación, que es lógicamente lo relacionado con Emalsa.
P. ¿Quiénes la conforman?
En la junta directiva hay otra persona y yo. Yo no soy funcionario y él sí, José Jiménez que fue ocho años diputado del PP y es Ingeniero de Caminos, especialista en aguas. Hay otras dos personas del mundo del agua, pero también hay médicos; abogados; farmacéuticos; profesores de universidad de economía; empresarios… un poco de todo, bien es cierto que el perfil grueso son los cincuentones con experiencia profesional muy diversa. En total, somos 21 socios ahora mismo. Hay variedad, por lo que los debates son bastante ricos.
Usted defiende que la asociación no está ligada a ningún partido, pero hay quiénes piensan lo contrario...
Que vean lo que hacemos. Con esas cosas, ¿para qué hablar? Si coincidimos con unos o con otros en algún momento del camino, pues estupendo. Me parece más razonable.
¿Cómo funcionan?
Nosotros nos estamos basando en la Ley canaria de transparencia y al amparo de esa Ley hemos solicitado informaciones muy distintas sobre agua, transporte y telecomunicaciones al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Cuáles son los primeros pasos que van a dar?
Solicitar información para estudiarla y crear grupos de trabajo. Solicitar el apoyo o el concurso de personas conocedoras de la materia. Por nuestras ocupaciones profesionales sabemos quién sabe de residuos, de energía... a esos ciudadanos les pediremos que nos echen una mano, que nos comenten esa información, que nos digan qué documentación es más relevante. El objetivo es que las administraciones se acostumbren a predicar con el ejemplo y pongan en valor la participación ciudadana que dicen fomentar.
¿Y les han contestado?, ¿funciona bien esta herramienta?
No nos han contestado a ninguna de las solicitudes. Ha pasado el plazo de un mes que da la Ley y hemos presentado nuestras alegaciones al comisionado de transparencia del Gobierno de Canarias preguntándoles qué ocurre, para qué está esta Ley.
¿Por qué se centrarán en Emalsa?
No nos centramos en Emalsa, es que en estos momentos a muchos nos parece que es el expediente político más importante que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Lo conocemos bien, entendemos que está en peligro o que no está suficientemente defendido el interés general, a la luz de la posición que ejerció el primer grupo municipal desde el primer día. Desde ahí, lógicamente hemos hecho más cuestiones con relación al agua. Pero no sólo nos centramos en esto, ya hemos solicitado también documentación en relación al transporte público o a telecomunicaciones, que son otros dos campos de actuación junto con energía y residuos que nos hemos marcado. Próximamente, queremos entrar en la cuestión de los residuos, en la ciudad y en la Isla, aunque nuestro principio de actuación no es sólo la Isla sino el Archipiélago.
¿Les genera desconfianza el Gobierno municipal?
No, no en absoluto. Lo único es que su comportamiento en la cuestión de Emalsa no nos convence. Entendemos que no defiende correctamente el interés general. En otras materias no sabemos. Un mundo interesante será también los transportes y los residuos.
En tema de transportes, ¿También pedirán información sobre la guagua exprés, por ejemplo?guagua exprés,
La guagua exprés es un asunto muy importante porque son dos cosas. Estamos hablando de un proyecto de 100 millones de euros, 50 millones en principio se les ha solicitado y hay que buscar otros 50 millones de euros. Esto tiene dos elementos: va a cambiar la fisionomía de la ciudad y creemos que sería bueno un amplio debate ciudadano y, por otro lado, 100 millones de euros no es baladí. Estamos hablando de que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene un presupuesto de 300 y pico millones de euros. 100 millones de euros es mucho dinero, si nosotros lo que decimos es “vamos a hablar, pero con herramientas”. Las administraciones tienen que facilitar la información porque si no, nos encontramos mucha propaganda pero poca participación.
La asociación ha criticado que el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta los últimos informes del interventor Rafael Bolívar, pero sí el informe de la consultora KPMG.
No lo entendemos, no nos cabe en la cabeza. El de KPMG no podemos opinar sobre él, lo hemos pedido pero no hemos podido verlo. Lo que sí conocemos son los cinco informes del interventor, porque yo era el secretario técnico de la intervención y era un poco entre comillas el chico para todo de Rafael Bolívar (el interventor). No sólo no nos lo han facilitado a nosotros sino a ningún miembro de la oposición.
Estuviste presente en la elaboración de esos informes, los conoces de primera mano…
A ver, en las cosas en las que participio me resulta muy difícil opinar, pero se hizo un trabajo muy bueno. Aunque claro, es mi opinión. Lo cierto es que nosotros no entendimos que la junta de gobierno de la ciudad creara una comisión para negociar con Emalsa sobre la base única y exclusivamente de los informes de KPMG y obviando absolutamente los informes del interventor.
Tantos informes del interventor, más este otro de KPMG también es un dinero que le supone al Ayuntamiento…
Sí, es un dinero. Yo no sé al final lo que el informe KPMG ha costado al Ayuntamiento, pero el resto de la intervención tampoco fue mucho dinero teniendo en cuenta que aquí estamos hablando de más de 50 millones de euros al año con 27 años de concesión por delante. Se trata de un negocio de más de 1500 millones de euros. No me parece que 200.000 euros que se le dieron al interventor sea una cuantía muy importante.
¿Pero era necesario pedir otro informe, además de los del interventor?
Lo pidió Emalsa…
Según explicó el actual alcalde lo pidió la anterior Corporación…
Eso no lo sabemos en tanto o en cuanto no conozcamos el informe. Efectivamente, la anterior Corporación se le instó a la firma de un contrato con KPMG que superaba la cuantía de la intervención, pero no sabemos. Hablar de documentos que no conocemos me resulta temerario.
Una reciente publicación en Canarias 7 asegura que usted cobró hasta 33.000 euros por asesorar Bolívar. ¿Qué tiene que decir sobre ello?¿Cómo justifica este cobro?
Sin comentarios. No tiene ningún sentido.
¿Por qué ha salido a la luz? ¿Cree que para perjudicarle?
Tal vez.
¿Le sorprendió?
Bueno… no del todo.
¿Qué le pareció que los miembros del gobierno municipal se abstuvieran cuando los socios privados de Emalsa se querellaron contra el exinterventor Rafael Bolívar?
Indignante. En su momento los cuatro miembros de la Corporación que están en el consejo de administración de Emalsa, en virtud de un informe que encargó Emalsa avalaron con su abstención, es decir, no defendieron al funcionario. Es más, el alcalde se permitió decir que igual había que sancionar al interventor.
Usted ha sido crítico con el tripartito, especialmente en su decisión de no recurrir la sentencia que le obliga a pagar 6,6 millones por el saneamiento. ¿Había otra opción?la sentencia que le obliga a pagar 6,6 millones por el saneamiento.
Eso es insólito para cualquiera que conozca las administraciones públicas. No lo podemos comprender, máxime porque para esa sentencia condenatoria no se tuvieron en cuenta cerca de 1.000 folios, no sé exactamente la cuantía, pero sí numerosos documentos que hizo llegar el entonces jefe de la unidad técnica al letrado que defendía el procedimiento y el letrado los incorporó tarde. Hubo una ventana de cinco días donde esos informes que estaban incorporados al procedimiento tenían días para recurrir solamente en virtud de esa nueva documentación.
Pero el alcalde asegura que no recurrieron para no incrementar los costes ….
Esto no se explica de ninguna manera. Para cualquier persona que esté en la política y tenga unos mínimos conocimientos de derecho, no es explicable el comportamiento del letrado municipal y mucho menos de la junta de gobierno.
Recientemente, han denunciado que el gobierno municipal paga el doble de lo que el juez le obliga por el alcantarillado. ¿Qué dice exactamente la sentencia?
Emalsa pide derecho a cobrar presentando una factura y derecho a cobrar 6,6 millones de euros por las facturas desde enero de 2013 a abril de 2014, que se condena al Ayuntamiento a pagar. La sentencia dice que Emalsa tiene derecho a cobrar desde enero de 2013 a abril de 2014 y que pague el Ayuntamiento 6,6 millones, pero también dice que Emalsa no tiene derecho a cobrar con ese papelito. Esa demanda de Emalsa, el primer elemento no lo acepta. Con lo cual el Ayuntamiento debe pagar 6,6 millones y no 14,5. Ese dinero se lo sacan ahora del cajón alegando que como hay otro procedimiento y van a volver a condenar... Pero no se entiende que en la defensa que hizo de los intereses municipales no se llamara a ningún testigo, que no se llamara al interventor, al anterior jefe de servicio del grupo de trabajo sobre Emalsa que se creó en el Ayuntamiento. Hombre, por favor, en qué cabeza cabe.
La defensa del Ayuntamiento ¿quizás fue débil en este sentido?
Me abstengo de pronunciarme.
Han solicitado personarse como acusación pública en el proceso contra los 15 directivos de Emalsa. Se trata de un tema que se ha ido dilatando en el tiempo y que la ciudadanía no conoce bien qué camino lleva, ¿en qué punto se encuentra esta causa ahora mismo?
Sabemos que contamos con el informe favorable de Fiscalía y ahora estamos esperando a que se nos acepte la personación y hay que ser prudente. Efectivamente, entiendo que la ciudadanía se haya perdido.
Hay un procedimiento abierto contra 15 directivos administradores y antiguos directores generales de Emalsa pertenecientes a la parte privada del accionariado por un conjunto de delitos económicos. Ese procedimiento judicial está abierto desde 2013 y se han podido cometer un conjunto de delitos de índole económica. Ese procedimiento va lento, como buena parte de los procedimientos judiciales. Ha habido una prueba pericial de índole económico que ha tardado tiempo en sustanciarse en ese procedimiento. Nosotros nos hemos querido personar en el antiguo procedimiento, qué pasa aquí por tener de nuevo otros ojos, por entender que cuatro ojos ven mejor que dos. Y ver qué pasa con la asesoría municipal, ese es otro de los pasos que hemos dado.
Hay muchas irregularidades especialmente con Sercanarias. irregularidades especialmente con SercanariasDe hecho, el Ayuntamiento les ha vetado para el próximo concurso de saneamiento. Sin embargo, no ha habido ninguna novedad al respecto ¿ustedes han preguntado por esto?
Yo de verdad es que con esa historia lo que hay son dimes y diretes, pero información fehaciente no hay ninguna. Hay un marco legislativo y por qué se veta a Sercanarias, porque no les guste, hay mucho rumor. A día de hoy, está prestando los servicios, hasta cuándo, no lo sé.
Nosotros no somos una asociación antiEmalsa, estamos en este procedimiento porque el transcurso del trabajo de algunos es el que nos ha hecho reflexionar sobre cómo se prestan los servicios públicos, pero fundamentalmente por cómo se vigilan las administraciones. Nuestra vocación es ayudar a las administraciones y ser un ojo más. Pero vuelvo a repetir: no somos una asociación de consumidores, sino más bien desde una perspectiva de los pliegos administrativos son correctos, si la información que se da es correcta, responde a la Ley, a la legislación vigente lo que se hace, un poco ese es nuestro papel, hacer un poquito de pepito grillo de las administraciones públicas a la hora de que no sean muy complacientes.
¿Ustedes qué mecanismos van a utilizar para llegar a la gente?
Nuestra intención es hacer jornadas. Empezar a poner en marcha herramientas de redes sociales y celebrar conferencias específicas… poco a poco veremos.
Nosotros como te adelanté no habíamos querido salir hasta que tuviéramos una realidad detrás. Animamos a la gente que quiera a colaborar con nosotros en este proceso.
¿No cree que otros gobiernos anteriores también han tenido culpa de la “mala” gestión de Emalsa?
Aquí hay responsabilidades desde 1991 de todos y cada uno de los gobiernos municipales, mayores o menores. Lo que sí es cierto es que el mayor control que se ha producido en Emalsa en toda la historia se produjo con la anterior Corporación. Eso también es cierto. ¿El por qué? Ni idea. Pero Juan José Cardona denuncia en Fiscalía y el 15 de mayo de 2013 decide que se haga una intervención que es un estudio en profundidad de la situación de Emalsa en esos momentos. Aquí hay responsabilidades de todos desde el 1991 en la época del timesharing. En 1998 se firman los contratos de saneamiento de alguna manera, pero creo que todos han hecho una dejación de funciones. Todos. No se trata aquí de echarle flores al señor Cardona, pero al menos en su Corporación se intentó hacer algo.
Esos informes, al igual que uno anterior, es muy importante en virtud del cual el jefe de aguas decide no pagar las facturas de saneamiento. Se trata de un trabajo muy bonito y completo conocido como APHD. Un documento del primer trimestre de 2013 de ocho altos funcionarios donde dice que el contrato es absolutamente leonino y que Emalsa tiene la sartén por el mango y que eso no puede continuar así y que la prestación de servicios deja mucho que desear.
En virtud de ese informe se deja de pagar el saneamiento, pero ¿eso se podría hacer?
El jefe de servicios de aguas del momento contó con el visto bueno de los servicios jurídicos. Esto se podía haber puesto de manifiesto en el juicio. Con mucha contundencia y documentación.