BUENOS AIRES, 18 (EUROPA PRESS)
La supuesta trama de espionaje de la Policía de Buenos Aires que investiga la Justicia argentina vivió este martes una vuelta de tuerca al elevarse a las altas esferas, después de que el juez encargado del caso reconociese que la presidenta Cristina Fernández y su marido, el ex mandatario Néstor Kirchner, podrían haber sido víctimas de estas investigaciones.
El juez federal Norberto Oyarbide destapó este martes por la el jueves las especulaciones al reconocer, no sin cautela, que durante las pesquisas realizadas en los últimos días “habría datos personales de la presidenta y de su esposo”. Se refería de esta forma a los datos encontrados en un ordenador del ex jefe de la Policía Metropolitana Jorfe 'Fino' Palacios.
La información estaba contenida en una carpeta denominada 'Osvaldo' y que pertenecería al hasta el martes jefe policial, Osvaldo Chamorro, que renunció poco después al cargo. El material informático contenía datos de investigaciones sobre distintos representantes políticos, entre ellos del jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
El propio Rodríguez Larreta y el ministro de Seguridad de la capital, Guillermo Montenegro, anunciaron en público la destitución de Chamorro, que recopiló información de forma legal pero “fuera de contexto”, según informaciones de los medios locales. Esta situación, a juicio de Montenegro, es “por lo menos grave”.
El escándalo salió a la luz pública el mes pasado después que se destapase las presuntas escuchas que Palacios habría ordenado sobre familiares de víctimas del atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelí (AMIA) en el que murieron 85 personas.
UN DETENIDO
La última repercusión llegó ya de noche en forma de detención, la de Jorge 'Fino' Palacios, que se presentó ante la justicia por su propio pie para prestar declaración y colaborar en las investigaciones. La Fiscalía había pedido previamente su arresto, lo que motivó la entrega voluntaria.
El juez le tomará declaración este miércoles miércoles, previsiblemente, por haber “ordenado, implementado y supervisado” escuchas telefónicas irregulares, como señaló el fiscal. Sobre el ex dirigente policial podrían caer cargos de violación a la intimidad mediante intrusión telefónica agravada, abuso de autoridad y partícipe necesario de los delitos de falsificación de documentos públicos.