El candidato al Cabildo de XTf (Izquierda Unida, Los Verdes y Socialistas por Tenerife), Ramón Trujillo, ha censurado la “minoría de edad moral” de Coalición Canaria al incluir a Miguel Zerolo en su lista al Parlamento para que siga aforado y hacer que sea juzgado por el caso Las Teresitas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en cuya composición, según Trujillo, han influido los partidos políticos representados en la Cámara autonómica.
A través de una nota de prensa, Ramón Trujillo ha tildado de “inaceptable” el “blindaje legal” que da CC a Zerolo, quien -recordó- “ocultó la tasación de la arquitecta municipal, que valoraba el frente de Las Teresitas en 3.200 millones de las antiguas pesetas, y pagó más de 8.000 millones por tal frente basándose en valoraciones cuestionadas por el Banco de España y dando lugar a que el Tribunal Supremo anulara una compraventa ilegal y perjudicial para las arcas públicas”.
El candidato de XTf ha considerado que CC “degrada las instituciones con su conducta de connivencia con actos que en un estado democrático digno de tal nombre debían recibir una contundente sanción legal”.
Para Trujillo, “la corrupción consiste en instrumentalizar las instituciones públicas para lograr el lucro privado a costa del interés general, conducta que puede estar perseguida por la ley o ser tolerada por la legislación”. En su opinión, “si el poder del dinero sigue interfiriendo en la política, si los adinerados siguen financiando partidos y dirigentes políticos, estos últimos irán convirtiendo en ley lo que debiera ser delito”.
“Iremos viendo con normalidad realidades como la del Parque Marítimo santacrucero, cuyos costes de construcción pagamos los ciudadanos y cuyos beneficios económicos han sido asumidos por empresarios favorecidos por el poder que, incluso cuando los gestionan pésimamente, privan a la ciudad de tales instalaciones y las deterioran, son reparadas con dinero público para, con posterioridad, volver a entregarlas a otro empresario para que se lleve los beneficios”. Para el candidato de XTf al Cabildo, tal asignación de las pérdidas al erario público y de los beneficios a un particular “es algo que, quepa o no en la legalidad, debiera entenderse como corrupción”.